Mail24
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No logro salir del asombro. Que lo haya dicho Mario Silva no me
extrañaría, pues se trata de un opúsculo adulador con licencia oficial
para profazar; pero que sea una ex magistrada del más alto tribunal de
la República y quien ocupa un sillón en la Academia de las Ciencias
Políticas y Sociales, es motivo de enorme preocupación, pues pone en
evidencia el deterioro de nuestra sociedad y los escasos valores que le
restan al ejercicio de la abogacía.
Usted ha sugerido en varias entrevistas de radio y hasta en un
artículo de prensa, al referirse al caso de la ExxonMobil, que los
abogados de empresas foráneas que defiendan sus pretensiones jurídicas
podrían ser considerados traidores de la patria. Incluso, propone que
“los especialistas” estudien la posibilidad de encarcelar a quienes
aboguen por las causas que adversan los intereses del Estado
venezolano. En suma, usted propone criminalizar el ejercicio de la
profesión del derecho. Y como es lógico, esta palabra santa será
suficiente para tiritar a cualquier abogado sin privilegios
gubernamentales, pues su recomendación seguramente tendrá eco en
secuaces encargados de rifar imputaciones penales.
Sus argumentos no permiten distinguir hasta dónde debe expandirse el
delito de traición. ¿Habrá que encarcelar también a quienes actuamos
ante organismos del sistema interamericano de protección de derechos
humanos, para defender a las víctimas a quienes el Estado venezolano les
ha vulnerado sus garantías fundamentales? ¿Serán también los que han
actuado ante tribunales judiciales o arbitrales internacionales como es
el caso del CIADI? ¿Seremos también traidores quienes nos hemos atrevido
a demandar al gobierno ante nuestros propios tribunales, ante las
arbitrariedades del poder? ¿Donde fijar el límite? Esto es muy
importante Dra. Rondón, pues no quedarán catres vacíos en nuestros
penitenciarios para albergar a tantos pérfidos juristas.
Aunque usted no lo crea, desde la revolución francesa en el siglo
XVII confrontar una decisión oficial asumida por un Estado no puede
considerarse como un crimen. El Estado de Derecho es el sometimiento del
gobierno al derecho y ese control lo ejercen los jueces. Las personas
naturales o jurídicas afectadas por una decisión estatal tienen el
derecho de cuestionarlas, y para ello requieren de la asistencia de
profesionales del derecho. Y, lógicamente, de abogados que conozcan el
derecho interno del respectivo Estado. Si usted considera que confrontar
un Estado es un sacrilegio, no puede extender el pecado a quienes
cumplen con sus obligaciones profesionales. Quienes están en conflicto
son las partes, no los abogados.
Me encantaría conocer su opinión sobre los abogados que tienen que
defender a una persona acusada de violador, de terrorista, de tráfico de
drogas, de secuestrador de niños. ¿Serán también delincuentes? ¿Tendrán
derecho estas personas a una asistencia letrada? No me queda clara su
posición con respecto a la necesidad de un debido proceso antes de
sufrir una sanción. ¿Será que ese debido proceso es sin defensa letrada?
¿Serán simples adláteres los abogados de las partes?
Si llegase usted a admitir que un procesado de delitos tiene derecho a
una asistencia letrada, me cuesta creer entonces cómo concluye que una
persona o empresa extranjera encargada de hacer negocios en nuestro
país, no puede contar con asesores y abogados, cuando ésta confronta una
decisión estatal que considera ajena a las garantías ofrecidas antes de
la inversión. Si la empresa tiene razón o no, eso quedará por verse,
pero mal puede usted criminalizar la actuación de los abogados, cuando
ni siquiera se conoce quién tiene la razón.
¿De dónde habrá sacado usted que los abogados deben identificarse con
las partes? ¿Es que acaso para defender los derechos de un homosexual o
un comunista hay que también serlo? ¿De qué código de ética habrá
sacado este pecado que ha provocado su drástica alteración?
Sepa usted, Dra. Rondón, que uno de los principios básicos del
ejercicio del derecho es que los abogados no pueden ser identificados
con sus clientes ni con las causas de sus clientes. Las Naciones Unidas
han reconocido este principio, así como el de inmunidad civil y penal
por las declaraciones que hagan de buena fe los abogados, en procura de
sus defendidos.[2] Precisamente por eso, la humanidad y la sociedad
democrática discrepa de su parecer, al proscribir persecuciones o
sanciones frente a los abogados, a raíz de cualquier medida que hayan
adoptado en el cumplimiento de sus obligaciones, reglas y normas éticas.
¿Es que acaso usted pretende que la empresa ExxonMobil o cualquier
sujeto que acuda a un proceso arbitral sin asistencia letrada? ¿Será que
todo el gremio de abogados tiene que solidarizarse ciegamente, y a
priori, con el capricho gubernamental de terminar una relación con un
aliado comercial a quien se le dio una serie de garantías frente a su
inversión, sin indemnización alguna? Que fácil sería para usted asesorar
al Estado venezolano sin confrontar a nadie, pero recuerde usted que
todo proceso requiere un contradictorio, pues esa es la mejor fórmula
para la búsqueda de la verdad.
Dra. Rondón, usted ha perdido la perspectiva, pues hay abogados que
no sólo sienten que cumplen con su deber cuando defienden los intereses
de sus clientes frente a un Estado, sino que muchas veces lo hacen con
vehemencia y convicción, al entender que al corregir una práctica
viciada o un capricho gubernamental se beneficia el propio Estado. Ya lo
decía von Ihering, “toda disposición arbitraria o injusta, emanada del
poder público, es un atentado contra el sentimiento legal de la Nación, y
por consecuencia contra su misma fuerza”.
Así, cuando en el ejercicio de nuestra profesión nos ha tocado
demandar la nulidad de un acto gubernamental o los daños y perjuicios
derivados de una actuación ilícita del Estado, lo hemos hecho no sólo
cumpliendo con nuestro deber de atender los intereses de una parte, sino
también con el ánimo de defender el Estado de Derecho y evitar futuras
transgresiones legales. Castigar a un Estado por su conducta arbitraria
debería aparejar un propósito de enmienda, y ello debería pesar en las
futuras actuaciones de los agentes oficiales.
Sin ánimos de entrar al fondo del caso que dio origen a su ira, del
cual desconozco sus detalles, sólo quiero hacerle ver que hay quienes
piensan (pensamos) que irrespetar un compromiso contractual asumido con
una transnacional, sin indemnización, es perjudicial para nuestro propio
Estado, pues espanta a los inversionistas con deseos de permanencia y
con empleos para otorgar. Hay quienes entendemos que defender en esos
casos al inversionista es procurar nuestro propio beneficio, pues la
patria Dra. Rondón, no se agota en los gobiernos de turno, éstos pasan y
muchas veces lo que queda son las cicatrices de las arbitrariedades.
Hay quienes vemos las bondades de los acuerdos que garantizan la
seguridad jurídica de los inversionistas; hay quienes vemos la
importancia de respetarle los derechos a los nacionales de otras
tierras; sobran quienes sienten que el negocio petrolero debería ser
ajeno a las ideologías de los gobiernos de turno; hay quienes pensamos
que comprometer en árbitros foráneos las decisiones de posibles
conflictos contractuales no es contrario a derecho, más aún cuando
pensamos que nuestros gobernantes deben actuar en beneficio de la patria
y no del partido; hay quienes pensamos que condenar a nuestro país a
indemnizar los daños ocasionados a cualquier persona (nacional o
extranjera), por sus arbitrariedades, debería repercutir en nuestro
propio beneficio, como muestra de seguridad jurídica.
Si usted discrepa de esta posición por razones jurídicas o
ideológicas, yo respeto su posición y defiendo su derecho a expresarla,
pero no por eso debe buscar el camino fácil de encarcelar a su
adversario, y menos aún a sus abogados. Si le ha molestado el criterio
de los asesores de la empresa que ha demandado a nuestro país, ocúpese
de destruir sus argumentos y no las vidas y la libertad de los abogados
asesores. Asesorar, abogar y representar a una persona natural o
jurídica contra un Estado, lejos de constituir delito, es una tarea
seria y responsable, tan noble como la que seguramente usted le estará
prestando a la principal empresa nacional.
Lo paradójico de su criterio es que confirma una verdad irrefutable.
Actualmente, nuestro Poder Judicial no está capacitado para administrar
justicia con imparcialidad, al menos en los casos donde esté en juego
algún interés gubernamental. ¿Cómo entonces cuestionar que alguien
busque un tribunal menos parcializado? ¿No somos capaces acaso de vencer
en derecho frente a jueces imparciales? Incluso, usted resaltó, en su
voto salvado de la sentencia que avaló la apertura petrolera, la
importancia de que los conflictos de envergadura se mitiguen “las dudas
sobre la posibilidad de que el sentimiento nacionalista imper(e) sobre
la ratio fundamental de un fallo definitivo, que no puede ser otro que
la justicia”. ¿Cómo ahora invocar abnegados intereses nacionalistas para
cuestionar la función principal de los abogados?
No sé cuál será la lóbrega intención de tan desatinada postura. Si
estos fueran ajenos a la justicia, la historia sabrá darle su puesto de
arbitrista. Y si fuese sólo una precipitada respuesta improvisada,
nuestro gremio le exige una dispensa. Yo estaría dispuesto a dársela.
Dra. Rondón, no estoy involucrado en el caso de la ExxonMobil, ni
siquiera se qué abogados la representan en estos juicios. Pero si de
algo estoy seguro es que eso no es delito alguno. Seguramente sus
comentarios crearán un efecto disuasivo frente a muchos profesionales
del derecho, pero seguramente habrá quienes no nos dejaremos amedrentar,
pues la lucha por la justicia tiene muchos obstáculos, y uno de ellos
es la intolerancia del poder.
Sus comentarios coinciden con uno de los momentos más tristes del
ejercicio de la abogacía, donde los profesionales del derecho tenemos
que sortear los obstáculos más sagaces. Tenemos una justicia dependiente
y deferente y ahora hasta a directivos del gremio nombrados por
sentencias. Pero esto lo vamos a cambiar, eso lo veo en los ojos de mis
alumnos, en el alma de las nuevas generaciones. Vendrán mejores
momentos, nos acercaremos a la justicia…
Atentamente,
Rafael J. Chavero Gazdik
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
http://www.lapatilla.com/site/2011/12/29/rafael-j-chavero-carta-abierta-a-hildegard-rondon-de-sanso/
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