Por: CARLOS SEGOVIA
Fuente: El Mundo
ESCÁNDALO FINANCIERO
En contra del criterio de la Fiscalía y de EEUU
La sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos
Sucursal de la Banca Privada D'Andorra en Andorra la Vella. REUTERS
El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó
hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar
fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que
no es pública y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta sentencia
permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex
dirigentes venezolanos en Banca Privada d'Andorra (BPA), la matriz de
Banco Madrid.
El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y
contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos
financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de
Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una
investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia
de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.
De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal
penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero
venezolano.
Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a
petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de
EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos
jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos
internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por
parte del Gobierno de Chávez.
Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los
venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna
Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia
judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la
Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en
curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar
imprescindible. "Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha
transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida
cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado
otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original
del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede
desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el
levantamiento de las medidas preventivas", sentencia el Tribunal de
Corts.
Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los
beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero
del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del
Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen,
como ya reveló EL MUNDO el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de
Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para "asesorarlas"
en la adjudicación de contratos multimillonarios.
Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar,
primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en
la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a
finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia
Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la
llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA
aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se
proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan
su dinero. "Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en
el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades
andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial". En su informe de
alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones
de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por
el primo de Salazar.
La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las
cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha
descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja
red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de
antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.
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