El presidente venezolano regula por decreto alquiler de locales comerciales. Según analistas, la medida afectará a las empresas transnacionales que habían invertido en bienes inmuebles
Alfredo Meza
Caracas
30 NOV 2013 - 01:44 CET
El presidente venezolano Nicolás Maduro. / JUAN BARRETO (AFP)
El viaje hacia el socialismo real en Venezuela se profundiza. Este viernes el presidente Nicolás Maduro
ha firmado un decreto que regula el cobro de alquileres en locales
comerciales, los cuales, según dijo, fomentan en Venezuela relaciones
feudales entre arrendadores y arrendatarios. La medida entrará en
vigencia apenas se publique en la Gaceta Oficial extraordinaria antes
del fin de semana y es la nueva decisión tomada en el marco de la
llamada ofensiva económica del gobierno, iniciada hace tres semanas con
la confiscación y remate de artículos de electrodomésticos que se venden
en el país.
Maduro, fiel al estilo de su padre político Hugo Chávez,
ordenó la difusión obligatoria de su mensaje a través de la televisión e
hizo un largo prólogo de su decisión con algunas anécdotas y cifras.
Comentó que en los centros comerciales se alquilan locales por precios
muy elevados para la capacidad de pago de los comerciantes. Y luego,
explicó, los arrendatarios cargaban a su inquilino una serie de
incrementos dependiendo del volumen de ventas. “Si se retrasan en el
pago del arriendo les cortan la luz. Y luego los multan si no abren a
tiempo o si no cierran a la hora estipulada en el centro comercial”,
agregó. El gobierno decidió entonces fijar el canon de arrendamiento en
Bs 250 el metro cuadrado (29 euros al cambio oficial). El pago del
condominio no podrá exceder el 25% del precio del alquiler.
La decisión es
parte de los esfuerzos que hace el gobierno para que los precios de los
bienes y servicios no escalen al ritmo de la frenética inflación
(un 45,8% entre enero y octubre de 2013) ni se establezcan de acuerdo
con el marcador del dólar estadounidense en el mercado negro, que
multiplica por nueve el valor oficial de la cotización de esa moneda. En
vez de atacar las causas que la originan el gobierno, preso de la
herencia de la política económica del caudillo bolivariano, ha decidido
atacar las consecuencias y pretende establecer un tope a las ganancias
de los importadores y de la cada vez más escasas fuerzas productivas del
país. Según cifras del Banco Central de Venezuela al cierre del tercer
trimestre de 2013 apenas el 3,72% de lo que se exporta no pertenece al
sector petrolero, que está controlado por el Estado.
En el criterio del jefe de Estado venezolano parte del aparato
productivo nacional y su dirigencia, representada por los gremios
Fedecamaras y Consecomercio, son “parásitos” que sólo quieren obtener
dólares preferenciales para alimentar el mercado negro y enriquecerse
con el diferencial cambiario. En parte eso es cierto. En Venezuela no
hay estímulo para la producción debido por la apreciación de la divisa
oficial, Muchos comerciantes envilecidos simulan la importación de
bienes y otros sobrefacturan sus necesidades de materia prima con el
objetivo de ponerle la mano a los dólares baratos.
Pero en ese lance el gobierno ha hecho tabla rasa y todos los empresarios y comerciantes están siendo sometidos a una cruel campaña de satanización en los medios oficiales, calificados como ladrones y usureros.
La población ha recibido con beneplácito esas medidas en el entendido
que en esta época, cuando pagan las bonificaciones de fin de año, el
dinero les está alcanzando para comprar los obsequios de fin de año o
para renovar los electrodomésticos del hogar. Los economistas advierten,
sin embargo, que el jolgorio no durará muchos meses. “Y entonces se
liberarán los demonios”, advierte el economista Asdrúbal Oliveros, socio
director de la firma Ecoanalítica.
Los gremios de empresarios han respondido a esos señalamientos con un
dato hasta ahora desconocido. Sólo el 2% de las empresas afiliadas
reciben los dólares preferenciales de la estatal Cadivi, la instancia
que autoriza la entrega de divisas a particulares y compañías. El dato
hizo enfurecer a Maduro, que ha tomado la declaración de Jorge Roig,
presidente de Fedecamaras, como un desafío a la ofensiva económica.
“Aténgase a las consecuencias legales, señor Jorge Roig. Usted le ha
declarado la guerra al país. No se declare perseguido político cuando se
salga de la ley”, advirtió.
La medida de la regulación de la tarifa de alquileres no es nueva en
Venezuela. En 2011 la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Inquilinato
que estableció topes al precio que los caseros pueden cobrar por rentar
su propiedad. En la práctica esta decisión provocó que la oferta haya
desaparecido, de acuerdo con los cálculos del presidente de la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, porque además la ley ha
distorsionado la relación comercial hasta el punto de que hoy es casi
imposible desalojar a un inquilino por medios legales. La ejecución de
los juicios está suspendida por órdenes del Ejecutivo.
Esta vez la medida de poner límites al precio del arriendo afectará
no sólo la construcción de nuevos centros comerciales, sino incluso a
las grandes transnacionales que operan en el país. Imposibilitados de
repatriar las ganancias debido al control de cambios y a la decisión de
Cadivi de no aprobar esas operaciones, las filiales han optado por
protegerse de la devaluación comprando locales comerciales, galpones y
pisos en exclusivos edificios para luego rentarlos. A estas grandes
empresas, que, de acuerdo con cálculos de la firma Ecoanalítica
representan 4% del universo empresarial del país, comienza a cerrárseles
lo que los economistas llaman mecanismos de cobertura. “Cada vez esas
compañías nadan en bolívares con pérdidas crecientes”, advierte
Oliveros. “Son más de 15 mil millones de dólares en dividendos
represados desde 2009”, precisa.
Maduro parecía molesto por la forma cómo el empresariado ha acatado
la orden de bajar los precios. Reveló que de 1.705 establecimientos
fiscalizados por el gobierno apenas 1.4% había fijado precios justos,
esto es, un margen máximo de ganancia de 30%. “El resto no tiene hueso
sano”, explicó el gobernante con una imagen que quizás alude al cáncer
que carcome a la economía venezolana. El Presidente asegura que “no está
jugando” en su esfuerzo de fijar precios. Al tiempo que amenaza a los
comerciantes también hace llamados más cordiales para que se acaten sus
decisiones. Algo ha heredado del personaje del redentor que decía
encarnar Chávez cada vez que anunciaba decisiones polémicas. “Me quiero
convertir, y ya me estoy sintiendo, en el presidente obrero protector de
la clase media en el país”.
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