El tribunal entrega a Caracas a un presunto asesino a la espera de que haga lo mismo con etarras
Por: Manuel Altozano
Fuente: El País (Esp)
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| Chávez y Cubillas Fontán |
La Audiencia Nacional está a punto de enviar un mensaje a Hugo Chávez.
Lo hará, como se hacen estas cosas en Justicia, en forma de auto. Su
contenido, aprobado por el pleno de la Sala de lo Penal y que está
siendo redactado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, viene a ser
el siguiente:
Concedo la extradición a Venezuela de un presunto asesino machista nacido en ese país aunque con nacionalidad española, pero con una condición. Que Caracas dé garantías de que hará lo propio con los delincuentes nacidos en España y con doble nacionalidad que acoge y que están reclamados por jueces españoles.
Concedo la extradición a Venezuela de un presunto asesino machista nacido en ese país aunque con nacionalidad española, pero con una condición. Que Caracas dé garantías de que hará lo propio con los delincuentes nacidos en España y con doble nacionalidad que acoge y que están reclamados por jueces españoles.
Lo más probable es que la resolución no los nombre, pero en el
estudio del asunto estuvo muy presente el caso de Arturo Cubillas Fontán
—funcionario del Gobierno venezolano procesado por el juez Eloy Velasco por pertenencia a banda armada
como presunto organizador de cursillos de manejo de armas y explosivos a
miembros de ETA en aquel país— y de otros cinco presuntos etarras
implicados en la misma trama. La orden de busca y captura contra Cubillas Fontán
emitida por el juez español causó un conflicto diplomático con Venezuela.
Chávez calificó de “señalamientos infames e inaceptables” las
afirmaciones realizadas por el magistrado de que su Gobierno colaboró
con ETA y las FARC. Hasta el momento, las autoridades venezolanas se han
negado a detener a Cubillas a pesar de la orden internacional de
detención cursada contra él. Y la justicia de ese país se niega a
extraditarlo argumentando que la Constitución venezolana impide entregar a sus nacionales.
España, sin embargo, sí atendió en junio la orden internacional de
detención de un juez venezolano contra Alejandro Iglesias y arrestó en
Santiago de Compostela a este presunto asesino machista, acusado en ese
país de “homicidio calificado por medio de incendio y por motivos
fútiles e innobles”. Según la justicia de ese país, tras una discusión
por motivo de celos”, Iglesias “roció a su novia, Bárbara González
Camanica, con una sustancia combustible desconocida y después la prendió
fuego”. Acto seguido la dejó en un hospital y se dio a la fuga. La
mujer, con quemaduras en el 70% de su cuerpo, falleció.
Cauce de colaboración
La situación de Iglesias en España es similar a la de Cubillas y
varios de los etarras reclamados —José Ignacio Etxarte, José Ángel
Urtiaga, José Miguel Arrugaeta, Ignacio Domínguez y José María Zaldua—
en Venezuela pero a la inversa. El presunto homicida nació en ese país
en 1981, pero en 1996 optó por la nacionalidad de su padre, la española.
Aun así, a diferencia de lo que hizo Caracas con Cubillas, la Audiencia
ha decidido entregarlo. Porque, según la legislación venezolana,
Iglesias conserva la nacionalidad de ese país a pesar de ejercer la
española. También porque los hechos que se le imputan se cometieron en
Venezuela y sobre una víctima de ese Estado, luego es este quien debe
investigarlo.
La solución dada por la Audiencia al caso busca abrir un cauce de
colaboración judicial entre ambos países —roto desde la reclamación de
los presuntos terroristas— y escenificar la buena voluntad de la
Justicia española. El tratado de extradición entre ambos Estados les
permite denegar la entrega de sus nacionales, pero la Audiencia rechaza
ejercitar ese derecho porque, en ese caso, el asesinato machista
quedaría impune.
El delito imputado a Iglesias por Venezuela es, además, de mayor
gravedad que los que la Audiencia achaca a Cubillas y el resto de
presuntos etarras que le reclama España. El Código Penal venezolano
castiga esa infracción con una pena de entre 15 y 20 años de cárcel,
mientras que la pertenencia o colaboración con organización terrorista
que pesan sobre Cubillas y el resto de presuntos miembros de ETA oscila
entre los cinco y los 14 años de prisión.
La garantía de reciprocidad exigida a Venezuela por la entrega de
Iglesias no es la única condición impuesta por el tribunal. En caso de
ser condenado, el presunto homicida podrá exigir cumplir su pena en
cárceles españolas. Ahora, como en todas las extradiciones, la última
palabra sobre su entrega a Caracas corresponde al Consejo de Ministros.
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