POR: ANTONIO MARIA DELGADO
Fuente: El Nuevo Herald
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya inició el
estudio de una denuncia presentada por más de 300 diputados y senadores
de España y América Latina, quienes acusan a la cúpula del régimen de
Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la
cruenta represión de las manifestaciones de este año.
La denuncia, que también acusa al régimen de hacer uso del sistema
judicial venezolano como instrumento de persecución política, atribuye
al chavismo una cadena de violaciones a los derechos humanos que habrían
sido perpetrados por los cuerpos de seguridad del chavismo durante al
feroz represión de los manifestantes que dejó este año más de cuarenta
muertos, cientos de heridos, miles de arrestos y docenas de casos
documentados de tortura.
La denuncia había sido presentada en abril por los legisladores,
agrupados bajo la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA),
organización conformada por diputados y senadores de Iberoamérica
interesados en promover los derechos humanos y los valores democráticos.
En una carta dirigida a la alianza, el jefe de la Unidad de Información y
Evidencia de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional,
Mark Dillon, notificó a los legisladores que su oficina había iniciado
la etapa de indagaciones preliminares.
“Bajo el artículo 53 del estatuto de Roma, el fiscal debe considerar si
existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes dentro
de la jurisdicción de la corte, la gravedad de los crímenes y si el
sistema nacional está investigando y procesando los crímenes relevantes
con el interés de la justicia”, escribió Dillon en la notificación
dirigida al presidente de la APDA, el diputado boliviano Adrián Oliva.
“El análisis será realizado con la mayor celeridad posible, pero favor
de tener en cuenta que un análisis significativo de estos factores
podrían tomar su tiempo”, agregó.
Oliva explicó desde Bolivia que la comunicación emitida por la fiscalía
del CPI es el preludio de una eventual investigación por parte de la
corte de las graves violaciones a los derechos humanos que están siendo
cometidos en Venezuela.
Uno de los puntos a tomar en consideración es la existencia de las
cortes en Venezuela que deberían, de manera natural, proceder a
investigar las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Pero los legisladores argumentaron en su denuncia que eso no es posible
ante la falta de independencia del poder judicial en Venezuela, donde
Maduro gira instrucciones en público a los fiscales para que procese
judicialmente a opositores.
Las pruebas suministradas por los denunciantes incluyen testimonios, y
material recogidas durante las manifestaciones que muestran cómo
representantes de los organismos de seguridad e integrantes de bandas
paramilitares vinculadas con el chavismo utilizaron armas de fuego
contra los manifestantes.
Varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo Human Rights Watch,
han emitido una serie de informes sobre la sistemática violación de los
derechos humanos en Venezuela, que incluyen el uso frecuente de la
tortura contra disidentes.
La decisión de la fiscalía de comenzar a examinar el caso venezolano se
produce en medio de una reciente ola de señalamientos y acusaciones de
que el régimen de Maduro se está tornando cada vez más represivo.
Esa corriente está diferenciando la Revolución Bolivariana bajo el mando
de Maduro frente a lo que era cuando su fundador, Hugo Chávez, estaba
con vida.
El ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Diego Arria,
resaltó que aún cuando Chávez acumuló un inmenso poder y encarceló
arbitrariamente a opositores, siempre se cuidó por mantener las
apariencias.
Eso no está sucediendo ahora con Maduro, cuyo gobierno adquiere cada vez
mayores rasgos dictatoriales, comentó Arria desde Nueva York.
“Venezuela tiene un régimen militarizado, donde más de la mitad de los
ministros son militares, donde los viceministros son militares, y los
presidentes de las empresas estatales también lo son”, dijo el
diplomático. “Estas son las nuevas dictaduras del Siglo XXI, que tiene
un ropaje institucional”.
Pero Maduro, con la represión, se está despojando de todo ropaje institucional. “Está haciendo un striptease”, afirmó Arria.
Y las denuncias de las ONGs y de los legisladores iberoamericanos se
están sumando al coro de voces advirtiendo en la comunidad internacional
que “el emperador va desnudo”, añadió el activista Luis Monch, cuya
organización, UnoAmerica, ha estado respaldando los esfuerzos de APDA
ante La Haya.
“Se está concientizando ante la comunidad internacional respecto a la
sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela”, enfatizó
Monch.
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