Fuente: ESPECIAL PARA TALCUAL
La cuenta regresiva del presidente estadounidense Barack Obama contra su
homólogo venezolano Nicolás Maduro Moros, se inició en marzo de este
año, cuando su gobierno declaró a Venezuela “una amenaza a la seguridad
nacional” y ordenó sanciones contra siete funcionarios de la nación
sudamericana acusados de violación a los derechos humanos.
La información de la agencia noticiosa Reuters señaló que era “la peor
disputa bilateral” entre los gobiernos de Washington y Caracas desde la
llegada de Maduro al poder, en el 2013.
Aunque funcionarios de la administración norteamericana aseguraron que
la “executive order” de Obama no estaba enfilada contra el sector
energético de Venezuela o la economía en su conjunto, las últimas
acciones del gobierno de Washington indican que el principal objetivo es
afectar el sector energético de Venezuela, y asfixiar a PDVSA, su ente
petrolero estatal.
El punto de partida son los 8.000 millones de dólares en “refinerías de
crudo, plantas de almacenamiento y redes de oleoducto” en Estados
Unidos, de acuerdo a la información divulgada el 22 de octubre por
Bloomberg News.
El problema es que las sanciones contra el gobierno chavista parten de
una “executive order,” una directiva presidencial que implementa o
interpreta un estatuto federal, una provisión constitucional, o un
tratado entre naciones. Eso, en la Venezuela chavista, carece de toda
importancia. Como decía el Martín Fierro, “La ley es como el cuchillo:
no ofende al que lo maneja”. Pero en Estados Unidos, que cuenta con una
presidencia imperial, una “executive order” puede traer muy graves
consecuencias.
Estados Unidos cuenta con tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, y
el judicial. (Eso debe ser otra entelequia para el chavismo en el poder,
donde la canciller opina sobre temas de salud, el presidente de la
Asamblea Legislativa sobre temas judiciales, y el resto de los
funcionarios creen que nada humano o divino les es ajeno).
El presidente norteamericano está autorizado por el Congreso y por la
Constitución, a emitir “executive orders” en pocas ocasiones, porque es
un arma bastante peligrosa, y es preciso utilizarla con suma cuidado.
¿Cuál es el peligro de ese instrumento legal? Que no requiere aprobación
del Congreso.
Por lo tanto, el presidente puede establecer un curso de acción
política, eludiendo el debate público, y los reclamos de la oposición.
Una executive order permitió al presidente Franklin D. Roosevelt enviar a
japoneses nacidos en Estados Unidos a campamentos de internación, una
medida que muchos consideran inconstitucional. Otra executive order
autorizó mandar soldados a Bosnia, en una época en que un fuerte sector
del Congreso se oponía al envío de tropas.
Las sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones a
los derechos humanos, forman parte de la executive order de Obama. Lo
más interesante es que el presidente le añadió una provisión que cambia
las reglas del juego. De acuerdo a The New York Times, Obama “ordenó al
Departamento del Tesoro” investigar a funcionarios venezolanos no solo
por la presunta violación a los derechos humanos “sino aquellos
involucrados en corrupción administrativa”.
La Casa Blanca, indicó el periódico, “insistió en añadir” el tema de la
corrupción en Venezuela. Y eso “fue más allá de lo que se buscaba en la
ley aprobada por el Congreso”. Pues esa ley solo exigía sanciones “en
materia de violaciones de los derechos humanos”.
La ley, tal como fue presentada originalmente en el Congreso, nunca
hubiera puesto en peligro los bienes de PDVSA en Estados Unidos, pues la
empresa no está incursa en la violación a los derechos humanos. Ahora,
con la participación del Departamento del Tesoro en las investigaciones,
la cuestión de los derechos humanos ha pasado a segundo plano, y la
mandarria contra PDVSA ocupa el centro del escenario.
Cuando el presidente Maduro dijo que las sanciones eran un intento por
derrocar a su gobierno, no estaba tan desacertado. Pues arremeter contra
PDVSA es arremeter contra la única fuente de subsistencia del gobierno.
(Alguien debe haberle informado de la participación del Departamento
del Tesoro en las pesquisas).
Pero las torpezas del jefe de estado comenzaron en el mismo momento en
que designó a uno de los funcionarios venezolanos acusados por Estados
Unidos como nuevo ministro del Interior, o cuando ordenó recoger
millones de firmas destinadas a enfrentar la amenaza imperialista.
Entre los siete funcionarios mencionados en la lista del gobierno
norteamericano figuraba Gustavo Enrique González López, director general
del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin). Maduro elogió a González
López durante el discurso en que denunció la intromisión
norteamericana, y de inmediato lo nombró ministro de Interior, Justicia y
Paz.
Cada gobierno tiene derecho a nombrar a los funcionarios que se le
antoje, pero es preferible guardarse las bravuconadas cuando se lidia
con las autoridades de Washington.
Entre sus defectos figuran el disimulo, el rencor, y el estoicismo.
Pueden estar sonriendo por ambos costados de la boca, pero no perdonan
una, y poseen una paciencia franciscana para agarrar al enemigo cuando
menos se lo espera. Manuel Noriega y Saddam Hussein son dos de los
ejemplos, aunque hay otros.
En cuanto a recoger los millones de firmas en cuadernos, no vamos a
indicar, por delicadeza, el uso que podrían haberle brindado a esas
miles de hojas. Pero fue un gasto de energía y tiempo, sin resultado
alguno. Maduro debería haber consagrado todas esas horas que reserva al
insomnio, a pensar en las medidas legales destinadas a frenar la real
amenaza imperialista: las acciones del gobierno norteamericano contra
PDVSA.
Como señaló Reuters, “declarar que un país es una amenaza para la
seguridad nacional es el primer paso en el inicio de un programa de
sanciones. El mismo proceso ha sido seguido con países tales como Irán y
Siria”.
ASFIXIA CONTRA PDVSA COMIENZA EN EEUU
Bloomberg News dijo que la investigación contra PDVSA, anunciada por The
Wall Street Journal el 21 de octubre, “podría poner en riesgo unos
8.000 millones de dólares en refinerías de crudo, plantas de
almacenamiento, y redes de oleoductos” en territorio estadounidense.
Según la agencia noticiosa, tres refinerías petroleras que posee Citgo,
una subsidiaria de PDVSA, cuentan con una capacidad combinada para
procesar 749.000 barriles de petróleo diarios. Los principales activos
de Citgo atañen a una refinería en Lake Charles, Luisiana, que procesa
diariamente 425.000 barriles de crudo. Es un respetable complejo que
incluye muelles para tanqueros y terminales donde se almacena el
producto.
El gobierno de Venezuela tiene un serio problema. El petróleo, su única
fuente de ingresos es, al mismo tiempo, su talón de Aquiles, debido a su
enorme dependencia de Estados Unidos, su principal comprador de crudo.
Venezuela envía diariamente a Estados Unidos un promedio de 733.000
barriles de petróleo. Y Estados Unidos es uno de los pocos países que
paga el producto en dólares. Las transacciones comerciales con China son
de trueque. Vaya uno a comprar vino Chateau Petrus, el preferido del ex
presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y ofrecerlo en trueque por,
digamos, un tramo de oleoducto (el vino cuesta millares de dólares la
botella).
Por lo tanto, urge al gobierno de Caracas conseguir cash a lo que dé
lugar. Pero, si continúa la ofensiva contra los bienes que posee PDVSA
en Estados Unidos, mermará de manera drástica el abastecimiento de
dólares.
La campaña que pondría en riesgo los bienes de Citgo no es la única. The
New York Times dijo que existe gran preocupación entre empresarios
estadounidenses vinculados a la industria del petróleo por la
investigación contra PDVSA. Algunas compañías dispuestas a invertir en
el ente estatal venezolano, han empezado a reconsiderar esa posibilidad.
Luego que el crudo venezolano cayó a la mitad de su precio desde junio
de 2014, dijo el periódico, directivos de PDVSA “comenzaron lentamente a
alejarse de la postura de pública hostilidad que muestra el gobierno
izquierdista hacia las empresas petroleras norteamericanas, y ofrecieron
términos (de contrato) más atractivos”. Pero “ejecutivos petroleros
temen que esas propuestas cesen si se considera que Estados Unidos tiene
como objetivo emprender investigaciones “contra funcionarios de PDVSA
por corrupción”.
El problema con los litigios es que demoran años, quizás décadas, en
resolverse. Es preferible invertir en sectores de bajo riesgo.
Entre tanto, la guerra asimétrica entre Estados Unidos y Venezuela
continuará por bastante tiempo. Quizás Obama abandone la Casa Blanca
mucho antes que algo ocurra en Venezuela. Y es posible que Maduro siga
detentando el poder mucho después de lo que pronostican sus enemigos.
Pero en ese lapso, es inevitable que Venezuela seguirá colapsando. Todo
empeorará porque la economía, no los golpes en el pecho, sigue siendo el
principal factor que brinda comida a los seres humanos, o los priva de
ella. Estados Unidos, como antes Inglaterra, no tiene amigos eternos, ni
enemigos eternos, solo intereses eternos.
Más de un sector energético de Estados Unidos podría prosperar con la
ruina de PDVSA. ¿Nadie le explicó a Maduro la frase “The business of
America is business?”
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