La Fiscalía de la
Penal Internacional (CPI) ha decidido reabrir el ‘Caso Venezuela’, a
través de la reanudación de una investigación preliminar sobre las
violaciones a Derechos Humanos registradas en el país durante los
últimos 15 años. Una medida que podría iniciar, de ser aprobada, una
investigación firme contra importantes representantes oficialistas. El
corresponsal en Madrid de Informe21, José A. Puglisi, ha estado con
Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezuela en
Madrid (PDVM), para ahondar en la importancia de esta medida
internacional.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es la única
instancia jurisdiccional que ha iniciado una investigación preliminar
para sancionar, de manera imparcial, las violaciones de Derechos Humanos
registrados en Venezuela durante los últimos 15 años. Una medida que,
de llegar a ser aprobada, implicaría una investigación firme contra
algunas importantes figuras del oficialismo que tienen relación con los
acontecimientos del 12 de febrero, como: Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela; Diosdado ,
presidente de la Asamblea Nacional; Miguel Rodríguez, ministro de
Interior; y Carmen Meléndez, ministra de Defensa; así como los
gobernadores José Vielma Mora (Táchira), Francisco Arias Cárdenas
(Zulia), Tareck el Aissaimi (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo) y
Ramón Alexis Ramírez (Mérida)
La reapertura del ‘Caso Venezuela’ es la respuesta de la CPI ante las
denuncias presentadas por los 300 parlamentarios latinoamericanos y
españoles que, junto a otros grupos como la Plataforma Democrática de
Venezuela en Madrid (PDVM), han solicitado que se enjuicie a quienes han
promovido o realizado violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos
de un sector determinado del país.
Williams Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, ha indicado en a Informe21
que “existe una larga lista de crímenes, homicidios, lesiones,
torturas, desapariciones, persecuciones, detenciones ilegales y
desplazamientos que se han producido en el marco de una actuación
ilegítima del poder político, de sus Fuerzas Armadas y de grupos
paramilitares o irregulares que son armados, dirigidos y financiados por
el poder político”. Un listado que está resumido en el ‘Caso Venezuela’
y del que tiene constancia la Corte Penal Internacional desde hace 12
años.
Una nueva oportunidad
Las denuncias al gobierno de Venezuela como autor de violaciones de
Derechos Humanos radican al año 2002. No obstante, en 2006 el exfiscal
Luis Moreno Ocampo ordenó archivar las numerosas denuncias presentadas
con motivo de los crímenes ocurridos el año 2002, entre ellas la que
había sido remitida por el magistrado español de la Nacional Fernando Andreu Merelles (2004).
Ocampo comunicó, en 2006, que desestimaba las denuncias por
considerar que los hechos no alcanzaban la calificación de crímenes de
lesa humanidad tipificada en el Estatuto de Roma, o escapaban a la
competencia de esta por razones de temporalidad. Una parálisis del
proceso que ha cesado con el anuncio de la reapertura del ‘Caso
Venezuela’ por parte de la fiscal Fatou Bensouda.
Si bien la noticia ha sido recibida con alegría por algunos sectores
venezolanos, Cárdenas destaca, con moderación, la magnitud de la medida.
“Aunque en esta materia debemos ser extremadamente prudentes, no deja
de ser importante saber que miembros del actual gobierno de Venezuela
están siendo sometidos a una investigación imparcial por los hechos
ocurridos recientemente”, apunta el presidente de la PDVM, quien precisa
que “con fecha 30 de junio y 15 de agosto de este año, hemos recibido
sendas comunicaciones de la Fiscalía de la CPI, en la que se establece
concretamente que la investigación preliminar está en marcha y que
oportunamente conoceremos sus resultados”.
Por la complejidad de la investigación, los resultados podrían tardar
aproximadamente unos dos años. Sin embargo, Cárdenas afirma que existen
indicios suficientes para demostrar que los crímenes en Venezuela
pueden ser categorizados como de Lesa Humanidad, lo que dará más
agilidad al proceso. “En esta ocasión, las pruebas son mucho más
numerosas e indubitables. La evidencia del colapso de la administración
de justicia, que debe dar paso a la actuación de la CPI, queda clara
cuando vemos casos como el de los estudiantes detenidos por protestar o
de líderes encausados por manifestarse o pensar diferente. Es la
utilización parcializada de la justicia, la que inhabilita a estos
órganos para impartir justicia”, explica en exclusiva.
En el supuesto caso de que la investigación sea archivada, una vez
más, bastaría un mínimo indicio de nuevas violaciones a Derechos Humanos
para reabrir el expediente. En este sentido, el presidente de la PDVM
apunta que, “la espada de Damocles está colgando sobre las cabezas de
todos los que han actuado en contra de los Derechos Humanos de los
venezolanos”.
@JosePuglisi para Informe21
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