Exteriores traslada al embajador el "profundo malestar" del Gobierno tras acusar Caracas a Madrid de "cobardía política" en el asunto Cubillas
La polémica abierta entre España y Venezuela a cuenta de la extradición del etarra Arturo Cubillas ha subido de nivel esta mañana tras la publicación anoche por parte del Ministerio de Exteriores de aquel país de una nota oficial en la que acusa a Madrid de "cobardía política" porque, a su entender, en sus declaraciones públicas los ministros españoles asocian "al pueblo y al Gobierno" venezolanos con la banda terrorista ETA. El Gobierno español ha elevado el tono habitual con Caracas en su respuesta. Según ha asegurado el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha "trasladado al embajador de Venezuela en Madrid el "profundo malestar" del Ejecutivo ante unas acusaciones que considera "inaceptables e injustificables".
Jiménez ha salido de la reunión del Consejo de Ministros para llamar al embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, según ha explicado el vicepresidente. "Existe un profundo malestar en relación con la nota que desde la Cancillería venezolana se vierten acusaciones inaceptables e injustificables y así se lo ha hecho saber la ministra de Exteriores al embajador venezolano en España con el que ha hablado esta misma mañana durante la reunión del Consejo de Ministros", ha asegurado Rubalcaba.
"Queremos que la colaboración con Venezuela en materia de lucha contra el terrorismo mejore, y seguiremos trabajando en esa línea, pero cuando hay posiciones que nos parecen inaceptables e injustificables, como es el caso, se lo diremos", ha añadido.
La Cancillería venezolana emitió anoche un comunicado que decía: "El Gobierno bolivariano considera una demostración de cobardía política, que la clase política española pretenda justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo [ETA], intentando endosárselo al Gobierno y al pueblo de Venezuela". El Ejecutivo de Hugo Chávez "rechaza tajantemente las declaraciones que de manera insistente y repetida han producido el Vicepresidente del Gobierno de España Alfredo Pérez Rubalcaba, la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Trinidad Jiménez y el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, en el sentido de asociar al pueblo y al Gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA", continúa, además de exigir "el cese inmediato de estas declaraciones ambiguas y tendenciosas" por parte de ministros españoles. El comunicado continúa en la portada principal de la web de la Embajada de Venezuela en Madrid.
En su línea habitual, el Gobierno venezolano ataca también en la nota a los medios de comunicación españoles y asegura que "Venezuela, su pueblo y su Gobierno, son objeto día tras día de una violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española, que actúa como instrumento servil de grandes grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución Bolivariana".
El viernes pasado, el Consejo de Ministros acordó pedir oficialmente la extradición de Cubillas, al que la justicia española reclama por presuntos nexos con ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos etarras detenidos el mes pasado declararon ante un juez de la Audiencia Nacional en Madrid que habían participado en un curso de entrenamiento terrorista en Venezuela en el que Cubillas, funcionario del Gobierno de Hugo Chávez, ejercía de anfitrión. Las revelaciones de los etarras confirmaron una línea de investigación previa de la Audiencia.
Este martes, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, elevó el tono en respuesta a la demanda española, al declarar: "Vamos a ver si con la misma eficacia que hablan, ellos [las autoridades españolas] responden". Ortega se refería a la extradición de Mario Leonardo Rocco, un ex funcionario de la policía política venezolana detenido el 22 de septiembre en Canarias por estar involucrado en la muerte de un estudiante durante la intentona golpista del 4 de febrero de 1992.
Cubillas acudió este miércoles a prestar declaración como testigo en la investigación que pidió contra sí mismo en relación con su implicación en la organización de encuentros de ETA y las FARC en suelo venezolano, según la fiscalía. El etarra fue deportado a Venezuela desde Argelia en mayo de 1989, en el marco de un acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Felipe González y de Carlos Andrés Pérez. Desde 2005 trabaja en la Administración venezolana, y en la actualidad es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras. Ha adquirido la nacionalidad venezolana.
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