Fuente: El Nuevo Herald
Por: CONSORCIO IBEROAMERICANO DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN, CIPI
Foto: Tulio Antonio Hernández Fernández
recibió un pasaporte diplomático en el 2004 y la fiscalía de Venezuela
reconoció el hecho en 2010. Hernández es sospechoso de ser parte de una
red de lavado de dinero en Andorra para el gobierno venezolano.
La Fiscalía de Venezuela reconoció en 2010 la existencia del pasaporte
diplomático emitido en 2004 por la Cancillería venezolana a Tulio
Antonio Hernández Fernández, uno de los dos acreditados como “asesores
del ministro” de Economía y Finanzas investigados por la justicia de
Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del tráfico
internacional de drogas.
Luego de la detención de Norman Danilo Puerta Valera, ex jefe Antidrogas
de la policía científica de ese país (Cicpc), el 7 de junio de 2010, la
fiscal séptima del Ministerio Público de Venezuela, Yemina Carolina
Marcano Rigual —comisionada por la Fiscal General de ese país, Luisa
Ortega Díaz— envió una carta rogatoria a la Justicia de Andorra para
solicitar información sobre ocho ciudadanos venezolanos sospechosos de
estar relacionados con una red de lavado de dinero en la Banca Privada
de Andorra (BPA).
Puerta Valera tenía una cuenta en BPA con $1.4 millones. Fue detenido en
dos ocasiones en Andorra por presunto lavado de dinero proveniente del
tráfico de drogas. Esta red estaba vinculada —mediante depósitos y
transferencias de miles de dólares y euros— a dos cuentas en BPA
inscritas a nombre de Puerta Valera y operaba desde oficinas del Centro
Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), en el este de Caracas con la
complicidad y asistencia de la filial BPA Serveis en Panamá.
En
el expediente elaborado por la Fiscalía, con fecha 15 de junio de 2010,
se mencionan los nombres, números de documentos de identidad (cédula) y
los datos de los pasaportes de todos los investigados. En la lista
destaca el pasaporte diplomático otorgado al venezolano Tulio Antonio
Hernández Fernández como “asesor” del entonces ministro de Finanzas y
actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. De
esta manera el Ministerio Público de Venezuela admitía como válido y
legal el documento.
Foto: Gabriel Ignacio Gil Yánez tenía
un pasaporte diplomático de Venezuela y es sospechoso de ser parte de
una red de lavado de dinero en Andorra para el gobierno venezolano.
También, el expediente oficial de la Policía de Andorra recoge las
declaraciones de Santiago de Roselló Piera, director financiero de BPA,
en las que declara que tanto Tulio Antonio Hernández Fernández como
Gabriel Ignacio Gil Yánez poseían pasaportes diplomáticos.
Otro documento también da fe de la existencia de los salvoconductos. Un
informe elaborado por el oficial de fiel cumplimiento (compliance)
contratado por la BPA —también en 2010— confirma que Gabriel Ignacio Gil
Yánez disponía “de pasaporte diplomático como asesor del ministro de
finanzas”.
En el reporte elaborado por estos analistas se especifica que Gil Yánez
utilizó el pasaporte diplomático emitido por la Cancillería venezolana
para declarar en la aduana de España el dinero en efectivo que ingresaba
a varias cuentas de la BPA en Andorra, según consta en toda la
documentación —más de 150 páginas de informes oficiales— a la que tuvo
acceso el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación
(CIPI). Allí queda reflejado que al menos uno de los depósitos fue por
221,400 euros.
Además, el CIPI obtuvo información que indica que el abogado de la firma
United Consulters de Venezuela, propiedad de Tulio Antonio Hernández
Fernández, era Juan Carlos Thula Rauseo, quien también habría accedido a
un pasaporte diplomático como asesor de ese ministro venezolano.
Una fuente de la Cancillería venezolana validó la versión de que los
involucrados consignaban copias de documentos de identidad y fotografías
a funcionarios de Secretaría de Presidencia para obtener los
“salvoconductos de lujo”.
El narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, apresado el 22 de
septiembre de 2006 en Venezuela y deportado a Colombia, también estaba
en posesión de un pasaporte diplomático como “asesor” del ministro de
Finanzas de Venezuela.
‘ESOS PASAPORTES SE HICIERON EN CANCILLERÍA’
La Cancillería de Venezuela negó en un comunicado difundido el pasado 17
de abril de 2015 “la entrega de pasaportes diplomáticos a personas
investigadas en Andorra”.
Sin embargo, un funcionario del ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela, que accedió a declarar para este trabajo bajo reserva de su
identidad, recordó que no se conocen casos de falsificación o robos de
pasaportes diplomáticos en los últimos 15 años. “Esos pasaportes se
hicieron con material de Cancillería. De dónde más los iban a sacar, de
ningún otro sitio. Es imposible falsificar el material para la
elaboración de esos pasaportes”.
El funcionario explicó que la emisión de pasaportes diplomáticos se rige
por el Reglamento de Pasaportes vigente desde 1974. Este instrumento
define quiénes son los ciudadanos que —por su función o cargo— tienen
derecho a recibir un pasaporte diplomático. En la lista no figuran los
asesores de ministros, pero se establece que el Presidente de la
República tiene la autoridad para ordenar la asignación y elaboración de
pasaportes diplomáticos a cualquier ciudadano.
“En esa época, durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), se hizo
frecuente la emisión de pasaportes diplomáticos para asesores de
ministros. Había problemas con el material para los documentos
ordinarios y nos decían que había que facilitarle los viajes a los
ministros. Por esa razón se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios
asesores de ministros. Por ejemplo, recuerdo el Ministerio de Finanzas”,
precisó el funcionario al CIPI en conversación telefónica.
Ratificó que muchas de estas solicitudes llegaban desde el Palacio de
Miraflores. “Venían de la Secretaría de la Presidencia. Se notificaba al
despacho del ministro de Relaciones Exteriores o del Viceministro, si
ellos los aprobaban se hacían. Los elaboraba la Dirección de Inmunidades
y Privilegios”, dijo.
En esa oficina de la Cancillería, ubicada en la Casa Amarilla, se lleva
un registro de los documentos emitidos en un cuaderno denominado libro
de pasaportes. “Allí se anotan los datos de todos los pasaportes
diplomáticos entregados. Eso se hace para no repetir los números y
mantener el orden correlativo. Por eso todo esto es muy extraño. Todos
los pasaportes se registran y toda la documentación relacionada
(planillas de solicitud) se archiva”, explicó el funcionario, quien
asegura que estos soportes deben estar en el archivo del despacho de
Relaciones Exteriores.
Aseguró que los pasaportes de los asesores del ministro de Finanzas,
vinculados con una red de lavado de dinero, tienen las mismas
características que los documentos de este tipo emitidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. El papel, la presentación, la forma
en que fueron elaborados, los sellos, la tipografía y las firmas de los
funcionarios de Cancillería se corresponden con la de los pasaportes
diplomáticos.
INVESTIGACIÓN DE ANDORRA DUERME EN LA FISCALÍA VENEZOLANA DESDE 2010
El expediente levantado por la Justicia de Andorra contiene
declaraciones y copias de los documentos presentados por los sospechosos
a la BPA en el momento en el que abrieron las cuentas, entre los que se
incluyen los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y de Gil
Yánez. Además de un informe detallado de 10 páginas del oficial de
cumplimiento y una carta rogatoria de la fiscalía venezolana, según se
constata en la documentación a la que el CIPI tuvo acceso.
En 2010, luego de la detención del ex comisario antidrogas Norman Puerta
en Andorra por presunto lavado de dinero, el Ministerio Público
comisionó a Yemina Carolina Marcano Rigual, fiscal séptima del
Ministerio Público para investigar el caso.
El expediente de la “Operación Crù” (Crudo) contiene la rogatoria o
exhorto enviado por la fiscal séptima del Ministerio Público de
Venezuela a la jueza andorrana María Àngels Moreno Aguirre, en el que
solicita “asistencia mutua en materia penal”, como lo establece la
legislación venezolana y la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
La petición de apoyo internacional deja claro que las autoridades
venezolanas iniciaron una investigación por el caso de Puerta Valera
casi de inmediato. “...En lo atinente a la sustentación de la
investigación penal que adelanta la Fiscalía Séptima del Ministerio
Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, identificada con el Nº
NN-F07-0030-10, por la presunta comisión de los delitos contemplados en
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia”, dice el primer párrafo de la
carta rogatoria elaborada en fecha 15 de junio de 2010.
La petición, firmada por la fiscal Yemina Carolina Marcano, menciona a
otras siete personas investigadas junto al ex comisario: Gabriel Ignacio
Gil Yánez, Juan Carlos Thula Rausseo, Tulio Antonio Hernández
Fernández, Yajanira Dayana Ontiveros Linares (esposa de Tulio), Jorge
Luis Mathinson Jiménez, Richard José Cammarano Jaimes y Miguel Antonio
Djamous Kasale.
El exhorto enviado por la Fiscalía Venezolana solicita varias
diligencias, entre las que se enuncian: “copias certificadas de los
testimonios rendidos por Norman Danilo Puerta Valera”, quien fue
detenido en dos ocasiones en el principado, según consta en la
documentación obtenida por esta investigación.
Las autoridades de Venezuela también pidieron a la Justicia de Andorra
copias auténticas de todas las actuaciones de la causa contra Puerta
Valera, así como data migratoria de todos los venezolanos investigados
en la causa e información sobre la propiedad de bienes muebles o
inmuebles de los involucrados.
El Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación contactó,
por medio de una llamada telefónica al despacho, a la fiscal Yemina
Carolina Marcano Rigual, actualmente titular de la fiscalía 27 con
competencia nacional, pero declinó hacer algún comentario sobre el
expediente de Andorra. “No, no puedo darte ningún tipo de declaración de
ningún caso”, respondió.
Los resultados de la investigación llevada a cabo en Venezuela por el
Ministerio Público no se conocen. Todos los involucrados en la presunta
red de lavado de dinero en la BPA se encuentran en libertad y nunca
fueron procesados por ese hecho, ni siquiera el ex jefe de antidrogas
del Cicpc, Norman Danilo Puerta Valera, que reside en el estado Zulia.
Miguel Antonio Djamous Kasale —mencionado en el expediente— fue
asesinado en 2009 en un supuesto intento de secuestro. “El agraviado fue
golpeado por los cuatro sujetos que tripulaban una camioneta. Los
testigos aseguraron que lo arrastraron hasta una edificación cercana y
luego le dieron muerte con varios disparos”, dice una nota publicada en
junio de 2009 por El Universal.
La Cancillería de Venezuela procesó la carta rogatoria enviada a Andorra
por el Ministerio Público en 2010, tal como lo establece el artículo
108 del Código Orgánico Procesal Penal de 2009, y no objetó la
legitimidad del pasaporte diplomático a nombre de Tulio Antonio
Hernández Fernández.
ASÍ SE MOVÍAN LAS CUENTAS
Puerta Valera ocupaba la jefatura de la División Contra Drogas de la
Policía científica de Venezuela (CICPC). Tulio Antonio Hernández
Fernández era uno de los funcionarios, junto a Gabriel Ignacio Gil
Yánez, acreditado con pasaporte diplomático como “asesor” del ministro
de Economía y Finanzas de Venezuela.
Tanto Hernández Fernández como Gil Yánez —quien estuvo preso por intento
de robo de aeronave entre 2010 y 2014— hacían transferencias e ingresos
en efectivo de altas sumas de dólares y euros a la cuenta de Puerta
Valera a título personal y también en nombre de compañías fantasmas
compradas a través de BPA Serveis, una filial de la entidad en Panamá,
según reza en el expediente por la Policía de Andorra e informes de
auditores de una comisión de fiel cumplimiento.
Según el informe de la policía andorrana, Tulio Hernández y Gabriel Gil
utilizaron sus pasaportes diplomáticos para facilitar los trámites de
apertura de cuentas y documentación requerida en la Banca Privada de
Andorra. Por su parte, la entidad financiera se confió de los pasaportes
diplomáticos como soporte de compliance.
Entretanto, a una semana de publicado el reportaje del CIPI, en Venezuela no han sido respondidas las siguientes interrogantes:
¿Por qué no se han pronunciado sobre el caso de Andorra y los supuestos
asesores, Nelson Merentes, ex ministro de Economía y Finanzas de
Venezuela, ni el coronel Manuel Barroso, ex titular de la Secretaría de
la Presidencia de ese país, despacho que tramitó los pasaportes
diplomáticos de los investigados?
El comunicado de la Cancillería de Venezuela se limitó a negar la
emisión de los pasaportes diplomáticos a Hernández Fernández y Gil
Yánez, sin embargo, no explica: ¿Iniciaron las autoridades venezolanas
una investigación para determinar el origen de esos documentos y la
participación de estos venezolanos en la supuesta red de lavado de
dinero?
Al momento de recibir el pasaporte diplomático, Tulio Antonio Hernández
Fernández tenía antecedentes penales por tráfico de heroína, ¿la
Fiscalía venezolana indagó sobre este hecho a propósito de la
investigación del caso Andorra?
0 comentarios:
Publicar un comentario
Haga su comentario