Por: GUILLERMO A. COCHEZ
Fuente: El Nacional
La extradición de Galo Lara al Ecuador en noviembre pasado reveló un
hecho inédito en la historia de las relaciones diplomáticas panameñas.
El 13 de noviembre, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que
aprobó su extradición, Panamá revocó un asilo antes otorgado, a
solicitud de una “supuesta nueva petición de extradición” realizada por
el gobierno de Ecuador. El hecho se dio a pesar de existir denuncia
criminal por mí presentada en contra del ex presidente Martinelli y su
ex canciller, supuestamente por haber derogado el asilo territorial a
cambio de favores económicos. Las investigaciones sobre esta denuncia
aún están pendientes. Según acordó Panamá, entregaba a Lara al Ecuador
bajo el compromiso de “que no recibiría tratos degradantes”.
Creer en respeto de derechos humanos de un régimen perseguidor y
narcisista, como el de Rafael Correa en Ecuador, equivaldría a pensar
que un sátrapa como el norcoreano Kim Yong-un, algún día pensará en
permitir libertad de prensa en su país. No hizo Lara nada más que
bajarse del avión cuando fue enviado a una cárcel lejana, y
prácticamente aislado, violentando sus más elementales derechos humanos;
era el “preso de Correa”, en el cual su gobierno gastó indeterminada
cantidad de dinero para lograr su objetivo de tenerlo preso. Igual
pensamiento sobre un régimen como el de Correa pareciera no emerger en
algunos funcionarios del gobierno de Panamá, como el ministro Milton
Cohen Henríquez Sasso, a quien pareciera que le resulta fácil decir que
es demócrata, pero le cuesta mucho demostrarlo en la práctica cuando se
trata de la satrapía venezolana.
El teniente Eduardo Figueroa pidió su baja del Ejército venezolano y se
radicó en Panamá en mayo de 2014. Allí se casó con una joven española
cuando comenzaron sus problemas con la justicia de su país, y se vio
involucrado en uno de los veintipicos de golpes de Estado que Nicolás
Maduro ha inventado desde que ilícitamente asumió el poder el 10 de
enero de 2013. A Figueroa lo acusaron de golpista junto con otros
militares, pero el joven teniente tenía casi un año fuera de Venezuela,
lo cual resultaba un imposible.
La Oficina Nacional de Refugiados de Panamá negó su refugio con base en
que en el expediente que habían enviado de Venezuela se le buscaba por
“drogas y lavado de dinero”. Era un invento; las organizaciones de
derechos humanos con las que trabajo humanitariamente en Venezuela daban
fe de que lo que querían hacer con Figueroa era que fuese deportado de
Panamá. Lo lograron la semana pasada y los diarios oficialistas del
régimen de Maduro celebraron que habían capturado al “golpista”
escondido en Panamá. Ello revelaba que lo del expediente sobre drogas y
lavado de dinero era una simple excusa.
Enfrenté al ministro Henríquez. Se le limitó a decir que lo habían
deportado como consecuencia del expediente que tenía, totalmente falso,
con el regocijo que demostraron en Caracas ante su repatriación. Que lo
habían pedido por Interpol cuando se sabe cómo el enlace de Interpol en
Venezuela es utilizado para perseguir políticamente a los adversarios
del régimen, y ha habido casos que tales alertas son desechadas luego de
comprobarse el tinte que tienen.
Me duele lo ocurrido, no solo por Figueroa de quien tengo información
que está siendo severamente torturado en su país, sino porque el
compromiso democrático de mi país se está resquebrajando y pareciera
sucumbir ante las presiones que ejerce el régimen de Maduro. En tiempos
de dictadura Venezuela nos dio la mano; pareciera que la retribución
está siendo con patadas. Algo que nunca me imaginé ocurriría de parte de
alguien que como Milton Henríquez se formó en la misma escuela política
social cristiana que yo.
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