Producción de la empresa de textiles lleva ya más de cinco meses paralizada y sin producir una sola franela.
Desde mayo de este año, Sonia Restrepo cambió, sin quererlo, la oficina de su textilera por una marcha atribulada entre tribunales, bancos y medios de comunicación. Busca que, al menos, la indemnicen.
Para ser precisos, el 14 de mayo, a las 10 de la mañana, unas 40 personas entre hombres y mujeres, armados, autodenominándose como 'Círculos bolivarianos' y amparados por un funcionario del Ministerio del Trabajo, ingresaron en su empresa y la obligaron a marcharse.
No le mostraron ninguna justificación oficial u orden judicial. Unos 16 empleados, de un total de 26, acompañados por los 'bolivarianos', justificaron su acción asegurando que les debían un mes de sueldo, que ella era una "extranjera explotadora" y que la empresa debía los giros de un crédito otorgado por el Estado.
A las 3 de la mañana del día siguiente, y con una escasa custodia de la Policía de la zona, sin apoyo de alguna autoridad y acompañada de unas pocas empleadas, se marchó de la empresa que le costó 30 años construir y que hoy valora en unos 5 millones de dólares.
Oriunda de Pereira, Restrepo llegó a Venezuela en 1977 (con 25 años) y comenzó un modestísimo negocio de estampados de telas que creció, poco a poco, con la ayuda de créditos ofrecidos por el Estado venezolano, que pagaba al tiempo que crecía la textilera, de nombre JB Diseños. Su factoría, en su mejor momento, llegó a emplear a 180 personas, hace unos 10 años.
Vender el 45 por ciento
Pero su historia de éxito cambió en el 2005, cuando solicitó un crédito al Estado venezolano por casi 1,6 millones de dólares que le fueron entregados con una condición: vender el 45 por ciento de las acciones de la empresa a los empleados. Corrían los tiempos en los que el gobierno bolivariano, aun cuando no se autoproclamaba socialista, promovía la 'cogestión' entre dueños y empleados como una forma de "darle poder al pueblo".
La aplicación de esa fórmula fue ampliamente promovida por el Ejecutivo en empresas de gran envergadura como Venepal (una productora de papeles y pulpa de papel que hoy se llama Invepal) y la Constructora Nacional de Válvulas, rebautizada como Industria Venezolana de Válvulas.
En ambos casos, los trabajadores denunciaron el quiebre de las empresas, que luego fueron "rescatadas" por el gobierno central.
Sin embargo, los clientes de más de 20 años de contacto (grandes tiendas como la cadena Beco y la marca Ovejita, incluso funcionarios del Gobierno a quienes les confeccionaban uniformes), más una hipoteca de su apartamento, mantuvieron a flote a la empresa.
Producción social
Ya había logrado pagar 372.000 dólares del crédito otorgado antes de la ocupación a la fuerza en la que también participaron funcionarios de la Alcaldía del municipio Plaza, en Guarenas, a las afueras de Caracas, lugar donde está ubicada.
La idea, expuesta poco después ante los medios de comunicación por el propio alcalde de la zona, Freddy Gutiérrez, era convertir a la textilera en una "Empresa de Producción Social". Pero el galpón lleva ya cinco meses cerrado y sin producir ni siquiera una franela.
"Querían quebrar la empresa, como hicieron con otras, pero como no pudieron, la tomaron a la fuerza, me la quitaron. Lo único que hicieron fue ponerle un aviso gigante que decía: 'Recuperado por la Revolución Socialista', como si yo me la hubiera robado", se lamenta Restrepo.
Hasta la fecha, a pesar de haber introducido un amparo ante los tribunales y de haber denunciado lo ocurrido ante decenas de periódicos y programas de radio, es poco lo que ha podido avanzar su caso. Sin alguna oferta de indemnización, se apoya en el rumor de que probablemente el Estado le compre -quien sabe a qué precio- su empresa y en la esperanza de regresar a Colombia... y seguir trabajando.
Valentina Lares Martiz / Corresponsal de EL TIEMPO / Caracas
http://www.portafolio.com.co/negocios/empresas/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6494767.html
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