Derechos secuestrados

 

El régimen que nos acogota y destruye el país está decidido a acabar con todo y para ello agrede la ciudadanía, conculca muchos de los derechos constitucionales y hasta ha llegado a la barbaridad de transformar derechos ciudadanos en potestades del régimen.

Un ejemplo patético de esto último es lo que ha sucedido con las ya innumerables expropiaciones que se han efectuado, primero en el campo y ahora en cualquier bien o derecho que al dictador le parezca.

Debemos insistir que las expropiaciones son un mecanismo que prevé la Constitución para que en el evento de que se determine, mediante juicio que corresponda, que un bien privado puede llenar todas las condiciones de ser de “utilidad pública”, la nación, a través de sus administradores, puede iniciar los trámites y el juicio correspondiente para que la justicia, tan perdida en nuestra sociedad, determine y acuerde continuar con el proceso. De acuerdo con lo que expresa la Constitución, además del juicio correspondiente, hace falta que se cancele el justiprecio del bien.

La complicidad de jueces que no son tales, la posibilidad de legislar a través del espurio procedimiento de leyes habilitantes inconstitucionales y el abuso de autoridad a que nos quieren acostumbrar, son los procedimientos írritos que se han aplicado en estos terribles doce años.

Más el dictador y sus secuaces invaden muchos derechos que son fundamentales para los ciudadanos de cualquier nación que se precie de tal.

La LIBERTAD, ese preciado bien que es inherente al hombre, se encuentra en muy mala salud entre los límites de Venezuela. Son muchas, demasiadas, las personas que están tras los barrotes de infames cárceles sin que exista razón alguna, ni acusación, ni mucho menor proceso y condena. La presunción de inocencia ha sido abolida.

Aborrecemos adjetivar la LIBERTAD. Esta solo tiene una limitante, los derechos del otro, sea este, persona natural o no. Todas las organizaciones a las cuales Venezuela pertenece y cuyas regulaciones ha suscrito, contemplan la LIBERTAD como un bien inalienable, inviolable.

Sirvan el nombre de la juez María Afiuni como ejemplo y a quien el dictador condenó a treinta años de cárcel, desde hace muchos meses se encuentra padeciendo no solo la infamia de una privación injusta, sino atención mezquina ante una enfermedad terrible.

En idéntica situación se encuentra el señor Alejandro Peña Esclusa a quien, aparentemente, le montaron una acusación después de “sembrarle” armas en el dormitorio de su pequeña hija.

No olvidemos la condena a treinta años de prisión a los Comisarios Simonovis, Forero y Vivas, imputados de complicidad con alguien que no existe, en la comisión de delitos genéricos no identificados y luego de ser sometidos a un juicio inicuo.

Estos cinco ejemplos son solo indicativos de varios otros presos políticos ordenados desde las más altas esferas del régimen.

No podemos olvidar el fallecimiento por desnutrición del señor Franklin Brito quien fue despojado de su pequeño fundo y protestó mediante unas largas huelgas de hambre. Sometido a la desatención de un hospital oficial, falleció, si se quiere, de mengua.

No hablemos de la falta de JUSTICIA que viene explicada por la dependencia absoluta de la gran mayoría de tribunales, donde se procede únicamente para complacer los deseos del dictador. La JUSTICIA, justa (perdonen la redundancia) y oportuna, es también un derecho constitucional.

Todas estas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos nos conducen a una carencia de PAZ que se extiende a todo lo ancho y largo de la nación.

Como se debió haber dicho al momento de la juramentación que no fue tal, Dios y la Patria lo demandarán.

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