Fuente: El Nacional / EDITORIAL
| Narcosol: Hugo Carvajal alias El Pollo |
Puede uno preguntarse cómo es posible que en Venezuela se viva la mayor crisis de inseguridad personal
y jurídica en la historia republicana sin que los responsables
dentro del Estado reparen en ello, y que los reta sin ningún pudor un
monstruo de mil cabezas llamado crimen organizado.
Existen en la historia latinoamericana Estados fallidos que sucumbieron al músculo corruptor del narcotráfico, destruyendo toda institucionalidad de un país, como fue el caso del otrora hombre fuerte del Panamá, el general Noriega, que ahora pide clemencia por haber convertido a su país en un narcoestado.
Cerca estuvo también Colombia en los tiempos de Pablo Escobar y el control que ejerció en la vida social de los colombianos gracias a la inmensa cantidad de recursos económicos ilegales que le permitió crear un estado de bienestar paralelo al Estado formal, ganándose la complicidad de muchos de forma clientelar.
Debemos entender que los indicadores de la presencia del delito organizado en Venezuela son claros y alarmantes. La existencia ilegal de millones de armas de fuego que circulan en nuestra sociedad y que son responsables de 95% de los homicidios cometidos en el país, no llegaron allí por casualidad.
Como no son pocas, estas armas debieron ser traspasadas a manos ilegales por procedimientos más o menos masivos y organizados y se generaron ganancias millonarias para aquellos que lo hicieron posible. Si ha sido históricamente el Estado el mayor importador de armas y el único responsable en dar portes, entonces fallaron las instituciones responsables de su control. Lo cual nos lleva al segundo indicador: la corrupción.
Si algo no tiene discusión en la Venezuela bolivariana es que la corrupción está presente en todos los niveles, en diversas formas y maneras. Y es la corrupción el lubricante ideal para que el delito organizado penetre con mayor facilidad las estructuras del Estado. Venezuela califica muy mal en las evaluaciones de transparencia en la administración de los recursos públicos.
El derecho al acceso de información pública garantizado en nuestra Constitución en el artículo 51 es letra muerta en la revolución. Esto facilita mucho más la corrupción dentro del Estado y por ello la presencia del delito organizado se hace más "invisible" de lo que ya es por su propia naturaleza.
La manifestación más clara de que el Estado tiene el cáncer del delito organizado en sus entrañas es el sistema penitenciario. Cualquiera se da cuenta de que las cárceles no las controla el Estado formal; es público y notorio que ni con toda la fuerza militar de las FAN se puede someter a unos delincuentes armados hasta los dientes.
Los cabecillas se sienten con derecho de administrar un penal y dirigir sus actividades delictivas desde adentro con total impunidad. De este negocio multimillonario de las cárceles es beneficiario y facilitador absoluto la delincuencia organizada enquistada en esas instituciones.
Existen en la historia latinoamericana Estados fallidos que sucumbieron al músculo corruptor del narcotráfico, destruyendo toda institucionalidad de un país, como fue el caso del otrora hombre fuerte del Panamá, el general Noriega, que ahora pide clemencia por haber convertido a su país en un narcoestado.
Cerca estuvo también Colombia en los tiempos de Pablo Escobar y el control que ejerció en la vida social de los colombianos gracias a la inmensa cantidad de recursos económicos ilegales que le permitió crear un estado de bienestar paralelo al Estado formal, ganándose la complicidad de muchos de forma clientelar.
Debemos entender que los indicadores de la presencia del delito organizado en Venezuela son claros y alarmantes. La existencia ilegal de millones de armas de fuego que circulan en nuestra sociedad y que son responsables de 95% de los homicidios cometidos en el país, no llegaron allí por casualidad.
Como no son pocas, estas armas debieron ser traspasadas a manos ilegales por procedimientos más o menos masivos y organizados y se generaron ganancias millonarias para aquellos que lo hicieron posible. Si ha sido históricamente el Estado el mayor importador de armas y el único responsable en dar portes, entonces fallaron las instituciones responsables de su control. Lo cual nos lleva al segundo indicador: la corrupción.
Si algo no tiene discusión en la Venezuela bolivariana es que la corrupción está presente en todos los niveles, en diversas formas y maneras. Y es la corrupción el lubricante ideal para que el delito organizado penetre con mayor facilidad las estructuras del Estado. Venezuela califica muy mal en las evaluaciones de transparencia en la administración de los recursos públicos.
El derecho al acceso de información pública garantizado en nuestra Constitución en el artículo 51 es letra muerta en la revolución. Esto facilita mucho más la corrupción dentro del Estado y por ello la presencia del delito organizado se hace más "invisible" de lo que ya es por su propia naturaleza.
La manifestación más clara de que el Estado tiene el cáncer del delito organizado en sus entrañas es el sistema penitenciario. Cualquiera se da cuenta de que las cárceles no las controla el Estado formal; es público y notorio que ni con toda la fuerza militar de las FAN se puede someter a unos delincuentes armados hasta los dientes.
Los cabecillas se sienten con derecho de administrar un penal y dirigir sus actividades delictivas desde adentro con total impunidad. De este negocio multimillonario de las cárceles es beneficiario y facilitador absoluto la delincuencia organizada enquistada en esas instituciones.
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