Fuente: Prodavinci.com
Mariano Herrera, director del Centro de Investigaciones Culturales y
Educativas (CICE), responde tres preguntas sobre la Resolución 058
1. ¿Qué es la Resolución 058 y cómo afecta la educación en Venezuela?
La Resolución 058 emana del Ministerio de Educación y regula el
funcionamiento de la comunidad educativa. Fue promulgada el 16 de
octubre de 2012 y es, como toda ley y reglamento oficial, de obligatorio
cumplimiento. Pero no es nueva ni se está implantando en estos días. Ya
está puesta en práctica en la mayoría de escuelas oficiales y colegios
privados. Lo importante en una resolución sobre comunidades educativas
es promover y reglamentar con claridad la participación de las familias
en asuntos educativos. Al parecer, la 058 no le da prioridad a esa
misión.
La resolución 058 cambia el nombre de Comunidad Educativa por “Consejo
Educativo” y, entre otras cosas, crea 11 comités con funciones
ejecutivas que terminan siendo un gran enredo burocrático. Uno de esos
comités es el de padres y representantes. Se debilita la participación
de padres y representantes en la toma de decisiones de la escuela,
diluida en un mar de comités de alumnos, empleados, etcétera. Y, además,
se debilita tremendamente la función de directores y se diluyen sus
responsabilidades profesionales en un enredo burocrático.
Otros comités parecen tener como objetivo abrir las puertas de las
escuelas a colectivos diversos, externos a la escuela, y a sus actores
principales.
La resolución es confusa, no están claros sus objetivos principales ni
los de los 11 comités nuevos que se crean. Se establecen listados
interminables de múltiples funciones cruzadas y comunes a varios comités
a la vez. Supone un gran número de personas, incluyendo docentes y
alumnos, dedicados a todo tipo de tareas dispersas, que desvirtúan y
desvían la misión principal de la escuela: el aprendizaje y la
enseñanza.
Quizás lo más grave y sorprendente es que contradice la concepción del
Estado todopoderoso que se plantea en la tesis del Estado Docente,
omnipresente en la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2009. Funciones
como la supervisión, el mantenimiento y la capacitación de docentes,
entre otros, están ahora bajo la responsabilidad de los Consejos
Educativos. Parece que el Estado Docente se quiere desentender de sus
deberes y dejar esa tremenda responsabilidad en manos de los
beneficiarios. Es decir: más deberes institucionales para quienes son
sujetos de derechos y menos responsabilidades para las instituciones del
Estado.
No puedo dejar de mencionar otro aspecto de la resolución que me parece
que se debe resaltar: cómo se expresa el desprecio por la escuela como
espacio educativo por excelencia. El artículo 5.5 dice explícitamente
que la escuela es “uno de los centros del hacer comunitario y que la
comunidad es el centro del quehacer educativo”, cuando debería ser al
revés. Una vez más, el gobierno desprecia el valor educativo de la
escuela y pretende que sea un centro de activismo social y político para
adultos. Se olvida de que la escuela es para los niños. Desprecia lo
pedagógico y lo sustituye por la agitación y, eventualmente, la
propaganda.
2. ¿Cuáles son las consecuencias, a corto y a largo plazo, de esta acción?
La resolución encierra varios peligros. Uno de los más graves es que
puede eventualmente promover la entrada de organizaciones comunitarias.
Es decir, podría introducir el activismo político y social en las
escuelas y desviarlas de su misión educativa. Sin embargo, las escuelas
institucionalmente sólidas pueden protegerse de este peligro,
organizando los comités de manera equilibrada para evitar la injerencia
partidista y clientelar. Esto se hace asegurando la participación de
personas responsables y verdaderos dolientes de la educación de los
alumnos y evitando que se cuelen agitadores o agentes perturbadores. Es
el caso de la mayoría de los colegios privados, que tienen la capacidad
de estructurar los comités para apoyar la gestión escolar y la
participación de las familias en los asuntos inherentes a la educación
de sus hijos. Esto depende del liderazgo del director o de los equipos
de dirección. Lamentablemente, la mayoría de las escuelas oficiales
presentan severas debilidades institucionales. Los directores son
interinos o encargados, mientras que los titulares o bien porque no
gozan de autoridad real, ya sea porque carecen de liderazgo ante sus
colegas, o porque el verdadero liderazgo está en otro funcionario dentro
o fuera de la escuela (coordinadores, supervisores).
La delegación de competencias exclusivas del Estado afecta la misión
principal de promover la igualdad de oportunidades y producir justicia
social, al dejar en manos de las escuelas asuntos como el mantenimiento
de la planta física, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la
evaluación del desempeño del docente, entre otros, sin transferirle las
funciones legales ni los recursos. Éstas son competencias exclusivas del
Estado. Es como si en un hospital se dejara en manos de los pacientes
las decisiones del departamento de cirugía infantil y sus costos. ¿Quién
iría a un hospital donde quien decide las técnicas operatorias no son
los médicos? Pues esa concepción se aplica para la educación. Directivos
y docentes opinan al mismo nivel que alumnos, colectivos y familias
acerca de asuntos institucionales y profesionales. Es una transferencia
de competencias del Estado a quienes no tienen la capacidad de cumplir
con ellas.
Entonces hay una paradoja, una contradicción: por una parte se abre la
puerta a comités externos a la escuela para que tengan injerencia en lo
que no deben y, por otro lado, se le atribuye a actores escolares
(familias, docentes, empleados) responsabilidades que corresponden a
instancias oficiales del Estado.
3. ¿Esta situación en torno a la Resolución 058 implica el adoctrinamiento? ¿Por qué?
La Resolución 058 no implica necesariamente el adoctrinamiento. Sí puede
implicar injerencia partidista y activismo político en las escuelas. Y
distrae a la escuela de su función educadora. La doctrina que se impone
no es educativa. Es una doctrina más bien de desinstitucionalización,
una política de destrucción y desvalorización de la institución escolar y
de la profesión docente.
El adoctrinamiento es un asunto pedagógico que sucede dentro del aula de
clases. Su implantación está más bien en algunos de los libros de texto
de la Colección Bolivariana que han sido distribuidos gratuitamente a
todos los alumnos de las escuelas oficiales venezolanas y a muchos de
los colegios privados. Esa colección viene acompañada de una
Constitución Ilustrada, cuyos dibujos son un verdadero catecismo
chavista en los que aparece Hugo Chávez como prócer y como profeta al
lado de Simón Bolívar y en calidad de mesías enviado por las autoridades
celestiales. Es a través de estos contenidos en los libros y de otras
actividades que les imponen a las escuelas, relacionadas con efemérides
en las que los alumnos deben hacer ilustraciones en alabanza al
“Comandante Supremo” que se transmite la doctrina chavista. Es un
atentado a la Constitución y a la Ley Orgánica de Educación (aprobada en
agosto de 2009) que se supone que garantizan la pluralidad ideológica y
política, el laicismo religioso y prohíben el proselitismo y la
propaganda política en las escuelas.
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