*Salir de la situación que hace de Venezuela el segundo país más
violento del mundo pareciera más una cuestión de voluntad política que
de normas. El nuevo Parlamento, sin embargo, tiene muchas posibilidades
de cooperación para superar la crisis de criminalidad.
La nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de
enero tiene muchas misiones para cumplir. Son tantas que a veces pareciera que
no se dará abasto. Está en el país con la inflación más alta del mundo, y eso pareciera
dictar una prioridad. Pero desde hace por lo menos un lustro Venezuela es también el
territorio con una de las tres tasas de homicidios más elevadas del planeta.
Nuevos legisladores, viejos desafíos |
En materia de seguridad ciudadana, la situación
pareciera empeorar al cierre de 2015. El año finalizará probablemente con más
de 27.000 homicidios. En Caracas las muertes violentas muestran un incremento
cercano al 5% con respecto a 2014. El año que finaliza, además, será recordado
como el que tuvo el mayor número de homicidios por “resistencia a la autoridad”.
Las policías, en su afán por abatir la criminalidad, se han convertido en un
factor estadísticamente representativo dentro de la violencia, a propósito de
las famosas Operaciones de Liberación del Pueblo. En líneas generales, hay una
especie de inercia nociva que pareciera muy difícil de abatir.
Las cifras de criminalidad en el país son refractarias
a los cambios de las legislaciones. En materia de robo y hurto de vehículos,
por ejemplo, durante la era chavista se han batido todos los récords en cuanto
a casos conocidos a pesar de que fue aprobada una ley especial sobre la
materia, que luego reformaron para endurecer aún más las penas y crear nuevos
tipos delictivos. Algo similar ha ocurrido con los secuestros. Esto debe ser
tomado en cuenta por los diputados que asumirán en enero.
Paradójicamente, el Parlamento que finaliza aprobó o
cedió sus poderes para que el Ejecutivo aprobara vía habilitante nuevas leyes
que sólo han contribuido para colocar en el grupo de los delincuentes a
ciudadanos que en otras condiciones serían personas de bien. Son leyes que
podríamos llamar “criminógenas”, es decir, que generan delito antes que
impedirlo. Las normas sobre régimen cambiario y precios justos están en este grupo.
La nueva camada de legisladores, por lo tanto, debe
administrar su poder con mucha prudencia. Debe entender que a veces es mejor
desregular antes que sumar nuevas normas a una sociedad que precisamente está
hastiada de controles artificiosos. Los despachos instaurados para ejercer
tales restricciones, como la Superintendencia de Precios Justos, se
convirtieron en instrumento de extorsión a los comerciantes. Otros cuerpos de
seguridad, como Delincuencia Organizada de CICPC y la Dirección de
Contrainteligencia Militar, hicieron su agosto como entes reguladores de la
corrupción generada por el régimen cambiario. Decidían quién iba preso y quién
no, en una especie de subasta cotidiana de libertades. Sobre esto hay mucho por
escribir.
En materia de seguridad ciudadana, así como en otras
áreas del quehacer nacional, se avizora un conflicto entre un poder legislativo
que remará en una dirección y un Ejecutivo que lo hará en sentido opuesto. Esta
disputa podría consolidar la inercia nociva ya referida.
Pero hay asuntos que es necesario abordar de
inmediato, mediante el ejercicio de las facultades contraloras del Parlamento.
Por ejemplo, se impone una revisión de los presupuestos asignados al sistema de
seguridad ciudadana (incluido Servicio Penitenciario) y de justicia. Según el
criminólogo Fermín Mármol este año las partidas para los cuerpos de seguridad
apenas llegan a 2% del Presupuesto. Esto podría concluir en una reorientación
de los gastos asignados a otras áreas que no son tan prioritarias, como sería
la adquisición de sistemas de armas de guerra convencional, como la nueva flota
de cazabombarderos rusos, anunciada en septiembre por el presidente Maduro.
En el ámbito penitenciario, es claro que el actual
ministerio se abrogó facultades que no existen en las leyes, como por ejemplo
la instauración del sistema de “cupos” para regular los traslados a los
internados judiciales. Esto ha creado un cuello de botella que transfiere los
problemas de hacinamiento y manutención de detenidos a los retenes policiales.
Servicio Penitenciario además opera como una “caja negra” que no rinde cuentas.
No se sabe ni siquiera cuántos presos hay. Mucho menos dónde están ni cuánto
dinero se destina para alimentarlos.
Otra área tiene que ver con la ausencia de
coordinación e intercambio de información entre los distintos cuerpos
preventivos. Evidencia es que los directivos de PoliCaracas nunca asisten a las
reuniones del consejo metropolitano de seguridad. Pero incluso entre los
cuerpos municipales y estatales regidos por miembros de la oposición hay
diferencias. Los intercambios de información ocurren más por amistad y cortesía
que por una obligación normativa.
En líneas generales, la ausencia de transparencia es
común a todos los cuerpos policiales. No existe una cultura de intercambio y
divulgación de información. De allí que los venezolanos no sepamos con certeza
cuántos homicidios hubo en 2014. Ni siquiera los resultados de la encuesta
nacional de victimización hecha en 2012, por citar algunos ejemplos. Un
parlamento que investigue podrá subsanar parcialmente estos problemas.
Varios sectores de la oposición han planteado además
la necesidad de aprobar una legislación que permita la recuperación en el
exterior de los activos producidos por actividades de delincuencia organizada. La
expresidenta de la Conacuid Mildred Camero elaboró una propuesta sobre el
particular. Desde Transparencia Venezuela también han hablado al respecto. Se
debe tomar en cuenta que Venezuela es signataria de varios convenios de
cooperación bilaterales y multilaterales, en especial de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción, que sirven como puntos de referencia para aprobar
cualquier norma sobre la materia.
Al final, lo más importante no está en las leyes sino
en la voluntad política para determinar cuáles normas vigentes deben ser
aplicadas, cuáles derogadas y por último cuáles harían falta para hacer de
Venezuela un país menos violento.
En esto no se puede esperar resultados de corto plazo.
Pero mientras más tiempo se pierda se dificultará más la superación de los
actuales niveles de criminalidad.
Breves
*El uso del fuero parlamentario para escapar a la
justicia en casos de drogas no es nuevo. En 1982, Pablo Emilio Escobar Gaviria
obtuvo una curul como diputado suplente amparado en el movimiento político
Civismo en Marcha, creado y financiado por él mismo, que apoyó en Antioquia al
candidato del Nuevo Liberalismo Jairo Ortega. El líder de este partido Luis
Carlos Galán se percató luego de que alias Patrón formaba parte de las
poderosas bandas de traficantes de drogas de Medellín, y lo expulsó de la coalición
política. Con esta decisión Galán se ganó el atentado que terminó con su vida.
Escobar participó en algunos debates parlamentarios, y a pesar del creciente
rechazo que iba generándose en Colombia hacia su figura en su tierra natal su
popularidad crecía, básicamente porque una parte de los recursos generados por
el comercio de cocaína lo destinaba a obras sociales. El programa Medellín sin
Tugurios realmente transformó varias comunas de la capital antioqueña. Escobar además
no dudaba en financiar intervenciones quirúrgicas, construcciones de viviendas,
préstamos para estudio que luego condonaba y líneas completas de taxis que
luego le daban información sobre los movimientos de la policía, por referir
algunos ejemplos. Al final de sus días no intentó ocultarse en ningún paraíso
fiscal del exterior ni en regiones selváticas sino precisamente en esos barrios
donde él era venerado. Son las lecciones que nos deja la historia.
*Varios escenarios están planteados cara al juicio en
Nueva York por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la
primera dama Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo
Flores. El primero, que ambos encausados continúen afirmando su inocencia hasta
el final del debate oral. Esta opción se basa en la posibilidad de que los
abogados, en especial los
litigantes privados que defienden a Campo Flores,
sepan aprovechar algunos deslices cometidos durante la pesquisa de la
Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Básicamente, cuestionarán la existencia real del alijo de 800 kilos de
alcaloide que, según lo referido hasta ahora, supuestamente negociaban los
sobrinos de la “primera combatiente”. Desde el punto de vista policial, esto se
subsanaría con la declaración jurada de algún participante en la investigación,
que afirme haber constatado la presencia de la droga en Venezuela. En un
tribunal de EEUU eso bastaría.
La opción contraria implicaría que ambos acusados admitan su culpabilidad antes de iniciar el debate oral, asustados por la perspectiva de pasar el resto de sus días en prisión. No se olvide que el fiscal neoyorkino Preet Bharara solicitó cadena perpetua para Campo y Flores de Freitas. Aún así, los venezolanos tendrán que pasar cierto tiempo tras las rejas, o incluso amparados en algún programa de protección de testigos, si es que deciden cooperar para disminuir aún más la pena prevista en este escenario (alrededor de 10 años en una penitenciaría de baja seguridad). La última posibilidad es que uno de ellos escoja ir a juicio y el otro admita su culpabilidad. En fin de cuentas, la responsabilidad penal es personal. Todo esto depende de la percepción que cada uno tenga en cuanto a la solidez de las pruebas recabadas por la DEA. La entrega de la información a ambos detenidos comenzó el viernes previo a las elecciones parlamentarias venezolanas, y es posible que ellos pidan una nueva postergación del juicio, para pensar bien en la decisión que puedan tomar.
Los sobrinos en la encrucijada |
La opción contraria implicaría que ambos acusados admitan su culpabilidad antes de iniciar el debate oral, asustados por la perspectiva de pasar el resto de sus días en prisión. No se olvide que el fiscal neoyorkino Preet Bharara solicitó cadena perpetua para Campo y Flores de Freitas. Aún así, los venezolanos tendrán que pasar cierto tiempo tras las rejas, o incluso amparados en algún programa de protección de testigos, si es que deciden cooperar para disminuir aún más la pena prevista en este escenario (alrededor de 10 años en una penitenciaría de baja seguridad). La última posibilidad es que uno de ellos escoja ir a juicio y el otro admita su culpabilidad. En fin de cuentas, la responsabilidad penal es personal. Todo esto depende de la percepción que cada uno tenga en cuanto a la solidez de las pruebas recabadas por la DEA. La entrega de la información a ambos detenidos comenzó el viernes previo a las elecciones parlamentarias venezolanas, y es posible que ellos pidan una nueva postergación del juicio, para pensar bien en la decisión que puedan tomar.
*El 25 de noviembre, gracias a una invitación de la
organización Mujeres y Ciudadanía, presidida por Aixa Armas, tuve la
oportunidad de exponer algunos puntos de vista sobre el tema de la violencia
contra la mujer. El auditorio estaba compuesto por activistas y miembros del
cuerpo diplomático, pues se celebraba el día mundial de la no-violencia contra
las personas del llamado “sexo débil”. En resumen hubo tres planteamientos. El
primero, que la violencia contra la mujer ha crecido en el país, aunque de
ninguna manera al mismo ritmo en que se ha elevado la que afecta al sector
masculino de la población. En segundo término, que existe una constante de
impunidad en los casos de violencia contra la mujer, similar a la reportada en
delitos como el homicidio, aunque con la sospecha de que la llamada “cifra
negra” en esta materia es dramáticamente alta, a pesar del esfuerzo desplegado
por las instituciones del Estado para ampliar el número de instancias que atiendan
y procesen las denuncias correspondientes. La polémica, sin embargo, vino con
la tercera conclusión: que las mujeres cada vez más se involucran en forma
activa en el ciclo de la violencia en general. En otras palabras, ya no se
puede restringir el estudio del tema solamente a la victimización femenina,
sino también a su participación como victimarias, incluso en delitos violentos
como el homicidio, las lesiones, el sicariato y el secuestro. Desde luego, en
un país donde la información sobre seguridad ciudadana es prácticamente un
secreto de Estado, una afirmación como esta estará sujeta a discusión hasta que
las organizaciones que estudian el tema posean suficientes datos estadísticos para
avalar o descartar esta posibilidad. Los casos referidos ante ese auditorio
hablaban de bellas mujeres que han sido “señuelos” en secuestros de Aragua, que
luego cuidan a los plagiados y cobran el dinero de los rescates; mujeres que
contratan sicarios y otras que han sido matonas a sueldo; algunas que forman
parte de bandas de asaltantes y otras que las han liderado. En fin, ejemplos
hay muchos, todos recientes y de nuestra realidad. Cuando estas líneas son
escritas, la policía judicial reportó que una mujer de 26 años murió durante la
redada llevada a cabo el viernes 11 de diciembre en la Cota 905 y zonas aledañas.
En este caso, ella supuestamente lanzó una granada fragmentaria en el interior
de una vivienda para atacar a los agentes de CICPC que practicaban un
allanamiento. Con la explosión, dos funcionarios policiales también fueron
heridos.
*El director de la policía judicial comisario José
Gregorio Sierralta ordenó poner el mayor cuidado posible en el uso del Sistema
Integrado de Información Policial, conocido con las siglas Siipol. Esta
directriz fue divulgada a través de una circular conocida como Orden del Día,
poco antes de las elecciones parlamentarias. El Siipol es un gran archivo
informático con los datos de las personas que tienen antecedentes, que han sido
mencionadas en averiguaciones penales o
que son solicitadas por algún juzgado, nacional o foráneo. También es usado
para verificar si algún vehículo aparece como solicitado por robo o hurto. El
jefe policial indica que esta base de datos sirve además a 100 instituciones
del Estado. Pero en realidad lo que ocurre es que alrededor de ella se generó
un mercado en el que empresas privadas de seguridad o particulares solicitan la
pesquisa acerca de los antecedentes que podrían tener las personas que van a
incorporar a su nómina, o sobre algún vehículo que piensan comprar. Todo esto,
desde luego, tiene un precio, que se incrementó desde el momento en que el
propio Estado prohibió utilizar los antecedentes penales como un criterio para decidir
la contratación de personas. Aún así, ninguna empresa seria se permite el lujo
de contratar a un personal sobre el que no sepa si tuvo algún problema con las
autoridades. Es simplemente un riesgo demasiado alto y potencialmente costoso.
*Al cierre. El presidente Nicolás Maduro solicitó la
renuncia de todos los miembros del Gabinete. Por supuesto el titular de Defensa,
general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino deberá poner su cargo a la orden. Hay
quienes plantean que Maduro no quiso exigir directamente la renuncia al
general, sino ocultarla de alguna forma dentro de un proceso de
reestructuración de su equipo de gobierno. Suena con mucha fuerza la
designación de un oficial de la Armada para esta cartera. La FANB, como el
resto de los despachos de la administración pública, ha estado sometida a
presiones constantes para favorecer al oficialismo. Durante la época de Hugo
Chávez (y siguiendo lo dicho por Vladimir Petit en su tesis doctoral sobre el
Ejército) la institución castrense parecía seguir más el modelo pretoriano que
el profesional.
Pero durante los últimos meses es innegable que hay un giro en
los cuarteles. Es una vuelta a la institucionalidad. Un intento de retomar los
postulados de apoliticismo, obediencia, subordinación al poder civil y
profesionalismo. El evento electoral del 6 de diciembre sólo lo puso en
evidencia. Quizá sea muy temprano para decir que esto sea irreversible. 15 años
de prédica en el sentido contrario no pasan en vano. Hay mucho general que
ascendió simplemente por fingir un carácter revolucionario, inexistente en la
gran mayoría de los casos, pero que dejó huella al desplazar a profesionales de
armas que sí merecían mejor promoción. En los meses previos a las
parlamentarias se intuía que algo mutaba en Fuerte Tiuna. Los militares fueron
entrenados para rechazar cualquier manifestación de desorden durante el acto
electoral, incluidas las de los colectivos paramilitares. En víspera de las
elecciones, el propio ministro Padrino dejó ver con claridad su posición al
declarar que no habría “golpe ni autogolpe”. En una reunión llevada a cabo el 5
de diciembre, el oficial aseguró al resto del Gabinete y del Alto Mando que se
haría respetar la voluntad popular. Durante la fase electoral de la Operación República,
iniciada el 1 de diciembre, fueron enviados varios radiogramas a todas las
unidades castrenses que ordenaban extremar los cuidados ante los posibles
ataques de bandas armadas.
Los hubo en Distrito Capital, Miranda y Aragua. Dos
uniformados pagaron con sus vidas. El día de los comicios, era claro que la
oficialidad cumpliría a cabalidad la orden impartida. A las 6 pm, muchos
centros cerraron pues no tenían colas en la parte exterior. Luego, los
militares no quisieron reabrirlos a pesar de las presiones de los colectivos.
Quien esto escribe presenció un ejemplo significativo en el liceo Andrés Bello,
donde está el centro de votación más grande de todo el país. Por supuesto que
esa actitud no pudo gustarle mucho a Maduro y su entorno, acostumbrados a la
genuflexión castrense, al cumplimiento ciego de las órdenes sin importar si
están reñidas con la Constitución. La conducta militar del 6D quizá haga pensar
mejor cualquier plan de aplicarle un “fujimorazo” al nuevo Parlamento.
Finalmente, es claro que aún quedan reductos de militares radicalizados, que no
han cesado de murmurar desde que se conocieron los resultados electorales. Por
lo tanto, ahora más que nunca se impone el ejercicio estricto de los controles
a una institución que se acostumbró a vivir sin ellos.
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