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martes, 27 de octubre de 2015

Obama va directo a la yugular y piensa asfixiar a Pdvsa, empezando por sus operaciones en EEUU

La investigación iniciada por las autoridades norteamericanas contra funcionarios del ente petrolero estatal de Venezuela pone en riesgo “refinerías de crudo, plantas de almacenamiento y redes de oleoducto” que posee PDVSA en Estados Unidos, dice Bloomberg News


La cuenta regresiva del presidente estadounidense Barack Obama contra su homólogo venezolano Nicolás Maduro Moros, se inició en marzo de este año, cuando su gobierno declaró a Venezuela “una amenaza a la seguridad nacional” y ordenó sanciones contra siete funcionarios de la nación sudamericana acusados de violación a los derechos humanos. 

La información de la agencia noticiosa Reuters señaló que era “la peor disputa bilateral” entre los gobiernos de Washington y Caracas desde la llegada de Maduro al poder, en el 2013.

Aunque funcionarios de la administración norteamericana aseguraron que la “executive order” de Obama no estaba enfilada contra el sector energético de Venezuela o la economía en su conjunto, las últimas acciones del gobierno de Washington indican que el principal objetivo es afectar el sector energético de Venezuela, y asfixiar a PDVSA, su ente petrolero estatal.

El punto de partida son los 8.000 millones de dólares en “refinerías de crudo, plantas de almacenamiento y redes de oleoducto” en Estados Unidos, de acuerdo a la información divulgada el 22 de octubre por Bloomberg News.

El problema es que las sanciones contra el gobierno chavista parten de una “executive order,” una directiva presidencial que implementa o interpreta un estatuto federal, una provisión constitucional, o un tratado entre naciones. Eso, en la Venezuela chavista, carece de toda importancia. Como decía el Martín Fierro, “La ley es como el cuchillo: no ofende al que lo maneja”. Pero en Estados Unidos, que cuenta con una presidencia imperial, una “executive order” puede traer muy graves consecuencias.

Estados Unidos cuenta con tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, y el judicial. (Eso debe ser otra entelequia para el chavismo en el poder, donde la canciller opina sobre temas de salud, el presidente de la Asamblea Legislativa sobre temas judiciales, y el resto de los funcionarios creen que nada humano o divino les es ajeno).

El presidente norteamericano está autorizado por el Congreso y por la Constitución, a emitir “executive orders” en pocas ocasiones, porque es un arma bastante peligrosa, y es preciso utilizarla con suma cuidado. ¿Cuál es el peligro de ese instrumento legal? Que no requiere aprobación del Congreso.

Por lo tanto, el presidente puede establecer un curso de acción política, eludiendo el debate público, y los reclamos de la oposición. Una executive order permitió al presidente Franklin D. Roosevelt enviar a japoneses nacidos en Estados Unidos a campamentos de internación, una medida que muchos consideran inconstitucional. Otra executive order autorizó mandar soldados a Bosnia, en una época en que un fuerte sector del Congreso se oponía al envío de tropas.

Las sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos, forman parte de la executive order de Obama. Lo más interesante es que el presidente le añadió una provisión que cambia las reglas del juego. De acuerdo a The New York Times, Obama “ordenó al Departamento del Tesoro” investigar a funcionarios venezolanos no solo por la presunta violación a los derechos humanos “sino aquellos involucrados en corrupción administrativa”.

La Casa Blanca, indicó el periódico, “insistió en añadir” el tema de la corrupción en Venezuela. Y eso “fue más allá de lo que se buscaba en la ley aprobada por el Congreso”. Pues esa ley solo exigía sanciones “en materia de violaciones de los derechos humanos”.

La ley, tal como fue presentada originalmente en el Congreso, nunca hubiera puesto en peligro los bienes de PDVSA en Estados Unidos, pues la empresa no está incursa en la violación a los derechos humanos. Ahora, con la participación del Departamento del Tesoro en las investigaciones, la cuestión de los derechos humanos ha pasado a segundo plano, y la mandarria contra PDVSA ocupa el centro del escenario.

Cuando el presidente Maduro dijo que las sanciones eran un intento por derrocar a su gobierno, no estaba tan desacertado. Pues arremeter contra PDVSA es arremeter contra la única fuente de subsistencia del gobierno. (Alguien debe haberle informado de la participación del Departamento del Tesoro en las pesquisas).

Pero las torpezas del jefe de estado comenzaron en el mismo momento en que designó a uno de los funcionarios venezolanos acusados por Estados Unidos como nuevo ministro del Interior, o cuando ordenó recoger millones de firmas destinadas a enfrentar la amenaza imperialista.

Entre los siete funcionarios mencionados en la lista del gobierno norteamericano figuraba Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin). Maduro elogió a González López durante el discurso en que denunció la intromisión norteamericana, y de inmediato lo nombró ministro de Interior, Justicia y Paz.

Cada gobierno tiene derecho a nombrar a los funcionarios que se le antoje, pero es preferible guardarse las bravuconadas cuando se lidia con las autoridades de Washington.

Entre sus defectos figuran el disimulo, el rencor, y el estoicismo. Pueden estar sonriendo por ambos costados de la boca, pero no perdonan una, y poseen una paciencia franciscana para agarrar al enemigo cuando menos se lo espera. Manuel Noriega y Saddam Hussein son dos de los ejemplos, aunque hay otros.

En cuanto a recoger los millones de firmas en cuadernos, no vamos a indicar, por delicadeza, el uso que podrían haberle brindado a esas miles de hojas. Pero fue un gasto de energía y tiempo, sin resultado alguno. Maduro debería haber consagrado todas esas horas que reserva al insomnio, a pensar en las medidas legales destinadas a frenar la real amenaza imperialista: las acciones del gobierno norteamericano contra PDVSA.

Como señaló Reuters, “declarar que un país es una amenaza para la seguridad nacional es el primer paso en el inicio de un programa de sanciones. El mismo proceso ha sido seguido con países tales como Irán y Siria”.

ASFIXIA CONTRA PDVSA COMIENZA EN EEUU

Bloomberg News dijo que la investigación contra PDVSA, anunciada por The Wall Street Journal el 21 de octubre, “podría poner en riesgo unos 8.000 millones de dólares en refinerías de crudo, plantas de almacenamiento, y redes de oleoductos” en territorio estadounidense.

Según la agencia noticiosa, tres refinerías petroleras que posee Citgo, una subsidiaria de PDVSA, cuentan con una capacidad combinada para procesar 749.000 barriles de petróleo diarios. Los principales activos de Citgo atañen a una refinería en Lake Charles, Luisiana, que procesa diariamente 425.000 barriles de crudo. Es un respetable complejo que incluye muelles para tanqueros y terminales donde se almacena el producto.

El gobierno de Venezuela tiene un serio problema. El petróleo, su única fuente de ingresos es, al mismo tiempo, su talón de Aquiles, debido a su enorme dependencia de Estados Unidos, su principal comprador de crudo.

Venezuela envía diariamente a Estados Unidos un promedio de 733.000 barriles de petróleo. Y Estados Unidos es uno de los pocos países que paga el producto en dólares. Las transacciones comerciales con China son de trueque. Vaya uno a comprar vino Chateau Petrus, el preferido del ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, y ofrecerlo en trueque por, digamos, un tramo de oleoducto (el vino cuesta millares de dólares la botella).

Por lo tanto, urge al gobierno de Caracas conseguir cash a lo que dé lugar. Pero, si continúa la ofensiva contra los bienes que posee PDVSA en Estados Unidos, mermará de manera drástica el abastecimiento de dólares.

La campaña que pondría en riesgo los bienes de Citgo no es la única. The New York Times dijo que existe gran preocupación entre empresarios estadounidenses vinculados a la industria del petróleo por la investigación contra PDVSA. Algunas compañías dispuestas a invertir en el ente estatal venezolano, han empezado a reconsiderar esa posibilidad.

Luego que el crudo venezolano cayó a la mitad de su precio desde junio de 2014, dijo el periódico, directivos de PDVSA “comenzaron lentamente a alejarse de la postura de pública hostilidad que muestra el gobierno izquierdista hacia las empresas petroleras norteamericanas, y ofrecieron términos (de contrato) más atractivos”. Pero “ejecutivos petroleros temen que esas propuestas cesen si se considera que Estados Unidos tiene como objetivo emprender investigaciones “contra funcionarios de PDVSA por corrupción”.

El problema con los litigios es que demoran años, quizás décadas, en resolverse. Es preferible invertir en sectores de bajo riesgo.
Entre tanto, la guerra asimétrica entre Estados Unidos y Venezuela continuará por bastante tiempo. Quizás Obama abandone la Casa Blanca mucho antes que algo ocurra en Venezuela. Y es posible que Maduro siga detentando el poder mucho después de lo que pronostican sus enemigos.

Pero en ese lapso, es inevitable que Venezuela seguirá colapsando. Todo empeorará porque la economía, no los golpes en el pecho, sigue siendo el principal factor que brinda comida a los seres humanos, o los priva de ella. Estados Unidos, como antes Inglaterra, no tiene amigos eternos, ni enemigos eternos, solo intereses eternos.

Más de un sector energético de Estados Unidos podría prosperar con la ruina de PDVSA. ¿Nadie le explicó a Maduro la frase “The business of America is business?”
 
 
 
 
 
 

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