El Departamento de Estado anunció la declaración de una emergencia
nacional para hacer frente a la "inusual y extraordinaria amenaza a la
seguridad nacional" que implica la violación de derechos humanos y la
corrupción en Venezuela.
Contrapunto.- La Casa Blanca anunció la mañana de
este lunes que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una
orden ejecutiva sobre Venezuela sancionando a siete venezolanos, tres
oficiales del Ejército, tres oficiales de la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) y una Fiscal del Ministerio Público (MP); en la que se
ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio
norteamericano. He aquí el comunicado divulgado por la Casa Blanca:
Orden presidencial sobre Venezuela:
Hoy el Presidente Obama emitió una nueva orden presidencial al
declarar una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados
Unidos planteada por la situación en Venezuela. Las sanciones objetivos
en la orden presidencial implementan la Ley de defensa de derechos
humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que el presidente firmó
el 18 de diciembre de 2014, y además van más allá de los requisitos de
esta legislación.
Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los
derechos humanos, al proteger los institutos democráticos, y al proteger
el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de
la corrupción pública en Venezuela.
Esta
nueva autoridad se enfoca en personas involucradas en o responsables
por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución
de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso
de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en
respuesta a las protestas contra el gobierno, y las detenciones y
arrestos arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la
corrupción pública significativa de altos funcionarios del gobierno de
Venezuela. La orden presidencial no se enfoca en la gente o la economía
de Venezuela.
De forma específica, la orden presidencial se enfoca en aquellos que
el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el
Departamento de Estado, que estén involucrados en:
- -acciones o políticas que debiliten los procesos o institutos democráticos;
- -actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;
- -acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o
- -corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.
La orden presidencial también autoriza el Departamento del Tesoro,
mediante una consulta con el Departamento del Estado, que se enfoca en
cualquier persona determinada a:
- ser un líder actual o ex líder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o
- ser un funcionario actual o ex funcionario del gobierno de Venezuela.
Se bloquearán o congelarán las propiedades e intereses en propiedades
en Estados Unidos de los individuos designados o identificados por la
imposición de sanciones de conformidad con esta orden presidencial, que
incluyen a los siete individuos indicados hoy en el anexo de esta orden
presidencial, y se prohíbe que la gente de EE. UU. realice negocios con
ellos. La orden presidencial también suspende la entrada a Estados
Unidos de individuos que cumplan con los criterios de sanciones
económicas.
Continuaremos trabajando muy de cerca con otros en esta región para apoyar una mayor expresión política en Venezuela,
y para alentar al gobierno de Venezuela a respetar su compromiso
compartido, según se articula en la Carta de OAS, la Carta Democrática
Interamericana y otros instrumentos fundamentales relacionados con la
democracia y los derechos humanos.
El Presidente impuso sanciones a los siguientes siete individuos indicados en el anexo de la orden presidencial:
- Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.
Benavides Torres es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros
se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas
que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos,
incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas
antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de
Venezuela, miembros de la GNB emplearon la fuerza en contra de los
manifestantes y periodistas pacíficos, incluida la violencia física
severa, agresión sexual y armas de fuego.
- Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
González López es responsable por o cómplice de, o responsable por
solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado en, de
forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o
conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos
humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en
protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.
Como director general del SEBIN, se asoció con la supervisión de los
líderes de la oposición del gobierno de Venezuela.
Bajo la dirección de González López, SEBIN ha tenido un papel
importante en las acciones represivas en contra de la población civil
durante las protestas en Venezuela. Además de causar varias lesiones,
el personal de SEBIN cometió cientos de entrada forzosas y detenciones
extrajudiciales en Venezuela.
- Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.
Noguera Pietri es un ex líder de la GNB, una entidad cuyos miembros
se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas que
constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos,
incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas
antigubernamentales a partir de febrero de 2014. En varias ciudades de
Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a
manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa,
agresión sexual y armas de fuego.
- Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal de nivel nacional del 20.ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela.
Haringhton Padron, en su capacidad como fiscal, acusó a varios
miembros de la oposición, incluido al ex legislador de la asamblea
nacional María Corina Machado y, a partir de febrero de 2015, al alcalde
de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración
relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de estado con base
en información inverosímil y en algunos casos inventada. La evidencia
que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue,
al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos.
- Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
Pérez Urdaneta es un líder actual de la Policía Nacional Bolivariana,
una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos
de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a
los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en
protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014. Por
ejemplo, miembros de la Policía Nacional usaron fuerza física severa en
contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de
Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.
- Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.
Bernal Martínez estuvo al mando del SEBIN el 12 de febrero de 2014,
cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los
manifestantes, y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal
general.
- Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.
Vivas Landino es responsable por o cómplice de, o responsable por
solicitar, controlar o de otra manera dirigir, o ha participado en, de
forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o
conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos
humanos, incluidos aquellos en contra de personas involucradas en
protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014.
Foto: Contrapunto
Según el diario El Nacional,
la fiscal Harrington ha estado vinculada con los casos de la juez María
Lourdes Afiuni, Yendri González, quien irrumpió en la juramentación
como presidente de Nicolás Maduro en la AN, en la Masacre de La Fría y
otros; como también autorizó que el Sebin interceptara la línea
telefónica de María Corina Machado.
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Publicado en
Latinoamérica
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