Por Pedro Carmona Estanga
Las
autocracias arremeten en varios países de la región, con la pretensión
de atornillarse en el poder en forma hegemónica. Tras largos períodos
dictatoriales, el avance democrático casi perfeccionado en América
Latina en la década de los 90, que tantas esperanzas de estabilidad y
madurez política trajo, ha cedido el paso a regímenes que, amparados en
una legalidad en el origen, han luego subyugado a todos los poderes y se
deslegitiman en su gestión gubernamental.
Con excepción de Cuba, máxima expresión del totalitarismo, el retorno
democrático ocurrido en Chile y Nicaragua en los años 90, y antes en
Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay, R. Dominicana y
Uruguay, hizo pensar que quedaba atrás el historial de nefastas
dictaduras entronizadas en la región. En esos tiempos, Costa Rica,
Colombia, Venezuela y México pese a la hegemonía unipartidista, se
constituyeron en baluartes de la democracia, con líderes indoblegables
como Figueres, Betancourt, Caldera, Villalba, Haya de la Torre, Lleras
Camargo, Velasco Ibarra, Frei, y tantos otros que adversaron a las
tiranías de Trujillo, Somoza, Duvalier, Pérez Jiménez, Stroessner,
Pinochet, Batista y al régimen de los hermanos Castro, éste
inexplicablemente medido por la comunidad internacional con una doble
moral, pese a sus represivas ejecutorias.
Chávez llegó al poder en 1998 mediante elecciones, merced al error de
quienes pensaron que encabezaría un cambio respetuoso del Estado de
Derecho, y bajo la premisa de sólo le sería posible permanecer en el
poder cinco años, como lo preveía la Constitución de 1961. El
hecho es que el dos veces golpista presidente ha implantado un régimen
caudillista de inspiración marxista, y no oculta su afán de perpetuarse
en el mando, mientras demuele la democracia desde adentro, contando con
Fidel Castro como mentor y colíder del proceso. No hay un solo paso
relevante del régimen venezolano que no sea urdido con La Habana, como
lo reconoce Chávez al referirse a sus estrategias de adoctrinamiento
ideológico, la creación del ALBA, la formación de las milicias y el
desarrollo de las misiones, entre ellas la más sibilina: la misión
identidad, con la cual manipula las elecciones a su antojo.
Dos
ejemplos más de data reciente son la millonaria multa impuesta al canal
Globovisión para tratar de quebrarlo sin tener que decretar su cierre, y
el desconocimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre la inhabilitación del precandidato Leopoldo López, en
olímpico desconocimiento de los preceptos constitucionales respecto a la
prevalencia de los Tratados Internacionales de derechos humanos sobre
la legislación interna. Otro triste ejemplo ha sido la arbitraria y poco
ética demanda del Presidente Rafael Correa de Ecuador, contra el diario
El Universo de Guayaquil.
La realidad es que con el dinero de todos los venezolanos se ha
creado una poderosa maquinaria política y mediática al servicio de la
toma absoluta del poder en Venezuela, cuyo guión se estimula en otras
naciones mediante procesos constituyentes que terminan como instrumentos
para constreñir el régimen de libertades, los medios de comunicación y
subordinar a todos los poderes al Poder Ejecutivo. En el caso
venezolano, la destrucción del sistema descansa en la absurda afirmación
de que la revolución está por encima de la Constitución, ejemplo que
cunde en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, con intentos en Argentina, El
Salvador, Perú y Honduras, todo ello ante la inerme actitud de las
fuerzas opositoras, debilitadas o atomizadas.
Uno de los más aberrantes casos, el de Nicaragua, es comentado por el
disidente ex Vicepresidente de ese país Sergio Ramírez, en su columna
en El Tiempo de Bogotá (16/10/2011), en la cual refiere cómo el
Comandante Daniel Ortega se presenta de manera inverosímil como
candidato a la presidencia, a pesar de una expresa prohibición
constitucional, ello con el insólito aval de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo Supremo Electoral, órganos irrestrictos al
Presidente, y con el financiamiento de recursos del convenio petrolero
con Venezuela. Afirma Ramírez que el partido de gobierno tiene la
maquinaria lista para fabricar una mayoría en la Asamblea Nacional y
luego sustituir la Constitución Política, aprobar la reelección
indefinida y afianzar un régimen totalitario. Es claro que para Ortega
la democracia es un estorbo, como lo es para los miembros del ALBA, los
cuales cumplen con rituales electorales en busca de legitimidad.
En
efecto, los procesos constituyentes en Bolivia y en Ecuador promueven la
concentración del poder a nivel presidencial, la limitación de las
libertades políticas, y la apertura de graves fisuras que afectan la
unidad de dichas sociedades.
Tampoco era imaginable hace tan sólo unos años que Venezuela
devendría en el principal aliado de execrables despotismos como Cuba,
Siria, Libia, Irán, Bielorrusia, Zimbabwe, China y Rusia, y de
movimientos revolucionarios de distinta pelambre. Más grave aún
es el total entreguismo a Cuba, sin precedentes en la historia patria, a
través de la masiva presencia de contingentes cubanos que controlan
sectores estratégicos como la identificación, extranjería, inteligencia,
seguridad, notarías, registros, sanidad, educación, comunicaciones, la
guardia presidencial y la salud misma del gobernante, la injerencia en
delicados temas militares, o la sacrílega degradación de los símbolos
patrios, con el izamiento y homenaje a la bandera cubana en un Fuerte
Militar, o los tributos al Che Guevara, a Tiro Fijo y a Reyes.
Es además injustificable el improvisado manejo de la reclamación
territorial con Guyana, bajo el absurdo argumento de que el diferendo
fue estimulado por el imperio, evidenciando así que por encima de los
legítimos intereses de la patria, está el valor estratégico que se
atribuye al apoyo de los países del Caricom, por consejo de Fidel
Castro.
Las venideras elecciones venezolanas en octubre de 2012 no
ofrecen las debidas garantías, y ello genera inconformidad en círculos
opositores, estimulada por la debilidad de la Mesa de la Unidad en
exigir mayor transparencia y equidad, hasta el punto de que el Rector
del CNE Vicente Díaz, único miembro independiente de dicho organismo, ha
denunciado públicamente el abierto ventajismo presidencial, en
contravención al Estado de Derecho.
Los partidos políticos
yerran al creer que las denuncias de fraude electoral alientan la
abstención, cuando es todo lo contrario: muchos se abstienen al percibir
que su voto no es debidamente respetado. Como una muestra reciente más,
la inscripción de los venezolanos en el exterior está siendo
deliberadamente demorada por el CNE y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Es justo por tanto exigir al CNE que permita la
auditoría del Registro Electoral Permanente, el cual se encontraría
inflado con millones de votantes fantasmas, y que se limite el descarado
ventajismo oficialista, se haga buen uso de las máquinas de votación y
se revierta la intimidante decisión de colocar captahuellas junto a las
máquinas. Lo que está en juego no es cosa de niños. Se trata ni
más ni menos del futuro político de la nación, y del sagrado destino de
las nuevas generaciones de venezolanos.
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