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Las FARC-EP lamentamos profundamente el trágico desenlace del demencial intento de rescate ordenado por el gobierno colombiano el día 26 de noviembre en el departamento del Caquetá. Al tiempo que extendemos nuestro sentimiento de pesar a las familias del sargento Libio José Martínez, el coronel Edgar Yezid Duarte, el mayor Elkin Hernández y el intendente Álvaro Moreno, denunciamos ante la opinión nacional y mundial que tal hecho obedeció al afán del Presidente Santos y el alto mando militar por impedir su inminente liberación unilateral.
La senadora Piedad Córdoba y el prestante grupo de personalidades femeninas de todo el mundo que nos lo solicitara así en misiva que se hizo pública y fue recibida por nosotros en agosto de 2011, podrán dar fe de la respuesta afirmativa a su petición en carta cuyo contenido ya había sido aprobado por el Secretariado en vida del Camarada Alfonso Cano y anexamos a la presente. La necesaria discreción que los contactos encaminados a posibilitar materialmente esa entrega, fue acompañada de la orden de traslado de los prisioneros de guerra al posible sitio que se indicaría en su momento. La comunicación pública estaba a punto de producirse.
La muerte en combate del Camarada Alfonso Cano no podía frustrar nuestro propósito de propiciar la concreción de un acuerdo de canje de prisioneros de guerra, tal y como él lo concebía. Correos en ese sentido reposaban en los archivos tomados por el Ejército tras dicha operación. Es evidente que tras hacerse a la información, el gobierno nacional y el alto mando militar tomaron la determinación de frustrar la gestión humanitaria y sus posibles efectos. Los resultados están a la vista. El alud de imputaciones contra nosotros no basta para encubrir la felonía de Juan Manuel Santos.
Catorce años no fueron suficientes para que la oligarquía colombiana se condoliera un instante por la suerte de los soldados y policías que entregan su vida, su integridad o su libertad por defenderles sus inmensas fortunas. Cerca de ochocientos guerrilleros revolucionarios y más de siete mil quinientos luchadores sociales, son sometidos a infamantes tratos en las mazmorras del régimen y del imperio. Dialogar sobre un acuerdo que permita el canje de prisioneros y abra las compuertas a la paz es una necesidad histórica por la que clama Colombia.
Montañas de Colombia, 28 de noviembre de 2011
CARTA ABIERTA
Piedad Córdoba
Colombianas y colombianos por la paz, Lucía Topolanski Senadora de Uruguay, Jody Williams Premio Nobel de Paz 1997,Elena Poniatowska Amor Escritora mexicana, Alice Williams Escritora afroamericana y feminista. Premio Pulitzer a la obra de ficción en 1983 por la novela El color púrpura, Mirta Baravalle Presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo, Isabel Allende Escritora y Senadora Chilena, Danielle Miterrand Francia, Rigoberta Menchú Premio Nobel de Paz, Socorro Gómez Presidenta del Consejo Mundial por la Paz, Hermana Elsie Mongue, Ángela Jeira
A nombre del Secretariado de las FARC-EP, a ustedes amigas de la paz y de la solución política de los conflictos, nuestro saludo cordial.
Aferrados a la esperanza de que la liberación de prisioneros de guerra, como resultado de un acuerdo entre las partes contendientes, puede encausar la nación hacia el raudal de la solución política, respondemos hoy su misiva de agosto.
De acuerdo. El conflicto armado colombiano tiene profundas causas sociales, económicas y políticas, que deben ser temas de discusión para su superación definitiva. Compartimos igualmente que la paz de Colombia está ligada a la paz de la región y que, además, es anhelo universal. No permitiremos que se nos escape esta oportunidad para reiterar a través de ustedes, nuestra disposición de dialogar con el Estado, de cara al país, con miras a un futuro de paz. Desde luego, aceptamos la disposición y concurso de ustedes para contribuir en la búsqueda del noble propósito.
Nos solicitan en su carta un nuevo gesto de liberación unilateral de prisioneros de guerra. Está bien. Pero quisiéramos compartir algunas reflexiones sobre el tema:
Sería justo que apelando al ejercicio de la razón, el derecho y la ética en el tratamiento del problema, no se invisibilazara a los guerrilleros presos. Son alrededor de 800. El dolor no es solamente de los familiares de los prisioneros en nuestro poder. El humanitarismo debe mirar, siempre, con sus dos ojos.
Durante el gobierno de Ernesto Samper liberamos unilateralmente en Cartagena del Chairá a 80 prisioneros de guerra. En el cuatrienio de Andrés Pastrana, luego de la firma de un acuerdo humanitario, liberamos a 47 militares y policías y en cambio recibimos 13 guerrilleros. Inmediatamente, con la esperanza de generar un medio ambiente propicio para el abordaje del canje, dejamos en libertad en La Macarena y en Urabá, sin ninguna contraprestación, a 305 soldados y policías que habían sido capturados en combate. Más recientemente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a la gestión humanitaria del presidente de Venezuela Hugo Chávez y de la senadora Piedad Córdoba, liberamos, también de manera unilateral, a algunos senadores, representantes, diputados y concejales, y a otro grupo de militares y policías. La verdad es que nunca hubo reciprocidad por parte del gobierno de Colombia. La disposición de las FARC en este sentido ha sido diáfana. No admite discusión ni cuestionamiento. Seguimos a la espera del momento propicio para pactar con el Estado colombiano un canje de prisioneros de guerra.
La realidad es dura. Cuando en el Medio Oriente el Estado sionista de Israel libera a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de uno sólo de sus soldados, el gobierno de Colombia le ha dado la espalda, por 13 años, a los suyos. Aquí hay una indolencia infinita con el sentimiento de los familiares de los soldados prisioneros, pero también un desprecio por la suerte de unos hombres que arriesgando como nadie su vida, cayeron en el campo de combate defendiendo los intereses de quienes hoy los olvidan.
En sana lógica, un acuerdo de paz en Colombia debiera estar antecedido por un canje de prisioneros entre las partes contendientes porque, sin duda, un evento tal allanaría la senda del entendimiento y el fin de la guerra, del conflicto social y armado que se prolonga por seis décadas por la intransigencia estéril de los gobiernos. Se debe poner punto final a una larga historia de violencia institucional, de despojo violento, de paramilitarismo, desapariciones forzadas, masacres, “falsos positivos”, fosas comunes, exclusión, imposiciones neoliberales y manipulación de la opinión. A las mujeres pacifistas del mundo representadas en ustedes les pedimos actuar y extender sus manos solidarias hacia el pueblo de Colombia.
Les sugerimos dirigir su mirada sobre la situación que afrontan centenares de guerrilleros presos y unos 7.500 ciudadanos encarcelados por sus ideas, como resultado de la criminalización de la oposición política y la protesta social; la mayoría de ellos acusados de terrorismo y de otros delitos que tratan de ocultar el carácter político de su causa y sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad, violación de sus derechos humanos, hacinamiento y torturas, políticas acentuadas por la injerencia del buró federal de prisiones de los Estados Unidos. Les pedimos analizar la posibilidad de constituirse en comisión, o gestionar la conformación de una comisión humanitaria que visite las cárceles de Colombia y constate en el terreno la veracidad de la denuncia. Intercedemos, igualmente, por los presos sociales, por los que casi nadie habla, para protestar por las condiciones degradantes de su reclusión.
Les solicitamos considerar, como asunto crucial para aclimatar la convivencia, el estudio de fórmulas que permitan la repatriación y liberación de Simón Trinidad, Sonia e Iván Vargas, guerrilleros de las FARC prisioneros del imperio, extraditados a los Estados Unidos por el rencor y la retaliación de un ex presidente desquiciado. Su extradición, sustentada en montajes jurídicos urdidos por Uribe Vélez, la inteligencia militar y el ex Fiscal Osorio, fue una flagrante violación de claras disposiciones constitucionales. Simón Trinidad ha sido condenado a 60 años de prisión por una causa ajena a la que fue extraditado. Vaya nuestra voz de aliento a los tres rebeldes farianos, ante su infame y largo cautiverio neocolonial.
Permítannos reiterarle, distinguidas ciudadanas del mundo, nuestro mensaje de irrenunciable decisión de continuar y elevar a nuevos niveles la brega por la libertad de los prisioneros de guerra y de los presos políticos.
Como un nuevo acto humanitario que respalda esta carta, anunciamos la liberación de 6 prisioneros de los que permanecen en nuestro poder, los cuales serán entregados a las firmantes de la misiva que hoy respondemos, encabezadas por la insigne dirigente política colombiana, la senadora Piedad Córdoba previa precisión de los protocolos de seguridad. Esta fue la determinación del comandante Alfonso Cano días antes de caer en combate.
¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano!
Con sentimientos de respeto y admiración,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, noviembre de 2011.
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