Fuente: Editorial -El Nacional - Venezuela
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| El Boyaco y Rodríguez Torres |
Recientemente, en el informe anual que Washington presenta sobre el
narcotráfico en el mundo, Venezuela volvió a aparecer como una de las
naciones que en América Latina incumple reiteradamente con los esfuerzos
conjuntos que se llevan a cabo para combatir esa nefasta actividad del
crimen organizado.
No se debe olvidar que están en vigencia tratados y acuerdos que obligan
a las naciones a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas, que
no sólo golpea a millones de jóvenes en el mundo y acaba con su futuro,
sino que pervierte a los gobiernos y sus instituciones.
El negocio de las drogas alimenta el lavado de dinero y fomenta el auge
del crimen en todas sus formas, aumentando con ello los asesinatos,
secuestros y extorsiones, convirtiendo a las sociedades en verdaderos
campos de batalla donde las bandas de narcos se enfrentan a las fuerzas
policiales o dirimen entre sí sus zonas territoriales. En Caracas
decenas de personas pierden la vida a manos de jóvenes criminales que
actúan bajo los efectos de las drogas.
Pero no sólo en las ciudades importantes de Venezuela se siente el
efecto destructivo que el narcotráfico irradia hacia las instituciones
civiles y militares, sino también en los estados y zonas fronterizas
donde prácticamente los narcotraficantes y sus aliados, las
narcoguerrillas colombianas, organizan y dirigen la vida de los
habitantes de esas tierras fronterizas.
Todo el mundo sabe lo que ocurre y quiénes son los extranjeros que
imponen su propia ley en territorio venezolano, pero sienten temor de
denunciar esos hechos porque las policías, los militares y las
autoridades civiles han sido penetrados por las organizaciones
delictivas.
El gobierno bolivariano expulsó de Venezuela a la DEA declarando que
realizaba funciones de espionaje para Estados Unidos y dejó el campo
libre a los narcotraficantes, a sus socios en el país y a sus aliados de
las narcoguerrillas de las FARC. Un acto tontamente propagandístico
porque la DEA funciona de común acuerdo con otros organismos antidrogas
de América Latina y el Caribe, así como también con los gobiernos de
Holanda y Gran Bretaña. De manera que siguen informados de todo lo que
pasa con el tráfico de drogas en el país y de su exportación en decenas
de toneladas hacia Estados Unidos y Europa.
Vale la pena recordar esto porque ayer José María Corredor Ibagué, alias
“Boyaco”, considerado -según las agencias de prensa- como “un
importante narcotraficante y colaborador de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC)- fue sentenciado a 16 años de cárcel
por el tribunal federal del Distrito de Columbia.
“Boyaco” estuvo preso en Venezuela en la sede del Sebin, y salía de
noche a darse su vueltecita por los bares de Caracas. Escapó cuando se
supo descubierto y fue recapturado en Colombia. Uno de sus carceleros en
Venezuela fue el actual ministro de policía de este gobierno. Nada
menos.
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