VIVA VENEZUELA LIBRE!!!!!!

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EL FUTURO EN LA CALLE!

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En homenaje a nuestros héroes caídos y a nuestros presos políticos!!!

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martes, 9 de septiembre de 2014

CONSTANCIA, sobre entrega Santista de jóvenes de Vnzla a la dictadura e Maduro

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Por: José Obdulio Gaviria, firmada por la bancada del Centro Democrático 

En 1938, ante la avalancha de ciudadanos que huían de los regímenes genocidas de Alemania y la Unión Soviética, las democracias del mundo concibieron el principio del “non refoulement”, o derecho a la no devolución: se prohibió devolver a un individuo a un territorio en el que su vida o libertad corra peligro.

Una nutrida legislación internacional, que ya fue adoptada por nuestra legislación interna y que se resume en el artículo de 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, establece:

“1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

Las autoridades colombianas no respetaron ese principio. La semana pasada, con el peregrino argumento de su peligrosidad para la seguridad del Estado colombiano -o el venezolano, la resolución de expulsión no lo precisa-, se capturó a los jóvenes opositores venezolanos Lorent Gómez Saleh y Gabriel Vallés para entregarlos en el término de la distancia a unas autoridades venezolanas que los esperaban como fieras dispuestas para la venganza.

No se les ofreció a las jóvenes víctimas de ese atropello, alternativas como el asilo en nuestro territorio o el envío a otro país dispuesto a acogerlos, tal como lo ordena la ley internacional.

Las principales organizaciones de los derechos humanos de Venezuela, entre ellas el Foro Penal Venezolano y el Programa Venezolano de Acción en Derechos Humanos (Provea), han denunciado la sistemática violación del derecho a la manifestación pública, el uso excesivo de la fuerza y violaciones a la integridad personal, las detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, violaciones a la libertad de expresión y ataques a periodistas, los ataques a civiles en áreas residenciales y fallecimiento de personas en el contexto de las manifestaciones públicas.

Luchar por disfrutar de esos derechos es el delito del que se acusa a los jóvenes opositores y, parece, el gobierno colombiano comparte esa antidemocrática calificación de la dictadura venezolana.

El gobierno del presidente Santos, con su arbitraria actuación, violó las leyes y convenios internacionales y rompió con nuestra centenaria tradición democrática de solidaridad y asilo a los perseguidos políticos.

Colombia, el país que acogió y refugió a Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, José María Velasco Ibarra, Alan García, Victor Raul Haya de la Torre y a centenares de perseguidos por las dictaduras militares, hoy, entrega encubierta y subrepticiamente, a los jóvenes venezolanos que protesten para que se les capture, procese y condene arbitrariamente.

Protestamos por la arbitrariedad cometida. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y con los luchadores de la perseguida oposición venezolana y anunciamos que el Centro Democrático ha presentando una proposición para citar a un debate de control político a los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, a fin de que expliquen las circunstancias en las que se desenvolvió ese hecho lamentable para la democracia en América.







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