Arria: Testimonio del General y Magistrado Aponte reconfirma narco estado y denuncias ante La Haya
El político independiente señaló que ha quedado en evidencia que el gobierno de Hugo Chávez Frías, y especialmente la FANB
Por: Nelson Castro
El dirigente independiente, Diego Arria,
aseveró que las declaraciones del Magistrado Eladio Aponte, “ratifica,
por un lado, que el Poder Judicial venezolano es un instrumento
subalterno, un brazo ejecutor incondicional, de Hugo Chávez y su
proyecto político. Carece Venezuela de unas instituciones, y en
particular de un TSJ y Poder Judicial general independiente e imparcial.
Expresa abiertamente que desde el poder Judicial, y en concierto con el
Ejecutivo Nacional y el Ministerio Público, iniciaron juicios y
condenaron a personas por razones políticas, sin atenerse al Derecho”.
“La defenestración de Aponte por los partidarios del gobierno, su huida del país y sus declaraciones a los medios extranjeros, donde expone su experiencia como magistrado del TSJ y su participación en diversos casos de impacto político, se presentan como una corroboración de las violaciones de derechos humanos cometidas por Hugo Rafael Chávez Frías y la persecución contra diversos miembros o representantes de la población civil venezolana que se opone de cualquier manera al gobierno”, agregó Arria.
El político independiente señaló que ha quedado en evidencia que el gobierno de Hugo Chávez Frías, y especialmente la FANB, “están involucrados de lleno en el tráfico ilícito de drogas, ya que no solamente están vinculados directamente en tales actividades altos funcionarios del gobierno, sino porque a la vez el aparato estatal sirve y garantiza la actividad de los narcotraficantes”.
“De este modo, es obvio que la denuncia de existencia de presos políticos en Venezuela cuanta con una prueba más, nada más y nada menos de uno de los cabecillas en el Poder Judicial de dar de apariencia de legalidad a esas medidas arbitrarias y de persecución”.
Arria también fustigó la utilización del Poder Judicial como medio para forzar la huida del país de muchas personas prominentes que hacían oposición al gobierno, así como para tomar indebidamente y sin indemnizaciones tierras, empresas e industrias de propiedad privada, mediante la apertura de expedientes infundados, de montajes orquestados por el gobierno de Hugo Chávez. “Queda también confirmada por las declaraciones de Aponte Aponte, ya que confiesa haber recibido instrucciones y ejecutar planes de ese estilo contra empresarios, banqueros, miembros de casas de bolsa, constructores o simplemente políticos que no apoyaban al proceso “revolucionario”.
En definitiva, para Diego Arria, las afirmaciones de Eladio Aponte, así como las evidencias probatorias que ha anunciado aportará a organismos de investigación extranjeros, viene a engrosar y en buena medida corroborar las denuncias presentadas ante diferentes instancias internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, especialmente, la Corte Penal Internacional en La Haya.
Arria exhortó a los diputados de la bancada opositora de la Asamblea Nacional solicitar una investigación sobre los casos en los que participó el Magistrado.
“Crónicas de su nombramiento”
Eladio Aponte Aponte fue designado por la mayoría simple chavista de la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de2004, justo después de que fue modificada la Ley orgánica del TSJ para que con esa mayoría (y no la calificada que exige la Constitución) pueda hacerse esa designación, y se aumentaran también el número de Magistrados para asegurar plenamente el control por el gobierno del Poder Judicial.
En esa sesión fueron designados, además de Aponte Aponte, los ciudadanos Luis Velásquez Alvara y, Luisa Estela Morales, Francisco Carrasquero, Deyanira Nieves, Héctor Coronado, Luis Alfredo Sucre Cubas, Fernando Ramón Vegas Torrealba, Juan José Núñez Calderón, Rafael Arístides Rengifo, Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortiz, Luis Franceschi, Carmen Porras Escalante, Luis Hernández Ortiz, Iris Peña de Andueza e Isbelia Pérez de Caballero.
A Eladio Aponte Aponte lo propuso como magistrado Iris Varela, a pesar de que no reúne los conocimientos ni el currículo para ocupar ese cargo. Se desempeñaba, también designado por su afiliación política, como fiscal general militar. Como todos los otros, fue designado por la totalidad de los diputados chavistas. Todos, sin reserva de ninguno, aprobaron esas postulaciones hechas además por Nicolás Maduro, Cilia Flores, Héctor Vargas y William Lara. En esa oportunidad, el diputado Pedro Carreño, quien presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, confesó que la “filiación revolucionaria”de los nuevos magistrados estaba más que garantizada y que el chavismo, en esa oportunidad que tuvo control total del nombramiento de los nuevos magistrados, no se iban a “meter autogoles”.
Como magistrado de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte tuvo una participación importante en todos los casos de relevancia política que llegaron a la Sala Penal, siendo ponente en casos de trascendencia como los juicios seguidos contra los hermanos Guevara, Mazuco, Felipe Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz y Raúl Díaz Peña, Otto Gebauer, los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, María de Lourdes Afiuni, Guillermo Zuloaga, Nelson Mezehane, entre otros. Todos estos casos han sido llevados a la Corte Penal Internacional, en la denuncia presentada el 21 de noviembre de 2011 por Diego Arria.
Además, tal relevancia se pone de manifiesto cuando sus propios compañeros del TSJ lo designan en 2009 como Presidente de la Sala Casación Penal, y ocupó además el cargo (a pesar de que ello tocaría a jueces superiores, y no a magistrados del TSJ) el cargo de Presidente de Circuito Judicial Penal de Caracas, del Zulia y de Nueva Esparta, por lo que podía dirigir el actuar de los jueces de esas circunscripciones penales.
“La defenestración de Aponte por los partidarios del gobierno, su huida del país y sus declaraciones a los medios extranjeros, donde expone su experiencia como magistrado del TSJ y su participación en diversos casos de impacto político, se presentan como una corroboración de las violaciones de derechos humanos cometidas por Hugo Rafael Chávez Frías y la persecución contra diversos miembros o representantes de la población civil venezolana que se opone de cualquier manera al gobierno”, agregó Arria.
El político independiente señaló que ha quedado en evidencia que el gobierno de Hugo Chávez Frías, y especialmente la FANB, “están involucrados de lleno en el tráfico ilícito de drogas, ya que no solamente están vinculados directamente en tales actividades altos funcionarios del gobierno, sino porque a la vez el aparato estatal sirve y garantiza la actividad de los narcotraficantes”.
“De este modo, es obvio que la denuncia de existencia de presos políticos en Venezuela cuanta con una prueba más, nada más y nada menos de uno de los cabecillas en el Poder Judicial de dar de apariencia de legalidad a esas medidas arbitrarias y de persecución”.
Arria también fustigó la utilización del Poder Judicial como medio para forzar la huida del país de muchas personas prominentes que hacían oposición al gobierno, así como para tomar indebidamente y sin indemnizaciones tierras, empresas e industrias de propiedad privada, mediante la apertura de expedientes infundados, de montajes orquestados por el gobierno de Hugo Chávez. “Queda también confirmada por las declaraciones de Aponte Aponte, ya que confiesa haber recibido instrucciones y ejecutar planes de ese estilo contra empresarios, banqueros, miembros de casas de bolsa, constructores o simplemente políticos que no apoyaban al proceso “revolucionario”.
En definitiva, para Diego Arria, las afirmaciones de Eladio Aponte, así como las evidencias probatorias que ha anunciado aportará a organismos de investigación extranjeros, viene a engrosar y en buena medida corroborar las denuncias presentadas ante diferentes instancias internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, especialmente, la Corte Penal Internacional en La Haya.
Arria exhortó a los diputados de la bancada opositora de la Asamblea Nacional solicitar una investigación sobre los casos en los que participó el Magistrado.
“Crónicas de su nombramiento”
Eladio Aponte Aponte fue designado por la mayoría simple chavista de la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de2004, justo después de que fue modificada la Ley orgánica del TSJ para que con esa mayoría (y no la calificada que exige la Constitución) pueda hacerse esa designación, y se aumentaran también el número de Magistrados para asegurar plenamente el control por el gobierno del Poder Judicial.
En esa sesión fueron designados, además de Aponte Aponte, los ciudadanos Luis Velásquez Alvara y, Luisa Estela Morales, Francisco Carrasquero, Deyanira Nieves, Héctor Coronado, Luis Alfredo Sucre Cubas, Fernando Ramón Vegas Torrealba, Juan José Núñez Calderón, Rafael Arístides Rengifo, Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortiz, Luis Franceschi, Carmen Porras Escalante, Luis Hernández Ortiz, Iris Peña de Andueza e Isbelia Pérez de Caballero.
A Eladio Aponte Aponte lo propuso como magistrado Iris Varela, a pesar de que no reúne los conocimientos ni el currículo para ocupar ese cargo. Se desempeñaba, también designado por su afiliación política, como fiscal general militar. Como todos los otros, fue designado por la totalidad de los diputados chavistas. Todos, sin reserva de ninguno, aprobaron esas postulaciones hechas además por Nicolás Maduro, Cilia Flores, Héctor Vargas y William Lara. En esa oportunidad, el diputado Pedro Carreño, quien presidió el Comité de Postulaciones Judiciales, confesó que la “filiación revolucionaria”de los nuevos magistrados estaba más que garantizada y que el chavismo, en esa oportunidad que tuvo control total del nombramiento de los nuevos magistrados, no se iban a “meter autogoles”.
Como magistrado de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte tuvo una participación importante en todos los casos de relevancia política que llegaron a la Sala Penal, siendo ponente en casos de trascendencia como los juicios seguidos contra los hermanos Guevara, Mazuco, Felipe Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz y Raúl Díaz Peña, Otto Gebauer, los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero, María de Lourdes Afiuni, Guillermo Zuloaga, Nelson Mezehane, entre otros. Todos estos casos han sido llevados a la Corte Penal Internacional, en la denuncia presentada el 21 de noviembre de 2011 por Diego Arria.
Además, tal relevancia se pone de manifiesto cuando sus propios compañeros del TSJ lo designan en 2009 como Presidente de la Sala Casación Penal, y ocupó además el cargo (a pesar de que ello tocaría a jueces superiores, y no a magistrados del TSJ) el cargo de Presidente de Circuito Judicial Penal de Caracas, del Zulia y de Nueva Esparta, por lo que podía dirigir el actuar de los jueces de esas circunscripciones penales.
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