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La asamblea nacional a través de la Comisión de Contraloría
conforme el expediente Numero 1435 relacionado con las “Presuntas
Irregularidades Administrativas ocurridas en el Fondo de Pensiones y
Jubilaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, concluye su análisis
con la siguiente recomendación: Absuelve de todaresponsabilidad política a
las personas denunciadas en este caso, fundamentalmente el Sr. Rafael
Ramírez Ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo y Presidente de
PDVSA y el Sr. Eudomario Carruyo, Ex Director de Finanzas de PDVSA y
Presidente del Fondo de Pensiones de PDVSA, la pregunta es; ¿Quiere
decir entonces que existe responsabilidad administrativa?. Ordena además
esta Comisión desincorporar del sistema de registro de denuncias el
caso, es decir eliminar el expediente. Dejando así resuelto un caso de
corrupción, de mala administración, el cual fue denunciado por varios
diputados de la asamblea nacional y de conocimiento público. Estoy
seguro que si este caso se tratase de una empresa privada o de una
institución gubernamental gerenciada por personas de la oposición en una
gobernación o alcaldía, el caso hubiese tenido una sentencia con
RESPONSABILIDAD POLITICA y ADMISTRATIVA, y las personas implicadas
tendrían que recurrir al exilio como muchos de nosotros por falta de
justicia en Venezuela. Pero tratándose de “los panas de la revolución”,
la situación es otra. La ironía es que fue la propia la Security
Exchange Comision quien determino el fraude del Sr. Illaramendi a los
Fondos de PDVSA.
La primera sensación que uno tiene al leer el informe de la
Comision, es su superficialidad, lleno de justificaciones sobre la
actuación de quienes son responsables de la administración de los
fondos, y por supuesto como se dice buen criollo a Rafael Ramírez ni con
el pétalo de una rosa se le toca. El informe descarta que exista un
daño al patrimonio público y hablan de una metodología de evaluación de
riesgo que no se explica cómo funciona. En realidad es evidente luego de
leer los diferentes puntos del citado expediente, es que se trata del
mismo informe preparado por Eudomario Carruyo y enviado a la asamblea
nacional.
Los datos sobre el patrimonio del fondo indicado por el Sr.
Carruyo parten de la premisa del carácter capitalista con el cual fue
creado el Fondo. Los 581 millones de dólares colocados en MKG
Inversiones administrada por el Sr. Illaramendi, se minimizan al
indicar que solo se trata del 17% del patrimonio de los recursos del
Fondo. El Sr. Carruyo no menciona en donde y como tiene colocado el
resto de la cartera, dinero que según informaciones también se encuentra
atrapado en instituciones financieras intervenidas por el gobierno.
Destacan como un punto clave para la absolución de la
Comision, negar que Sr. Illaramendi fuese empelado de PDVSA y con este
argumento pone en duda la denuncia sobre el daño patrimonial al fondo.
Sin embargo el informe no indica sobre las actividades de asesoría
hechas por Illaramendi en PDVSA. Tampoco se menciona la aceptación de
culpabilidad de Illaramendi y al contador público familiar de la misma
firma de auditoría externa del Fondo de Pensiones.
El informe justifica la colocación de esos recursos en el MKG
para alcanzar la llamada tasa técnica del 10%. Esta tasa se refiere al
rendimiento real que el fondo debe obtener para lograr en el largo plazo
garantizar la pensión de los trabajadores. Lo que no menciona el
informe es la obligación de los administradores del fondo de colocar
esos recursos en fuentes seguras y con clasificación triple A, para así
tener la suficiente “tranquilidad” que los fondos están seguros.
El informe de un plumazo exime de responsabilidad a la junta
directiva de PDVSA, obviando la normativa de PDVSA y los propios
estatutos de la Asociación Civil Del Fondo de Pensiones, un hecho
insólito, el cual solo refleja el control de los poderes públicos desde
Miraflores para exculpar al Sr. Ramírez y Carruyo.
Lo anterior, nos indica la urgente necesidad de cambiar la
conducción de nuestro país. Lo ocurrido en el fondo de pensiones de
PDVSA es solo una pequeña muestra de cómo la corrupción, la complicidad y
la mala administración del patrimonio público se maneja en el país.
Esos 581 millones si en algún momento pueden ser recuperados será
gracias a la actuación de la SEC una institución creada para vigilar el
buen uso de los recursos invertidos en instituciones financieras como
MKG, establecida en el Imperio. Nada en el informe refleja cuales son
los pasos dados por PDVSA para tener devuelta esos recursos en manos de
los jubilados, solo la prisa para deshacerse de la denuncia.
@JFernandeznupa. NO MAS PRESOS POLITICOS NI EXILIADOS.
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