09.04.2015
- El Propio | YTR
Este jueves, veinticinco
expresidentes iberoamericanos han firmado la "Declaración de Panamá",
una llamada de alerta a la VII Cumbre de las Américas sobre la "severa crisis democrática" que enfrenta Venezuela.
El
documento fue presentado en la capital panameña, donde iniciará mañana
el foro hemisférico, por los exmandatarios José María Aznar (España),
Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Felipe Calderón
(México) y Osvaldo Hurtado (Ecuador). Lee el texto completo, a
continuación:
Quienes
suscribimos el presente documento, ex Jefes de Estado y de Gobierno
Iberoamericanos, invitados por la Iniciativa Democrática de España y las
Américas (IDEA) y preocupados por el curso que toma la grave alteración
institucional, política, económica y social que afecta sin distinciones
a nuestros hermanos venezolanos, hacemos constar lo siguiente:
La
democracia y su ejercicio efectivo, fundamento de la solidaridad entre
los Estados, consiste en el respeto y garantía de los derechos humanos,
el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho, la separación e
independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las
elecciones libres y justas, la libertad de expresión y prensa, la
probidad y transparencia gubernamentales, entre otros estándares, tal y comoconsta
en la Declaración de Santiago de Chile adoptada por la Organización de
los Estados Americanos en 1959, luego ampliada y desarrollada por
la Carta Democrática Interamericana de 2001.
No
obstante ello, el gobierno de Venezuela denuncia la Convención
Americana de Derechos Humanos y sostiene una política de no
reconocimiento ni acatamiento de las decisiones y pronunciamientos
dictados por los órganos internacionales e interamericanos de tutela de
derechos humanos, afectando gravemente el derecho al amparo
internacional de derechos que consagra la Constitución de dicho Estado
en beneficio de todas las personas.
En
lo particular, es manifiesta la ausencia de independencia de
la Justicia, la persecución judicial de quienes manifiestan y se expresan
políticamente disidentes frente al señalado gobierno, la presencia
reiterada de actos de tortura por funcionarios del Estado, la existencia
de grupos para estatales armados y de apoyo al mismo gobierno, y el
ambiente de total impunidad, a cuyo efecto se le exige la inmediata
liberación de todos los presos políticos, entre otros del dirigente
democrático Leopoldo López y los alcaldes Antonio Ledezma y
DanielCeballos.
Sucesivamente,
funcionarios de la policía política, sin rostros visibles, sin
mediación judicial ni procedimiento de investigación previo, apresan por
la fuerza al Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien
es la segunda autoridad civil de elección popular más importante en la
capital de Venezuela, y hoy se le mantiene recluido junto a otros presos
políticos, en una prisión militar; hecho que, siendo atentatorio del
ejercicio del poder con apego al Estado de Derecho, lo anuncia y celebra
el Presidente de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión
imponiendo previamente un black out informativo sobre la actuación
arbitraria e ilegítima de sus funcionarios acusando luego a Ledezma de
suscribir junto al preso político Leopoldo López y la diputada María
Corina Machado una opinión política en la que afirman el carácter
antidemocrático del gobierno de Nicolás Maduro y señalan las vías
constitucionales que, a juicio de éstos, permitirían superar de conjunto
la crisis venezolana.
Rige
en Venezuela, además, una hegemonía comunicacional de Estado, decidida
por el mismo gobierno desde noviembre de 2004 en su documento La Nueva
Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana. Al
efecto, se han dictado leyes de control de contenidos de la información y
para el incremento de las sanciones penales por delitos de desacato,
promoviéndose la censura y la autocensura de la prensa. La violencia
contra periodistas, columnistas y twitteros tiene carácter sistemático y
se les criminaliza. Han sido cerrados medios de comunicación social
independientes, sea por decisión oficial o propia, por falta de insumos o
papel periódico cuya importación controla el Estado, tanto como se han
suspendido las señales de medios extranjeros o han expulsado a sus
periodistas del territorio nacional.
La
Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, en su Informe de
2013 da cuenta, por una parte, que “en Venezuela se ha producido un
proceso de reformas estructurales del marco jurídico y de aplicación de
políticas públicas que han debilitado las garantías del derecho a la
libertad de expresión en el país” y, por la otra, hay un “uso
persistente de declaraciones estigmatizantes utilizadas por funcionarios
públicos para descalificar a periodistas, medios de comunicación y
miembros de la oposición que expresan ideas, opiniones o difunden
información contraria a los intereses del Gobierno venezolano”.
Desde
2009 la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos “considera
que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al
poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia
venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio
de los derechos humanos en Venezuela”.
Dentro
de dicho contexto, en medio de la aguda crisis venezolana mencionada,
signada por la persecución y judicialización de la oposición
democrática, el gobierno se ha hecho ahora de una “ley habilitante” a
fin de legislar por vía de decretos ejecutivos sobre todas las materias
del orden constitucional y para establecer sanciones, incluidas las
penales, arguyendo la inminencia de un conflicto internacional e
interior, y obviando la necesaria declaratoria si fuese el caso - de un
estado de emergencia que le obligaría someterse al control judicial y su
observación por los organismos internacionales de derechos humanos.
Por
lo mismo, cabe observar que sin la efectiva vigencia de un sistema de
separación e independencia de los poderes públicos, que permita el
control de los mismos, ninguno de los componentes esenciales de la
democracia a los que alude la misma Carta Democrática Interamericana
pueden llegar a tener verdadera aplicación en Venezuela; es decir, no
puede haber posibilidad real de exigir y controlar la transparencia y
probidad de las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública; no hay forma de garantizar el efectivo
respeto de los derechos sociales ni la libertad de expresión y de
prensa; no se puede asegurar la subordinación de todas las autoridades
del Estado, incluyendo la militar, a las instituciones civiles del
Estado; en definitiva, no se puede asegurar el respeto al Estado de
derecho.
La alteración
constitucional y democrática que sufre Venezuela se profundiza,
asimismo, en el plano de lo económico y social, en razón, por una parte,
de los señalamientos y evidencias que suministran gobierno se
instituciones financieras internacionales sobre actos de corrupción y
lavado de dineros agravados que comprometerían a altos funcionarios
y jerarcas militares venezolanos y, por otra parte, al constatarse elderrumbe
de la economía venezolana, en la que si bien influye la caída
internacional de los precios del crudo, sus dimensiones se explican
en la ausencia de políticas públicas propias de una economía sana y
moderna, que ha contribuido al señalado clima de corrupción y la
dilapidación gubernamental de la riqueza nacional.
Ello
ha generado una serie de problemas y desbalances en la economía
venezolana, que van más allá de la caída internacional de los precios
del petróleo y se han profundizado notablemente durante los últimos
años. Éstos y aquéllos se presentan en los ámbitos fiscales, monetarios,
financieros, cambiarios, petroleros y reales, dando lugar a una
recesión muy profunda en el país y a una galopante inflación que mina la
capacidad de compra y los ingresos familiares, acentúa la pobreza,
genera desempleo y deteriora la calidad de vida de la población,
particularmente la de aquellos que menos tienen.
Un
gasto gubernamental desbocado y desordenado que cada vez se distancia
más de sus ingresos, ha generado enormes y crecientes déficits, que hoy
ya alcanzan niveles equivalentes a cerca de 20% del PIB. Eso no solo ha
hecho que la deuda pública se incremente notablemente, particularmente
la interna, sino también que el gobierno haya forzado al Banco Central
de Venezuela (BCV) a financiar buena parte de esa brecha a través de la
creación masiva de dinero sin respaldo que, a su vez, se ha traducido en
un crecimiento dislocado de la oferta monetaria.
Así
las cosas, cuando los consumidores acuden a los mercados o farmacias no
encuentran los productos que buscan, pues la oferta se restringe cada
vez con mayor intensidad, debido a:
- la hostilidad gubernamental a las pocas empresas privadas que subsisten a las ya expropiadas o confiscadas en procura de una economía de Estado;
- la imposición de restricciones de todo tipo a productores y comercializadores, entre ellas controles desmedidos de precios sin tomar en consideración el comportamiento de los costos, condenando a muchos a trabajar a pérdida;
- los muy limitados accesos a las divisas dentro de una economía que poco produce y casi todo lo importa, acumulándose deudas con los proveedores externos;
- la ineficacia creciente de las empresas públicas, muchas de ellas expropiadas o expoliadas al sector privado, que al pasar a manos del Estado producen mucho menos que antes.
En
consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y
obligados a contribuir con nuestra palabra a la afirmación de un clima
de paz y de negociaciones que permitan abrirle senderos a una solución
no violenta a la mencionada crisis, nos permitimos alertar sobre ello
a los gobiernos de nuestros países y a la Cumbre de las Américas, así
como expresar nuestro parecer en los términos siguientes:
a)
La severa crisis democrática e institucional, económica y social que
afecta a Venezuela y a todos los venezolanos no admite sino soluciones
negociadas y sería irresponsable y hasta criminal reducirla o
desfigurarla, en su origen y efectos, a una suerte de confrontación
entre el gobierno de Nicolás Maduro y el llamado imperialismo
norteamericano, o atribuirla a la mera caída de los ingresos petroleros.
b)
Venezuela, a corto plazo y dentro del complejo ambiente que la afecta,
signado por la persecución política de los opositores y la ausencia
separación de poderes como de balances institucionales, vivirá un
proceso electoral para la renovación de los representantes de la
soberanía popular en la Asamblea Nacional; dado lo cual, sólo una
observación internacional autorizada, imparcial, y técnicamente
calificada, que acepte el Poder Electoral actualmente bajo control de
militantes gubernamentales, podrá contribuir con la existencia de
garantías para el debate político libre y el carácter justo, equitativo y
transparente de los comicios planteados.
c)
La corrección de los múltiples desequilibrios macroeconómicos
existentes en Venezuela se logrará a través de la implementación de un
amplio y complejo plan de ajuste, que incluye múltiples componentes como
la racionalización del gasto gubernamental, la eliminación del
financiamiento de gasto público deficitario por el Banco Central de
Venezuela, la ampliación y diversificación de la producción interna; el
estímulo y promoción de la inversión reproductiva; la desregulación de
la economía. Pero su implementación, de suyo difícil y orientada a
corregir los múltiples desequilibrios macroeconómicos existentes, puede
generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en
especial al segmento de más bajos ingresos. Y ello reclamará la
existencia de un liderazgo capaz de producir consensos democráticos,
movilizar y asegurar un amplio apoyo político por la población, para lo
cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales
compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades.
d)
La corrección de los severos desequilibrios que hoy se padecen en
Venezuela exige un cambio radical en el manejo de la cuestión económica,
un giro en su modelo político y económico, que tiene que hacerse dentro
de un contexto de mucha amplitud. A su vez, tiene que responder a un
esfuerzo que ayude a crear las condiciones que aseguren el éxito en
la implementación ulterior de un plan de desarrollo sustentable de largo
alcance; que busque no solo el progreso sostenido en lo económico, sino
también la consecución de los objetivos de desarrollo permanente en
materia política, institucional, social, ambiental, tecnológica,
científica, cultural y de renovación ética. Solo así podrá salir
Venezuela del atolladero que la atenaza, y logrará alcanzar el
desarrollo y el progreso sustentable al que tiene derecho y deben
aspirar todos los venezolanos, sin distinciones de ningún género.
En
suma y como desiderata cabe concluir que la única posibilidad de
restablecimiento de la democracia en Venezuela y de una efectiva
garantía de los derechos políticos, económicos y sociales de los
venezolanos, pasa por el rescate del principio y sistema de separación
de poderes, mediante la designación de sus titulares respetando las
garantías democráticas representativa y participativa establecidas en la
Constitución, de manera de asegurar su independencia y autonomía,
comenzando por el Poder Electoral y a fin de que puedan asegurarse con
imparcialidad, el desarrollo de elecciones libres y justas.
Así lo refrendamos, en el día de hoy, nueve de abril de dos mil quince.
- Nicolás Ardito B., Panamá
- Oscar Arias, Costa Rica
- José María Aznar, España
- Belisario Betancur, Colombia
- Armando Calderón Sol, El Salvador
- Felipe Calderón, México
- Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
- Laura Chinchilla, Costa Rica
- Alfredo Cristiani, El Salvador
- Eduardo Duhalde, Argentina
- Vicente Fox, México
- Felipe González, España
- Lucio Gutiérrez, Ecuador
- Osvaldo Hurtado L., Ecuador
- Luis Alberto Lacalle, Uruguay
- Luis Alberto Monge, Costa Rica
- Mireya Moscoso, Panamá
- Andrés Pastrana, Colombia
- Sebastián Piñera, Chile
- Jorge Quiroga, Bolivia
- Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
- Julio M. Sanguinetti, Uruguay
- Alejandro Toledo, Perú
- Álvaro Uribe, Colombia
- Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
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