Extradición por drogas a EEUU podría revelar vínculos con militares venezolanos
Por: Joshua Goodman - Associated Press
Fuente: LAPATILLA
Por: Joshua Goodman - Associated Press
Fuente: LAPATILLA
Funcionarios
policiales dicen que un carnicero de una región fronteriza que tenía un
faro fundido en su camión, podría ayudar a arrojar luz sobre la
magnitud de la participación de los militares venezolanos en el tráfico
de cocaína.
LAPATILLA.COM Una acusación formal por narcotráfico contra Gersain
Viáfara Mina fue dada a conocer el 16 de octubre por un juez en el
distrito sur de Nueva York, un día después de que Colombia extraditó al
hombre de 49 años a Estados Unidos.
Las autoridades policiales señalan que el colombiano era un conducto de
bajo nivel, pero crucial, entre narcotraficantes de varias naciones y
miembros de las fuerzas armadas de Venezuela en la agreste región
occidental de ese país, el estado de Apure, donde según Washington hay
cientos de pistas de aterrizaje clandestinas.
En su primera presentación ante la corte en Estados Unidos, Viáfara Mina
se declaró inocente de los cargos de importar más de 5 kilos de cocaína
a territorio estadounidense. Un funcionario de la Administración de
Control de Drogas argumentó en una declaración jurada que respalda la
acusación formal que Viáfara Mina ayudó a organizar numerosos vuelos con
narcóticos, algunos incluso hasta con 1,6 toneladas de cocaína, desde
2010.
En llamadas telefónicas y mensajes de texto interceptados, se puede
escuchar a Viáfara Mina presuntamente negociando la venta ilegal de
códigos de transpondedor que normalmente son asignados por las
autoridades venezolanas a vuelos autorizados, de acuerdo con la
declaración jurada que aún no se ha hecho pública, de la cual The
Associated Press obtuvo una copia. Dice que también se le escucha
fanfarroneando sobre “contactos políticos de alto nivel” de los cuales
no proporciona su nombre y que pueden asegurar el paso seguro de los
vuelos con drogas, así como los esfuerzos para obtener la liberación de
un avión incautado por las fuerzas armadas nueve días antes.
Un testigo, de acuerdo con la declaración jurada, también lo vio ayudar a
cargar 750 kilogramos (1.650 libras) de cocaína a un vuelo con rumbo a
Honduras mientras guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia permanecían de guardia.
Los investigadores argumentan que Viáfara Mina cobraba al menos 100.000
dólares por vuelo, cuyas ganancias eran pagadas en forma de sobornos más
arriba en la cadena de mando, de forma que oficiales militares no
enviaran cazas si sospechaban que había drogas a bordo.
Autoridades policiales estadounidenses y fiscales, así como abogados de
Viáfara Mina, declinaron hacer comentarios al respecto cuando los
contactó la AP.
Nacido en Colombia, Viáfara Mina era propietario de una carnicería en
Apure, una región escasamente poblada de planicies calurosas donde es
posible construir una pista de aterrizaje en cuestión de horas.
Fiscales brasileños lo acusaron formalmente en 2003 de cargos de
intentar contrabandear cocaína colombiana a África, pero posteriormente
los cargos fueron sobreseídos porque la evidencia fue recabada en forma
ilegal.
Autoridades estadounidenses y colombianas lo habían estado rastreando al
menos durante dos años, pero parece que lo que lo hundió finalmente,
fue la crisis económica de Venezuela, que ha generado escasez de
productos de todo tipo. Los investigadores lo capturaron cuando cruzó la
frontera rumbo a la población colombiana de Puerto Carreño con el fin
de recoger un faro de repuesto para su camión, dijo un funcionario
colombiano asignado al caso que, al igual que otros entrevistados,
accedió a hablar al respecto a condición de mantenerse en el anonimato
porque no está autorizado a declarar sobre la investigación en curso.
El gobierno estadounidense cree que cada año pasan por Venezuela más de
200 toneladas de cocaína, en torno a un tercio de la producción estimada
de Colombia. Se cree que gran parte pasa por Apure.
Estados Unidos ha aumentado de forma progresiva la presión sobre altos
cargos del ejército, la policía y el gobierno venezolanos por su papel
en convertir el país en una importante zona de tránsito para narcóticos
con destino a Estados Unidos y Europa.
Pero si bien varios funcionarios venezolanos, incluyendo un exministro
de Defensa y responsable de inteligencia militar, han sido acusados o
sancionados en Estados Unidos y muchos más están bajo investigación,
buena parte de las pruebas siguen sin publicarse conforme los fiscales
preparan sus casos.
Las autoridades venezolanas han rechazado de plano las acusaciones de
que el país se ha convertido en un refugio para el tráfico de drogas.
Caracas afirma que bandas criminales profesionales de Colombia corrompen
a funcionarios venezolanos y extienden la violencia al otro lado de la
frontera, y alega que las investigaciones dirigidas por Estados Unidos
contra altos cargos son un intento de desestabilizar el gobierno del
presidente Nicolás Maduro, que tiene una dura posición contra
Washington.
Además, el gobierno de Venezuela señala con orgullo a su incautación
récord el año pasado de 46 toneladas de drogas ilegales, así como a la
interrupción de más de 100 supuestos vuelos de drogas en los últimos
años.
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