Fuente: La Razón -Mx
Diosdado cabello, número dos del régimen, es el funcionario de mayor
rango involucrado en actividades delictivas; las causas iniciadas por
autoridades estadounidenses incluyen también violaciones de derechos
humanos
Vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas, cooperación con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), violación a los
derechos humanos… son algunas de las investigaciones abiertas desde hace
siete años por Estados Unidos contra al menos 60 funcionarios
chavistas, incluidos militares y civiles.
El caso más reciente es el revelado por el diario español ABC, que
difundió la investigación que pesa sobre Diosdado Cabello, presidente de
la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, por vínculos con el
cártel Los Soles. De hecho Leamsy Salazar, ex guardia de seguridad de
Hugo Chávez y de Cabello, lo señala como el líder de la organización
criminal.
Al conocerse la información el presidente Nicolás Maduro mostró su
rechazo a lo que denominó una “campaña de la derecha internacional”
contra el presidente del Parlamento.
No obstante, el ex funcionario del servicio exterior Carlos Bivero
declaró al diario El Nacional que, a pesar de los señalamientos del
gobierno bolivariano, el narcotráfico “es un tema de alta prioridad para
el gobierno de Estados Unidos y su política de seguridad”, por lo cual
no debe tomarse como una ofensiva contra Venezuela.
De acuerdo con el funcionario en varias fiscalías de ese país hay
investigaciones abiertas sobre drogas, a las cuales se suman las
violaciones a los derechos humanos, al ser un tema fundamental en su
política exterior.
En 2008 se realizó la primera acusación sobre Ghazi Nasr al-Din, ex
representante diplomático de Venezuela en Damasco, acusado por ayudar en
una red de financiamiento del grupo Hezbolá, considerado por Washington
como una organización terrorista.
De hecho Al-Din fue incluido el viernes pasado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
También en 2008 fueron incluidos en la “lista negra” del buró los
generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, por presunto narcotráfico y
nexos con la guerrilla de Colombia, además del capitán Ramón Rodríguez
Chacín.
Tres años después, en 2011, se sumaron al listado el general Clíver
Alcalá Cordones, señalado por crear una ruta de armas por droga; además
se incluyó a los diputados Freddy Bernal y Amílcar Figuero, acusados de
vender armas a la guerrilla colombiana. Por esta medida los fondos de
los chavistas en territorio estadounidense fueron congelados.
“El gobierno de Nicolás Maduro maneja la versión del ataque al pueblo
porque no hay manera de contrastar la información que llega”, aseguró al
rotativo venezolano Bivero, quien consideró que si en Venezuela
funcionaran los poderes públicos de manera correcta, “se abrirían
investigaciones imparciales ante los señalamientos”.
Pero además de los nexos con el crimen organizado, el Departamento de
Estado ha tomado medidas por abusos contra los manifestantes opositores
ocurridos en las protestas de febrero de 2014.
En diciembre pasado Barack Obama firmó la Ley para la Defensa de los
Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, en la cual se sancionaba
a 56 funcionarios del chavismo acusados de reprimir con extrema
violencia las movilizaciones .
Según la lista difundida por el senador republicano, Marco Rubio, en el
grupo estarían incluidos la fiscal Luisa Ortega, el ex ministro del
Interior Mguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, y los
gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel
Gómez y Alexis Ramírez, entre otros.
De acuerdo con InSight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen
organizado, la nación gobernada por Maduro es el país de América Latina
con mayor riesgo de un aumento de la delincuencia organizada y mayores
amenazas a la seguridad ciudadana en el año 2015.
Venezuela ya es uno de los principales países para el tránsito de la
cocaína colombiana, con cerca de 200 toneladas pasando por allí cada
año.
“Ya no cabe duda de que elementos del régimen chavista, particularmente
del ejército, se encuentran involucrados en el tráfico de drogas. Y su
papel ha ido más allá del de simples facilitadores”, señala la
organización.
En medio de los señalamientos el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos
en el Exilio (Veppex), hizo un llamado a los senadores estadounidenses
Bob Menéndez y Marco Rubio para que califiquen como “narcoestado” al
gobierno venezolano por patrocinar y estimular el narcotráfico en la
región.
A través de un comunicado, la ONG criticó la “defensa a ultranza”
realizada por el presidente Maduro de funcionarios vinculados con
actividades delictivas que, dijeron, se han convertido en una “política
de Estado”.
Veppex consideró urgente y necesario que la administración de Barack
Obama llame de manera correcta a quienes “tienen secuestrados los
poderes del país y estimulan y protegen las actividades ilícitas y crean
leyes para defender su negocio, el tráfico de drogas”.
http://aserne.blogspot.com/
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