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sábado, 13 de julio de 2013

La ceguera de Insulza

EFE 12/07/2013
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, envió una carta a las Naciones Unidas para instar al organismo a exhortar al Gobierno venezolano a que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial los incidentes violentos tras las elecciones del pasado 14 de abril, además exige juzgar a los responsables de los casos donde existió abuso
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, en la misiva instó a que considere la posibilidad de emitir una declaración pública sobre los sucesos de violencia ocurridos en Venezuela con posterioridad a las elecciones.

Según Vivanco, a HRW le “preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos”. Human Rights Watch ha seguido atentamente la situación en el país desde las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

El 13 de junio de 2013 el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh) para aportar información sobre hechos de violencia que tuvieron lugar en Venezuela en el período posterior a las elecciones. Jaua entregó a la Oacdh una copia de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, donde se indica que se produjeron seis manifestaciones “agresivas y violentas” luego de las elecciones, y que fueron asesinados nueve partidarios del Gobierno, 35 personas resultaron heridas y hubo ataques contra 15 establecimientos de salud, cinco sedes de partidos políticos y una sede de la Defensoría del Pueblo.

El informe atribuye la responsabilidad por estos incidentes a Henrique Capriles Radonski, el candidato de la oposición que, según las autoridades electorales venezolanas, perdió ante Nicolás Maduro las elecciones presidenciales de abril por un estrecho margen.

Poco después de ocurridos los incidentes violentos, el presidente Maduro, el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia y el Ministro de Relaciones Exteriores habían señalado al unísono a Capriles como responsable de la violencia que se manifestaba en el país.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó a Capriles de “insta[r] al ciudadano a tomar acciones de calle y de violencia” e indicó que los actos violentos producidos después de los comicios podrían configurar los delitos de “instigación al odio” y “rebelión civil”.

La Ministra de Servicios Penitenciarios señaló que ya había preparado una celda para Capriles en la prisión. Según la fiscal general Ortega Díaz, el Ministerio Público está investigando atentamente los sucesos de violencia presuntamente fomentados por Capriles, que provocaron las nueve muertes mencionadas precedentemente y en los cuales otras 78 personas resultaron heridas.

El 7 de junio, la Fiscal General acusó a ocho personas como responsables por cinco de estas muertes que, según la Radio Nacional de Venezuela, ocurrieron en el contexto de “ataques fascistas”.

NO SE HAN INVESTIGADO DENUNCIAS 

Por el contrario, asegura Vivanco, no se han efectuado investigaciones serias ante denuncias creíbles de graves violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones de derechos humanos locales. Por ejemplo, una delegación del Foro por la Vida, una red integrada por 18 organizaciones de derechos humanos venezolanas, publicó un informe donde señalaba haber encontrado evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones a favor de Capriles en el estado de Lara el 15 y 16 de abril.

Según este informe, elaborado por miembros de la reconocida organización de derechos humanos Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 62 personas que participaban pacíficamente en la manifestación e hirieron a otras 38, incluidos 11 trabajadores de medios de comunicación.

Los detenidos indicaron haber sido golpeados violentamente, amenazados con sufrir violencia sexual y privados de alimentos durante más de 24 horas.

Según las organizaciones que entrevistaron a las víctimas, se preguntó a los detenidos “¿quién es tu presidente?”. Y si no respondían “Nicolás Maduro”, les propinaban golpes en distintas partes del cuerpo. Varios testigos señalaron que se aplicaron descargas eléctricas contra una de las personas.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y TORTURAS 

Cofavic, otra respetada organización de derechos humanos de Venezuela, emitió un informe donde se documentan 72 casos de presuntas detenciones arbitrarias, torturas y violaciones del debido proceso, que supuestamente se habrían producido en los estados de Lara, Carabobo y Barinas durante el 15 y el 16 de abril.

El informe indica que miembros de las fuerzas de seguridad habrían actuado con fuerza excesiva para dispersar manifestaciones pacíficas disparando indiscriminadamente perdigones de goma y plomo contra los participantes.

Refiere el Director de HRW que estos agentes supuestamente también habrían detenido arbitrariamente y golpeado a manifestantes en la cabeza, el cuello y la espalda con bastones policiales, cascos y botellas de agua congelada.

El grupo informó que los detenidos, que en su mayoría fueron llevados a bases militares de la Guardia Nacional o dependencias policiales, en general fueron obligados a cantar consignas a favor del presidente Maduro y a desprenderse de gorras, pulseras u otros accesorios con grabados de frases de campaña a favor de Capriles. En al menos ocho de los casos, los detenidos afirmaron haber sido obligados a quitarse la ropa y amenazados de muerte o con la posibilidad de violencia sexual. Según el informe, quienes sufrieron lesiones mientras permanecieron detenidos o durante la movilización no tuvieron acceso inmediato a atención médica.

Diversas organizaciones locales de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que, según la información que pudieron recabar acerca de las investigaciones, las autoridades no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes, a pesar de que en varios de ellos las víctimas habían presentado denuncias. En respuesta a las denuncias difundidas por la prensa de que miembros de las fuerzas de seguridad habían cometido abusos contra personas detenidas en varias manifestaciones, incluso en Lara, la Fiscal General dijo que estos señalamientos eran falsos “porque aquí en Venezuela no se maltrata a las personas que son privadas de libertad”.


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