Por considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra opositores, exigen llevar casos a la Corte Penal
HERNÁN LUGO-GALICIA / El Nacional
La confesión del fiscal Franklin Nieves referida a que Leopoldo López
fue enjuiciado con pruebas falsas evidencia cómo en Venezuela se usa el
sistema judicial para perseguir a la disidencia política, lo que
acarrearía sanciones penales en el ámbito nacional e internacional
contra los jefes de los poderes públicos, sostienen expertos y el Foro
Penal Venezolano.
“Las declaraciones de Nieves de que forjó pruebas contra López
muestran el deterioro institucional del país. En una nación democrática y
seria, si un fiscal arma un juicio con pruebas falsas tiene que poner
su cargo a la orden y como se evidencia que recibía instrucciones del
jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz, el Parlamento y el
Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus miembros
porque su conducta ética está en tela de juicio”, afirmó el ex
magistrado Román Duque Corredor.
En el campo jurídico y procesal señaló que el sistema de
justicia violó el principio constitucional del debido proceso y la
tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas falsas, lo que
implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En
consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser
liberado.
“El Poder Judicial, en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió
pruebas falsas, lo que es algo grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz
tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por
intimidación y persecución a la disidencia política. En Venezuela, los
poderes planifican para condenar a la disidencia por lo que la confesión
de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya junto con otras que
revelan cómo se criminaliza a la disidencia”, expuso Corredor.
Sin embargo, aclaró que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así evadir su responsabilidad:
“Aunque la Constitución dice que todo funcionario es responsable de sus
actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la ética
pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno
preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara
nacional e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la
fiscal debe renunciar y someterse a una investigación”.
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay “responsables directos”:
“Es decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales
al servicio de otras personas en el poder para dictar fraudulentas
decisiones judiciales que tienen el único objetivo de perseguir,
encarcelar y torturar incluso a los políticamente inconvenientes”.
Romero describió las “consecuencias terribles” por las
decisiones de tribunales y fiscales como Nieves: 78 encarceladas, más de
2.000 personas con restricciones a su libertad, 200 torturados y
obligados a solicitar refugio por razones políticas.
“En definitiva, el sufrimiento que este esquema de jueces investidos
de maldad, o sometidos a la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta
situación encuadra perfectamente en el concepto de persecución por
motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el
artículo 7 del Estatuto de Roma”.
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