Fuente: LaPatilla.com/PamAmPost
El coltán ha sido causante de conflictos en África, y su extracción ilegal hace estragos al sur de Venezuela (Correveidile)
La guerrilla colombiana se ha instalado en el selvático estado Amazonas,
en medio de la indeferencia de las autoridades venezolanas y la
preocupación de las colombianas, publica el portal panampost.com en un
reportaje de la periodista Thabata Molina.
Amazonas es uno de esos estados de Venezuela que casi nadie conoce, más
allá de saber que es el segundo más grande del país, o que comparte la
frontera con Colombia por el oeste y con Brasil por el este; pero,
recientemente, las alarmas de las autoridades se encendieron después que
un informe militar admitiera la existencia de miembros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explotando minas de oro y
coltán en ese territorio, para generar ingresos.
Esta región cuenta con una población de apenas 178.670 habitantes, en
una extensión territorial de 177.617 kilómetros cuadrados, en una zona
absolutamente selvática, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadísticas de Venezuela.
El texto elaborado por la Guardia Nacional y fechado en enero de 2015, a
través de un Resumen de Información de Inteligencia (REIN), señala que
“el comando tiene conocimiento de la presencia de columnas guerrilleras
entre los sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del
Orinoco”, en labores de explotación de oro y coltán.
De hecho, el gobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, reconoció la
existencia del problema y declaró al PanAm Post que la situación ha sido
denunciada en reiteradas oportunidades en la Asamblea Nacional, pero
que nadie se ha interesado por solucionarlo.
“A lo largo del río Atabapo se han llegado a contar hasta 24 balsas que
están lavando la arena del fondo del río con mercurio para extraer oro, y
eso ha contaminado los peces, ha desviado el curso del río. Realmente
las autoridades venezolanas han hecho caso omiso, a excepción de una
comisión de Colombia que en algún momento se presentó y quemó algunas
balsas”.
“Esto ha seguido de una manera descarada, pero es que además no son
solamente las minas de oro del cerro La Neblina o la naciente del río
Orinoco, sino que en la actualidad, se están explotando las minas del
municipio Manapiare que es más allá del Yapacana. Esas minas quienes las
vienen explotando están vinculados a la guerrilla colombiana y a los
mineros colombianos”, expresó Guarulla a través de una llamada
telefónica.
En tierra de nadie
En los anexos del informe militar se hace referencia a episodios de
enfrentamientos con guerrilleros colombianos en los que resultaron
heridos efectivos militares, pero además, advierten que las comisiones
castrenses apostadas en la zona han recibido llamadas extorsivas por
parte de comandantes de las FARC.
El coltán es un mineral estratégico que se ha vuelto muy preciado en las
últimas décadas, porque se utiliza para hacer piezas claves para el
funcionamiento de productos electrónicos y teléfonos inteligentes. Su
composición química es una mezcla de Columbio y Tantalio (de allí
procede su nombre) y lo que lo hace tan valioso es que compañías
internacionales lo buscan para elaborar condensadores.
Según el mandatario del estado Amazonas, los altos niveles de corrupción
y la crisis institucional que vive Venezuela han hecho que situaciones
como estas pasen desapercibidas por la ciudadanía, más allá de quienes
viven en la región.
“El gran negocio en este momento en el estado Amazonas es el contrabando
de combustible o de productos comestibles; la Guardia Nacional está
distraída con estos temas y no con lo que tiene que ver con la minería o
la soberanía de nuestro estado”, dijo Guarulla.
Las autoridades colombianas si han reportado el combate de estos
irregulares en la zona fronteriza de Amazonas con Colombia. De hecho, en
noviembre de 2014 fue aprehendido Juan José Rivera Suárez, señalado de
ser pieza clave de las FARC, a quien se le incautó un cargamento de
coltán y uranio, que se presumía había sido extraído de Venezuela.
Operaciones y reportes
El 29 de septiembre de 2014 los efectivos del Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestros de Amazonas recibieron un radiograma en el
que se informaba sobre una llamada que había recibido el Teniente
Coronel Carlos Ramón Noguera Romero, comandante del Destacamento Aéreo 9
de la GNB, de parte de un hombre que se identificó como el “comandante
Chaca”, de las FARC, para pedir “el pago de una cuota atrasada, para que
no hubieran inconvenientes”, según revela el informe.
El último incidente armado reportado por las autoridades, tiene fecha
del 19 de septiembre de 2014, cuando un helicóptero Bell 412EP fue
atacado por un grupo de aproximadamente 50 personas que fueron
detectadas en las inmediaciones de la mina Moya. En el intercambio de
disparos, los militares lograron herir a uno de los irregulares.
En el texto se especifica que el tiroteo se inició aproximadamente a las
13:45 y que la situación fue controlada a las 14:50. Es decir, que los
irregulares tuvieron fuego cruzado con los militares venezolanos por más
de una hora.
En ese episodio los militares lograron detener a Baudilio Antonio
Montoya Hernández, perteneciente al grupo irregular, quien resultó
herido en la zona lumbar, durante el enfrentamiento con los militares.
También fueron heridos los militares Sanderson Peña Álvarez y Josue
Montiel Castro.
Posterior a este hecho fue que los militares comenzaron a recibir las
llamadas extorsivas, específicamente desde el número de teléfono
0212-6501018 (el código de área es de la capital venezolana, Caracas),
en el cual el supuesto comandante “Chaca”, exigía pagos para evitar
nuevos enfrentamientos con las fuerzas militares.
Para las autoridades, hasta los momentos ha sido imposible identificar
desde dónde se efectuó la llamada, pues el número reportado no aparece
registrado en ninguna de las operadoras telefónicas que existen en
Venezuela, por lo que presumen que fue hecha desde un teléfono satelital
desde Colombia.
En uno de los reportes militares, referida a la “situación de los grupos
contraventores”, se dice que las autoridades tuvieron conocimiento de
que los habitantes de la comunidad indígena de “Laja Liza y Cupaben, del
municipio Atures, observaron la presencia de extranjeros en la zona (…)
y que esos extranjeros colaboran con la extracción ilegal de coltán”,
dice el texto.
Según los documentos militares, está identificado un hombre, Richard
Pérez, quien supuestamente sería el encargado de comprar el coltán
extraído en las minas de Amazonas; se sabe también que los miembros de
las FARC contratarían a venezolanos para trabajar en las minas, lo que
les reporta dividendos económicos a las comunidades del área.
Los militares añaden que la extracción de los minerales en el área se
realiza tanto en jornadas diurnas, como nocturnas y que todo lo extraído
es trasladado a través de la red fluvial del Amazonas.
Mucho más que cinco comandantes
Anteriormente las autoridades militares venezolanas también señalaron
que en el estado Apure, que limita al sur este con Amazonas, estaban
instalados cinco comandantes de las FARC.
Los militares venezolanos reportan que estos grupos irregulares que
practican la minería ilegal en Amazonas están muy bien equipados con
vehículo, lanchas rápidas, organización logística, comida y equipos
portátiles para sus actividades irregulares.
Para las labores de investigación y prevención de estas actividades
ilegales, el Comando Regional Número 9 ha destinado a 261 militares
encargados del patrullaje aéreo y fluvial en las zonas donde se
encuentran los mayores yacimientos de coltán, principalmente en el cerro
Pozón Babilla.
Sin embargo, es necesario advertir que la periodista venezolana
Sebastiana Barráez ha denunciado la situación desde 2013, y ha
advertido que en la región está confirmada la presencia de al menos
siete campamentos de las FARC. En sus reportes, asegura que los
militares venezolanos están completamente conscientes de la presencia de
estos grupos irregulares y las actividades ilegales que realizan en la
zona.
Desde 2010 de comenzaron a hacer las primeras denuncias al respecto en
los medios venezolanos, a propósito de una investigación que realizó el
diario El Nacional. Para aquella época, se decía que pagaban hasta 100
bolívares por cada kilo del mineral que era extraído. Sin embargo, en el
reporte militar actualizado, a pesar de que no se especifica la tasa
actual del valor del coltán, se advierte que es “muy costoso”.
Finalmente, el gobernador Guarulla indicó que la problemática del estado
que gobierna podría empeorar a raíz de la eliminación del Ministerio de
Ambiente venezolano, en septiembre de 2014, que era el organismo de
procesar las reiteradas denuncias sobre las actividades de minería
ilegal que ocurren al sur del país.
“Si con la existencia del ministerio fue imposible controlar la
situación, ahora, que no hay quién se encargue, estamos indefensos
frente a la violación de nuestra soberanía y la explotación de nuestros
recursos naturales, sin que ninguna autoridad ponga freno”, expresó el
gobernador
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