Luego
de doce años sin comparecer, Venezuela finalmente acudió ante el Comité
Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para ser
evaluado de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la
Convención.
La delegación del Estado, encabezada por el viceministro de Política
Interior y Seguridad Jurídica, José Vicente Rangel Ávalos, no respondió
con precisión las preguntas hechas por los relatores y expertos del
Comité. Por el contrario, el discurso se basó en argumentos generales y
políticos, haciendo mención a casos ocurridos en el siglo pasado, aunque
la sesión fue para evaluar los informes correspondientes al periodo
2002 – 2014.
“Me parece que las respuestas no se adaptan a lo que eran las
preguntas. Hemos preguntado sobre cuándo se permitirá que el Relator
Especial pueda visitar Venezuela. ¿Cuándo estos mecanismos
independientes podrán visitar el país? Están todos esperando
autorización para visitar el país”, cuestionó la experta, Felice Gaer.
Desde Ginebra, la directora del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Ligia Bolívar, consideró que
el balance es “positivo, en cuanto a que las informaciones que aportamos
las ONG fueron tomadas en cuenta, en cuanto a que el Comité no aceptó
respuestas generales y sigue exigiendo precisión por parte del Estado”.
La investigadora también se mostró preocupada porque el Estado
venezolano no reconoce que existe un problema, y así “difícilmente va a
aportar soluciones”.
Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, quien
también participó en la sesión, aseguró que “desafortunadamente la
delegación no respondió de forma adecuada las preguntas que le hizo el
Comité y los distintos expertos”. Sin embargo, según su criterio esta
fue una sesión importante que deja “un inventario sustantivo de los
elementos a resolver para que efectivamente en Venezuela haya una
política que prevenga y castigue la tortura”.
Terremoto por caso Afiuni
Durante la presentación de los voceros del Estado, la directora de
Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes Berthé,
puso en duda la veracidad del testimonio de la jueza María Lourdes
Afiuni sobre la violación sexual sufrida durante su encarcelamiento.
Berthé pidió “despreocuparse sobre ese particular”.
Al respecto, reaccionó la integrante del Comité, Essadia Belmir,
quien presidió la sesión. Manifestó que “si hay algún expediente que hay
que tratar, es precisamente éste. Es algo muy importante y muy grave,
porque trasciende la persona, afecta al concepto del sistema judicial y
al Estado de Derecho. Si esto hubiese ocurrido en otro país, hubiese
provocado terremotos; no un solo terremoto, muchos terremotos”, aseveró.
Luis Damiani, representante del Estado, admitió que la mayoría de los
integrantes del Poder Judicial no son titulares de sus cargos. “Es
verdad. Esta comisión nombró jueces provisorios (…) Para el 2013 tenemos
alrededor de 1.700 jueces, de los cuales 1.095 son provisorios, y 665
titulares. Es decir, solamente el 38%”, reveló. Esta situación, a juicio
de los miembros del Comité, afectaría la independencia judicial.
Violencia carcelaria
El experto Alessio Bruni cuestionó las divergencias entre la
información proporcionada por el Estado y la de organizaciones no
gubernamentales, respecto a la situación carcelaria.
De acuerdo a lo señalado por la directora general de Derechos Humanos
y Relaciones Internacionales del Ministerio para el Servicio
Penitenciario, Carmen Morales, “no existe violencia” en 87% de los
establecimientos carcelarios del país.
“La delegación dice que no hay violencia en un 87% de las cárceles;
estas son las cifras del Gobierno, que admite que hubo 402 muertes en
2013. Lo que es chocante es que estas muertes sólo se hayan producido en
el 13% de las cárceles existentes”, aseguró Bruni, quien agregó que
“incluso si nos atenemos a estas cifras, tantos muertos en las cárceles
no es normal. Para que haya tantos muertos, tiene que haber armas.
Entonces, ¿qué medios utilizan las autoridades para impedir la
introducción de armas en el sistema penitenciario? ¡Porque matan a
cientos y cientos de personas al año!”, expresó.
Represión contra manifestantes
“¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del
orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”,
respondió Rangel Ávalos ente el cuestionamiento del Comité Contra la
Tortura sobre la represión contra las protestas ocurridas en el primer
semestre de 2014.
El representante gubernamental aseguró que no existen fotografías de
funcionarios disparando con armas de fuego contra manifestantes, a pesar
de los registros audiovisuales que muestran a efectivos del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) utilizando su armamento el 12 de
febrero de 2014.
Rangel Ávalos también se refirió a la actuación de grupos
paramilitares, asegurando que “a los colectivos los han tratado de
satanizar”. Además, justificó que “sí, puede haber individuos dentro de
esos colectivos que estén armados, como hay personas de la oposición que
están armadas”.
Al finalizar la sesión, el vocero oficial se comprometió en nombre
del Estado venezolano a no perseguir a los integrantes de las
organizaciones no gubernamentales que acudieron a la audiencia, esto
ante la preocupación manifestada por los integrantes del Comité.
Tras la evaluación, los relatores del Comité Contra la Tortura
redactarán un informe con recomendaciones a las que el país debe dar
cumplimiento, de conformidad con las convenciones internacionales.
Nota de prensa
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