Aparte de decir que
el señor Nicolás Maduro Moros no nació en Venezuela, Adolfo Márquez
alega en su impugnación que la elección del 14-A es nula porque hubo
casos de personas, como el de José Gregorio González Rodríguez, nacidas
el mismo día, 4 de agosto de 1962, que aparecen inscritas en el Registro
Electoral treinta y una veces, con igual cantidad de cédulas de
identidad.
El CNE, en lugar de cumplir su deber de aclarar, se valió de subterfugios al responder a la Sala Electoral del TSJ −igual que su respuesta escabullida en relación con la partida de nacimiento de Maduro Moros− que eso está planteado “de una forma genérica” porque Márquez “no proporciona información suficiente que permita verificar que la exposición de la presunta irregularidad señalada haya sido realizada de una manera concreta y claramente razonada, tanto de la situación fáctica, como los elementos jurídicos que la acompañan, así como la inexorable relación de causalidad entre lo ocurrido (presunto vicio o irregularidad) y el resultado electoral”.
Como Márquez pidió a la Sala Electoral ordenar al CNE determinar si las cédulas son falsas o verdaderas, éste contestó, como campeón de atrocidades, que no tiene competencia para ello. Decir que no le corresponde determinar eso es otro ardid, porque el sencillo asunto se refiere a si los números de las cédulas de identidad existen y si corresponden a 31 personas de nombre José Gregorio González Rodríguez, nacidas el 4-8-62. Decir que no puede hacer eso −y no tener el acta de nacimiento de Maduro−, es igual que decir que es un organismo inepto, parcializado y encubridor.
Si el CNE fuese serio, su respuesta debió ser: existen 31 personas con el mismo nombre, nacidas el mismo día, en lugares diferentes (los hubiera indicado), con domicilios distintos (los hubiera indicado), ejercieron su derecho a votar en las elecciones del 14-A, no existe irregularidad con dichos ciudadanos; y hubiera remitido la partida de nacimiento de Maduro Moros, ¡pero no la tiene!
O lo contrario, si el CNE fuese sincero, hubiese dicho que no existe el acta de nacimiento y explicado que no existen esas 31 personas, aunque sí aparecen en el Registro Electoral permanente y en el Saime (o no en el Saime); consta en nuestros registros que votaron, son personas virtuales y las cédulas de identidad no son verídicas sino falsas, y no sabemos a quién pertenecen las huellas y firmas que aparecen en los cuadernos de votación.
La irresponsabilidad del organismo y su efugio son evidentes, no sólo porque lo de la nacionalidad del presidente de la República es un asunto constitucional de extrema gravedad institucional, sino también porque si las cédulas de González son falsas o no, hay que determinarlo, y el CNE no puede lavarse las manos porque es el rector del Sistema Nacional de Registro Civil, del cual es órgano cooperador el Ministerio del PP para las Relaciones Interiores y Justicia, a través del órgano responsable del Sistema Nacional de Identificación (Saime), por mandato del artículo 21 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Que el Ministerio Público (MP) y los tribunales penales actúen para establecer si se cometió delito es otra cosa, pero es indispensable que el CNE diga si las 31 cédulas de identidad son verdaderas o falsas porque el demandante lo planteó en su recurso y la Sala Electoral ordenó al CNE informar. Márquez, antes de presentar el recurso, denunció los hechos ante el MP, el cual deberá determinar si las cédulas son forjadas y solicitar los cuadernos de votación, las boletas y las actas de escrutinio correspondientes. Todavía el CNE no ha respondido a la fiscalía el oficio, enviado el 3-6-13, en que solicita información de los 31 José Gregorio González Rodríguez, de sus domicilios y si votaron.
El CNE objetó que el demandante no sepa si los José Gregorio González Rodríguez efectivamente votaron el 14 de abril, lo cual evidencia −dice− el incumplimiento de la carga procesal del recurrente, y hace que su demanda sea inadmisible porque no es un hecho consumado sino “una presunción u ocurrencia incierta”. Esto es otro ardid del CNE, toda vez que para los ciudadanos es imposible saber si alguien votó, porque tal información no existe, el único que lo sabe es el CNE y ni lo publica ni lo informa. Sus evasivas refuerzan la tesis del fraude electoral, pues no quiere aclarar nada, absolutamente nada.
Si el deseo es no admitir los recursos de nulidad contra la elección del 14-A y aceptar que un extranjero sea el jefe del Estado y del Gobierno y que el CNE continúe bloqueando la verdad, ello será visto como otro hachazo contra lo que queda de un país en el que la mayoría quiere que se siga llamando Venezuela.
¿Por qué la Sala Constitucional del TSJ le arrebató a la Sala Electoral el conocimiento de las impugnaciones de la elección del 14-A? ¿Ordenará al CNE y al Saime enviar el acta de nacimiento de Maduro Moros? ¿Le oficiará a éste para que le remita esa acta? ¿Qué hará si él ni el CNE remiten el acta? ¿Permitirá la máxima protectora de la Constitución que Venezuela sea presidida por un extranjero? ¿Ordenará determinar si existen los 31 José Gregorio González Rodríguez? ¿Es mucho pedir que se respete la Constitución?
@NRamirezTorres
El CNE, en lugar de cumplir su deber de aclarar, se valió de subterfugios al responder a la Sala Electoral del TSJ −igual que su respuesta escabullida en relación con la partida de nacimiento de Maduro Moros− que eso está planteado “de una forma genérica” porque Márquez “no proporciona información suficiente que permita verificar que la exposición de la presunta irregularidad señalada haya sido realizada de una manera concreta y claramente razonada, tanto de la situación fáctica, como los elementos jurídicos que la acompañan, así como la inexorable relación de causalidad entre lo ocurrido (presunto vicio o irregularidad) y el resultado electoral”.
Como Márquez pidió a la Sala Electoral ordenar al CNE determinar si las cédulas son falsas o verdaderas, éste contestó, como campeón de atrocidades, que no tiene competencia para ello. Decir que no le corresponde determinar eso es otro ardid, porque el sencillo asunto se refiere a si los números de las cédulas de identidad existen y si corresponden a 31 personas de nombre José Gregorio González Rodríguez, nacidas el 4-8-62. Decir que no puede hacer eso −y no tener el acta de nacimiento de Maduro−, es igual que decir que es un organismo inepto, parcializado y encubridor.
Si el CNE fuese serio, su respuesta debió ser: existen 31 personas con el mismo nombre, nacidas el mismo día, en lugares diferentes (los hubiera indicado), con domicilios distintos (los hubiera indicado), ejercieron su derecho a votar en las elecciones del 14-A, no existe irregularidad con dichos ciudadanos; y hubiera remitido la partida de nacimiento de Maduro Moros, ¡pero no la tiene!
O lo contrario, si el CNE fuese sincero, hubiese dicho que no existe el acta de nacimiento y explicado que no existen esas 31 personas, aunque sí aparecen en el Registro Electoral permanente y en el Saime (o no en el Saime); consta en nuestros registros que votaron, son personas virtuales y las cédulas de identidad no son verídicas sino falsas, y no sabemos a quién pertenecen las huellas y firmas que aparecen en los cuadernos de votación.
La irresponsabilidad del organismo y su efugio son evidentes, no sólo porque lo de la nacionalidad del presidente de la República es un asunto constitucional de extrema gravedad institucional, sino también porque si las cédulas de González son falsas o no, hay que determinarlo, y el CNE no puede lavarse las manos porque es el rector del Sistema Nacional de Registro Civil, del cual es órgano cooperador el Ministerio del PP para las Relaciones Interiores y Justicia, a través del órgano responsable del Sistema Nacional de Identificación (Saime), por mandato del artículo 21 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Que el Ministerio Público (MP) y los tribunales penales actúen para establecer si se cometió delito es otra cosa, pero es indispensable que el CNE diga si las 31 cédulas de identidad son verdaderas o falsas porque el demandante lo planteó en su recurso y la Sala Electoral ordenó al CNE informar. Márquez, antes de presentar el recurso, denunció los hechos ante el MP, el cual deberá determinar si las cédulas son forjadas y solicitar los cuadernos de votación, las boletas y las actas de escrutinio correspondientes. Todavía el CNE no ha respondido a la fiscalía el oficio, enviado el 3-6-13, en que solicita información de los 31 José Gregorio González Rodríguez, de sus domicilios y si votaron.
El CNE objetó que el demandante no sepa si los José Gregorio González Rodríguez efectivamente votaron el 14 de abril, lo cual evidencia −dice− el incumplimiento de la carga procesal del recurrente, y hace que su demanda sea inadmisible porque no es un hecho consumado sino “una presunción u ocurrencia incierta”. Esto es otro ardid del CNE, toda vez que para los ciudadanos es imposible saber si alguien votó, porque tal información no existe, el único que lo sabe es el CNE y ni lo publica ni lo informa. Sus evasivas refuerzan la tesis del fraude electoral, pues no quiere aclarar nada, absolutamente nada.
Si el deseo es no admitir los recursos de nulidad contra la elección del 14-A y aceptar que un extranjero sea el jefe del Estado y del Gobierno y que el CNE continúe bloqueando la verdad, ello será visto como otro hachazo contra lo que queda de un país en el que la mayoría quiere que se siga llamando Venezuela.
¿Por qué la Sala Constitucional del TSJ le arrebató a la Sala Electoral el conocimiento de las impugnaciones de la elección del 14-A? ¿Ordenará al CNE y al Saime enviar el acta de nacimiento de Maduro Moros? ¿Le oficiará a éste para que le remita esa acta? ¿Qué hará si él ni el CNE remiten el acta? ¿Permitirá la máxima protectora de la Constitución que Venezuela sea presidida por un extranjero? ¿Ordenará determinar si existen los 31 José Gregorio González Rodríguez? ¿Es mucho pedir que se respete la Constitución?
@NRamirezTorres
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