La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ordenó el miércoles
el arresto del ex embajador ante las Naciones Unidas Diego Arria y del
empresario venezolano radicado en Washington Pedro Mario Burelli, tras
vincularlos con un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro develado
por el régimen.
La orden, también emitida contra el dirigente venezolano Ricardo
Koesling, fue calificada por los acusados como un nuevo ejemplo de cómo
el régimen de Maduro hace uso de la justicia como herramienta de
persecución política, empleando en ésta ocasión “correos electrónicos
forjados” de la diputada María Corina Machado que hacen mención de la
presunta conspiración.
“Esto es absurdo”, dijo Arria en declaraciones desde República Dominicana.
“A quién se le ocurre que pueda haber un magnicidio sin militares, sin
recursos. Aquí no aparece ningún militar, aquí no hay nada sino esta
presunta comunicación cruzada de correos electrónicos falsos, donde a mí
me copian”, sostuvo.
Ortega, en una entrevista concedida a la estatal Venezolana de
Televisión, dijo que había ordenado los arrestos porque los implicados
no se habían presentado a la Fiscalía para brindar testimonio en el
marco de las averiguaciones del presunto plan de magnicidio contra
Maduro.
Pero en su declaración, Ortega dejó entrever que los acusados ya son considerados culpables por el régimen.
“Tenemos las pruebas de que estas personas tenían planes para atentar
contra la vida del presidente y de altos funcionarios del gobierno”,
declaró Ortega, antes de agregar que como las personas implicadas se
encuentran fuera del país, serán solicitadas a través de la Interpol.
“Hemos intensificado la investigación y hemos decidido adoptar medidas
para ponerle un freno a todo esto, no podemos esperar a que ocurran
todos los hechos”, sostuvo.
El supuesto complot es solo el último de cerca de 70 planes de
magnicidio denunciados por el régimen bolivariano desde que llegó al
poder bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
En conspiraciones previas denunciadas por el chavismo, agentes de la
oposición habrían contratado sicarios colombianos para sus “perversos”
planes, habrían comprando una veintena de aviones de guerra en Estados
Unidos para operar su fuerza aérea desde Colombia, y funcionarios
estadounidenses inocularon el cáncer a Chávez con una jeringa.
En el centro de la actual investigación se encuentra una serie de
correos electrónicos presentados recientemente por el alto mando
chavista en los que Machado presuntamente habla sobre la necesidad de
poner fin al régimen de Maduro.
“Hay que limpiar esta porquería, comenzando con la cabeza, aprovechando
el clima mundial con Ucrania y ahora Tailandia, cuanto antes mejor”, se
indica en uno de los correos electrónicos presentados a la prensa.
“Ya creo que llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las llamadas
necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro, y lo
demás caerá solo”, se lee más abajo.
Machado —quien fue citada por la Fiscalía para este lunes— desmintió la
información a las pocas horas de ser anunciada por los medios de
comunicación oficialistas, diciendo que las comunicaciones mostradas
“son falsas, fueron creadas y editadas”.
Uno de los presuntos correos iba dirigido a Burelli, un ex directivo de
la estatal Petróleos de Venezuela, que mantiene contacto con personas de
influencia en Washington.
Burelli dijo que los correos son forjados y que está trabajando con sus
abogados para demostrarlo, en declaraciones brindadas a un periódico
venezolano.
“Todos los correos que mostraron son de cuentas cuyo proveedor es
Google. Estamos siguiendo el procedimiento establecido, con mi abogado, a
fin de conseguir los recaudos técnicos y luego la certificación que
demostrará cómo todo esto se montó sobre la base de correos forjados”,
declaró Burelli al diario El Universal.
“La embajada venezolana en Washington hizo circular los emails forjados
[…] con la intención de convencer a ciertos círculos de que había un
intento de asesinato. Por tanto, han publicado en territorio de Estados
Unidos documentos forjados y eso constituye un delito”, advirtió.
Tras conocer el pronunciamiento del miércoles de la fiscal general, el
empresario escribió en su cuenta de Twitter: “ ‘Justicia’ venezolana es
parte del andamiaje opresor de la dictadura. La [pregunta] es: ¿todo
esto es montaje de Cuba o lo hacen a motu propio?’ ”.
Para Arria, todo el montaje viene de Cuba.
“Presentarse ante un tribunal venezolano, es como presentarse ante un
tribunal cubano y ningún ciudadano venezolano está en la obligación de
presentarse ante un tribunal cubano”, dijo Arria.
Pero en su caso, la fiscal ni siquiera esperó a ver si comparecía o no para ordenar su arresto, comentó.
Arria dijo que el régimen, bajo instrucciones de La Habana, está ahora
enfilando sus cortes contra él, Machado y Burelli debido a las
constantes denuncias que los tres han formulado contra el chavismo ante
la opinión pública internacional.
Hace solo unos días, Arria habló ante la Cámara Baja del parlamento
británico para denunciar las atrocidades contra la sociedad civil
cometidas por el régimen, y testificó ante el prestigioso centro de
investigación británico Canning House, asegurando que “Chávez solo dejo
en Venezuela un legado de violencia, destrucción y corrupción”.
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