Cuba añade 18 nuevas categorías de trabajo privado.
Los cubanos pueden trabajar ahora como agentes de bienes raíces,
fabricantes de jabón y otros 16 tipos de trabajos “cuentapropistas”.
Pero no pueden vender ropa hecha en fábricas ni sacar partido a la
reventa de artículos comprados en tiendas estatales.
Esos dos anuncios paralelos hechos el jueves parecieron reflejar los
vacilantes esfuerzos del gobierno de Raúl Castro para abrir la economía
de estilo soviético de Cuba lo suficiente para rescatarla de una crisis,
pero no lo suficiente para perder el control de la misma.
Un reportaje aparecido en el periódico oficialGranma dijo que el
gobierno había aprobado 18 categorías nuevas de trabajos
“cuentapropistas”, llevando a 201 los tipos de actividades económicas
privadas que son permitidas por el gobierno.
Los nuevos trabajos incluyen agentes de bienes raíces, constructores,
vendedores al por mayor de productos agrícolas, reparadores de equipos
de communicacion como teléfonos celulares, fundidores, reparadores de
instrumentos de medición, encargados de reservaciones para bed &
breakfast y fabricantes de betún para zapatos, tintes y artículos de
mármol.
Ellos se unen a la lista de 183 categorías de trabajos ya permitidos,
de electricista a soldador, barbero y payaso de fiesta, desmochador de
palmas, entrenador de animales, conductor de mulas y operador de coches
de paseo para niños tirados por ponis o chivos. No se mencionan coches
tirados por caballos de alzada normal.
Todavía no se permite trabajar por su cuenta a médicos, abogados,
periodistas, fabricantes de casi todo tipo de artículos, importadores o
exportadores o destiladores de bebidas alcohólicas, entre muchos otros.
El Granma reportó que el aumento en categorías de trabajo privado —el
gobierno las llama “el sector no estatal”— fue parte de la campaña de
Castro para generar nuevos empleos al mismo tiempo que recorta las
nóminas y subsidios estatales debido a que la economía de la isla está
paralizada.
“El fin de estos ajustes es continuar desarrollando las actividades
no estatales, buscar un clima de confianza y legalidad en el ejercicio
de esta forma de gestión nacida para generar empleos, elevar la oferta
de bienes y servicios a la población, y permitir que el Estado se
concentre en actividades trascendentes para el desarrollo económico”,
señaló el periódico.
Cuba cuenta ahora con unas 436,000 personas con licencia para llevar a
cabo actividades por cuenta propia —la mayoría de ellas involucradas en
la preparación de comidas o su venta en quioscos callejeros o
restaurantes privados conocidos como “paladares”— en comparación con
menos de 170,000 cuando Raúl Castro asumió la presidencia hace cinco
años.
Decenas de miles de otras personas, incluyendo agentes de bienes
raíces, trabajaban legalmente, aunque la compra y venta casi sin
restricciones de viviendas se legalizó por primera vez en el 2011.
Algunas eran toleradas, mientras que otras se quejaron de tener que
pagar sobornos a la policía y los inspectores del gobierno.
Entretanto, nuevas regulaciones publicadas el jueves en la Gaceta
Oficial endurecieron las restricciones a las actividades de venta al por
menor para reprimir a los que venden bienes traídos por cubanos que
viajan al extranjero o que compran los artículos en tiendas estatales.
Cubanos con licencias de sastres o modistas han estado estableciendo
tiendas de ropa, por ejemplo, y otros que trabajan como vendedores de
productos para el hogar han sacado ganancias al revender artículos
comprados en tiendas estatales, generalmente a precios subsidiados.
Las nuevas regulaciones señalan ahora específicamente que sastres y
modistas no pueden vender ropa que haya sido fabricada o importada, y
los vendedores de artículos para el hogar no pueden sacar ganancias a la
reventa de artículos comprados en tiendas estatales.
Granma mencionó que el asesor del Ministerio del Trabajo, José
Barreiro, había dicho que las nuevas restricciones están diseñadas para
evitar algunas de las “deformaciones” que se han desarrollado en la
periferia de algunas de las actividades privadas permitidas.
“El asunto de los productos comprados en las tiendas para luego
revenderlos ha generado constantes opiniones entre la población que se
queja del desabastecimiento y los altos precios impuestos por los
acaparadores”, dijo Barreiro.
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