Con la firma del llamado Acuerdo de Cartagena suscrito ayer por el presidente hondureño Porfirio Lobo y el depuesto Zelaya ante el presidente colombiano y el canciller venezolano, parece darse por superada la crisis del país centroamericano que motivó su exclusión de la OEA y un retorno a la normalidad de las relaciones diplomáticas del mismo.
Dicho acuerdo es el resultado de negociaciones y conversaciones en una reunión de los gobernantes de Guatemala, Álvaro Colom; El Salvador, Mauricio Funes; Nicaragua, Daniel Ortega, y Honduras, Porfirio Lobo, en Managua, Nicaragua. Ya Managua anunció el restablecimiento pleno de los canales diplomáticos entre los dos países y llama a que el reintegro de Honduras a la OEA se dé antes del 5 de junio.
Por su parte el gobierno hondureño garantizar el debido proceso dentro de las investigaciones que contra Zelaya se adelantan en ese país, a indultar los cargos considerados como políticos, a estudiar en el Congreso el establecimiento del referéndum como mecanismo de consulta popular y a que el Congreso de Honduras procederá esta semana a reconocer como nuevo partido político al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), dirigido por Zelaya.
El acuerdo obliga al ex presidente Manuel Zelaya Rosales y al actual gobernante Porfirio Lobo a enmarcar todas las acciones y decisiones “en el estricto cumplimiento de la constitución y la ley”.
El FNRP es la facción política que aglutina a los adeptos del ex presidente Manuel Zelaya Rosales por lo que también es conocido como “Frente Zelayista”, pero aún no se tiene certeza en Honduras si Zelaya vuelva al Partido Liberal, que fue la organización política que lo llevó al poder, o mantendrá su lugar al lado de la denominada resistencia.
El FNRP ha señalado hoy a través de su vocero Rafael Alegría, que a pesar de haber autorizado a Zelaya a firmar el documento, analizará punto por punto su contenido, y que discutirán con Zelaya, una vez que regrese al país, los alcances del documento.
La discusión será “si se inscribe como Frente, una coalición o una alianza de fuerzas sociales y políticas para participar en el próximo proceso electoral”, adelantó Alegría. “Todo nos indica que será una alianza, un frente amplio, donde estemos todos los que soñamos con la refundación de nuestra patria”.
También adelantó que enfilarán sus baterías a lograr una reestructuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y una nueva legislación electoral “dado que el TSE continúa en manos de los dos partidos tradicionales y la Democracia Cristiana (todos) severamente cuestionados su legalidad”. Dijo que “someterse ahora a una inscripción con la vieja estructura antidemocrática sería bastante difícil”.
Es evidente entonces que el FNRP, como es tradicional en la izquierda, pretenderá ahora que el Acuerdo de Cartagena constituya ahora que lo acaecido con la destitución de Zelaya Rosales constituyó un ilegítimo golpe de estado (28 de junio de 2009) y que no pueden revisarse las situaciones jurídicas que lo antecedieron porque la justicia hondureña anuló los juicios que por corrupción se adelantaban allí contra el depuesto presidente.
Es un hecho que el FNRP reclamará reconocimiento como víctimas y propenderá porque se juzguen a quienes participaron en la ejecución de la orden del Congreso de destituir a Zelaya Rosales, especialmente mandos militares, además de reclamar las ya anunciadas reformas al sistema político que les permita, aún siendo minoría, ejercer un poder preponderante en la democracia hondureña.
De ahí que en el Acuerdo se establece una cláusula en la que el gobierno de Lobo acepta que admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables, respetando el trabajo de todas las organizaciones de derechos humanos y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Colombia sabemos muy bien a quienes benefician ahora esos apoyos de los Comisionados de la OEA y la ONU y contra quien dirigen sus interesadas críticas y cuestionamientos, apoyando la reconstrucción de ‘memorias históricas’ que solo benefician a quienes actuaron por fuera de la ley para imponer el comunismo como modelo político.
Ya el gobierno de Chávez anunció que intervendrá en el proceso hondureño como veedor internacional no autorizado por la OEA o contemplado en el Acuerdo de Cartagena; la tarea que comenzó el bolivarianismo tiene que ser concluida alineando a la nación centroamericana a sus pretensiones expansionistas y hegemónicas, amparándose en el hecho de que fueron otros gobiernos los que también hicieron posible el Acuerdo.
La moda de los ‘mejores amigos’ abre el portón para que el bolivarianismo comunista pueda actuar libremente en el continente, sin cortapisas, sin observaciones, sin reclamos.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario