Fuente: Cuentas Claras Digital
Washington | El senador Marco Rubio y el congresista Bill Cassidy
acusaron hoy a la senadora demócrata Mary Landrieu de bloquear las
sanciones que se están debatiendo en el Senado de Estados Unidos contra
funcionarios venezolanos presuntamente culpables de violaciones de los
derechos humanos en su país.
“Durante demasiado tiempo, los funcionarios del régimen venezolano han
estado oprimiendo a venezolanos inocentes, saqueando la riqueza del
país, viajando a Estados Unidos para derrochar y después regresando a
Venezuela para continuar con su represión”, señalaron los dos
legisladores a través de un comunicado.
Rubio y Cassidy, ambos republicanos, recordaron que el pasado mes de
junio la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad sanciones contra
funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro presuntamente implicados en
la ola represiva emprendida contra los manifestantes de la oposición en
Venezuela.
Antes de las vacaciones de verano (boreal), el Senado estuvo a punto de
aprobar por la vía rápida las sanciones. Sin embargo, la senadora
Landrieu las bloqueó, preocupada por las repercusiones que podría tener
en la refinería que tiene la petrolera Citgo, filial de Petróleos de
Venezuela, en Luisiana si el Congreso aprobaba sanciones contra
funcionarios venezolanos.
Para que el Senado apruebe las sanciones por la vía rápida todos los
senadores deben dar unánimamente su consentimiento para acelerar el
procedimiento. Su trámite por la vía habitual puede llevar meses.
Rubio y Cassidy señalaron que cuando el Senado reanude sus sesiones el
próximo lunes, “Landrieu y la mayoría demócrata (en el Senado) deberán
elegir entre si Estados Unidos debe continuar luchando por los derechos
humanos o si debemos permitir que hombres fuertes represores como
Nicolás Maduro dicten la política en materia de derechos humanos de
Estados Unidos“.
Estos dos legisladores recordaron que las sanciones que se están
contemplando están específicamente dirigidas contra funcionarios
venezolanos que han cometido violaciones de derechos humanos. “No tiene
nada que ver con empleos ni con política energética“, señalaron Rubio y
Cassidy.
El Comité de Relaciones de Exteriores del Senado ha garantizado a
Landrieu que las sanciones no afectarán a los empleos en Luisiana ni a
las operaciones de Citgo en Estados Unidos.
“Tiene que ver con responder a las represiones violentas que hemos visto
en las calles de Caracas y con mostrar solidaridad con los líderes
venezolanos jóvenes como Leopoldo López, quien se encuentra en prisión
desde hace meses por oponerse al régimen de forma apasionada y valiente.
No tiene nada que ver con la refinería de Citgo en Luisiana, como les
gustaría a Landrieu y al régimen venezolano que los habitantes de
Luisiana creyeran”.
La refinería de Citgo, construida en 1994, es la sexta más grande de Estados Unidos y emplea a unos 2.000 trabajadores.
Durante meses la administración Obama se había mostrado reticente a
aplicar cualquier tipo de sanción contra el gobierno de Nicolás Maduro
al considerar que existían otras herramientas más efectivas y se había
mostrado confiada en que el diálogo entre el gobierno y la oposición
venezolana tuviera sus frutos.
Sin embargo, el Departamento de Estado norteamericano impuso el 30 de
julio restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del
gobierno de Venezuela “responsables o cómplices” de violaciones de
derechos humanos cometidas contra la oposición.
Varios senadores y congresistas consideraron que la administración Obama
se había quedado corta, al no anunciar sanciones económicas contra los
funcionarios venezolanos, muchos de los cuales tienen propiedades y
cuentas bancarias en Florida.
La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las
manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el
alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de
productos básicos, ha dejado, de momento, unos 40 muertos y más de 800
heridos.
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