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La norma fija un canón máximo y da derecho al inquilino a adquirir la
vivienda tras 20 años de renta. Afirman que se basa en el modelo cubano y
"da luz verde a algunos abusos"
Una nueva ley de alquiler de viviendas abrió el enfrentamiento en Venezuela entre la visión "socialista" del presidente, Hugo Chávez, de intervenir un mercado golpeado por el déficit y la especulación, y de los propietarios, que temen por la propiedad privada y la oferta inmobiliaria.
Una nueva ley de alquiler de viviendas abrió el enfrentamiento en Venezuela entre la visión "socialista" del presidente, Hugo Chávez, de intervenir un mercado golpeado por el déficit y la especulación, y de los propietarios, que temen por la propiedad privada y la oferta inmobiliaria.
El jueves pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que deberá
ser sancionada por Chávez para su entrada en vigor y con la que el
Gobierno busca, según explicó el diputado oficialista Diosdado Cabello,
establecer "reglas del juego claras". La norma prevé que el canon de
alquiler anual no supere el 5% del valor del inmueble, así como el
derecho del arrendatario a adquirir la vivienda después de 20 años de
renta y la constitución de una Superintendencia de Arrendamientos, por
cuyo fuero pasarán toda la relación entre dueños e inquilinos.
Grupos de propietarios han elevado sus críticas contra la legislación e
incluso han pedido a Chávez que no la sancione, por considerarla
"desequilibrada". El presidente de la Asociación de Propietarios de
Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, explicó que la ley "da luz
verde a algunos abusos que algún inquilino pueda cometer" y aseguró que
el "único antecedente" parecido a esta norma en Latinoamérica es una
reforma emprendida en Cuba en la década de los sesenta.
"La ley de reforma urbana trajo (en Cuba) una situación similar, donde todos los alquileres pasaron a manos del Estado", sostuvo Orta y subrayó que la mayoría de países de la región tienen leyes que protegen socialmente la vivienda y el derecho a la propiedad.
"La ley de reforma urbana trajo (en Cuba) una situación similar, donde todos los alquileres pasaron a manos del Estado", sostuvo Orta y subrayó que la mayoría de países de la región tienen leyes que protegen socialmente la vivienda y el derecho a la propiedad.
Entre los puntos críticos Apiur también cita los "excesivos controles"
que prevé la ley, pues la Superintendencia deberá revisar los contratos,
establecer cánones y dirimir conflictos entre las partes. Además,
observan con preocupación la posibilidad de que se establezcan "precios
ínfimos y alquileres irrisorios" para la venta o arrendamiento de los
inmuebles, que los procedimientos administrativos y judiciales se hagan
"enrevesados y larguísimos" y la venta obligatoria de los edificios con
más de 20 años alquilados.
"Esto es una ley política e ideológica, esto no tiene nada que ver con
la viabilidad y la lógica", declaró, de su lado, el presidente de la
Cámara Inmobiliaria Venezolana, Aquiles Martínez, al canal privado
Globovisión. Y cuestionó que el precio del alquiler se fije a partir de
aspectos como los materiales, metros cuadrados, antigüedad, zona sísmica
y zona geográfica.
El chavismo se defiende
Chávez ha salido en defensa de esta normativa, que para sectores del
oficialismo busca "regular" la relación de arrendamiento en un país con
un déficit estimado de dos millones de viviendas. "Estas son leyes
socialistas para que nuestro pueblo y aquellos sectores que todavía
tienen dudas, que pueden estar confundidos, se beneficien", afirmó el
jueves pasado.
El diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
Tito Oviedo, de la Comisión de Administración y Servicios de la
Asamblea, explicó que la ley "de por sí" reconoce el derecho a la
propiedad privada. "Cuando regulas la prestación de un servicio de
interés social como lo es el arrendamiento, reconoces que hay un
propietario, la ley lo reconoce, y reconoces que hay alguien que
arrienda una propiedad", aseveró.
No obstante, señaló que las protecciones a los arrendatarios se
reconocen sin "menoscabar" los derechos del propietario. "El hecho real
es el cambio de la visión que está ocurriendo en Venezuela", agregó el
diputado, quien advirtió que para Apiur y la derecha venezolana "la
vivienda es simplemente una mercancía y un negocio" y por ello reclaman
un "libertinaje económico".
Además, subrayó que el "drama" de Venezuela es que tiene un sector
productivo, empresarial, que "se basa en la especulación y en la usura" y
recordó que "en la mayoría de los países en Europa hay mucha protección
sobre la persona que vive en arrendamiento".
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