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(09 de agosto 2014. El Venezolano).-
La petrolera Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, y la senadora demócrata Mary Landrieu se aliaron para impedir que el Senado de Estados Unidos aprobara las sanciones contra funcionarios venezolanos presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos, publicaron hoy medios estadounidenses.
El diario online “Politico” tuvo acceso a unos e-mails en los que Citgo, subsidaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, se mostraba preocupada por las repercusiones que podría tener en la refinería que tiene esta compañía en Lake Charles en Luisiana si el Congreso aprobaba sanciones contra funcionarios venezolanos.
Citgo se quejó de que las sanciones podrían repercutir en la capacidad de la compañía de importar crudo a esta refinería de Luisiana, lo que podría traducirse en pérdidas de puestos de trabajo, según “Politico”.
Las preocupaciones expresadas por Citgo finalmente hicieron que Landrieu, senadora por Luisiana, objetara que el proyecto de ley se aprobara por la vía rápida en el pleno del Senado antes de que los senadores se fueran el pasado viernes de vacaciones. La refinería de Citgo, construida en 1994, es la sexta más grande de Estados Unidos y emplea a unos 2.000 trabajadores.
Landrieu se presenta a la reelección en noviembre. La semana pasada, la senadora demócrata se mostró preocupada por la repercusiones negativas que esta legislación pudiera tener en la refinería de su estado.
En las elecciones legislativas de noviembre se renueva la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien escaños del Senado. Los republicanos confían en arrebatar entonces a los demócratas la mayoría y el control del Senado.
El proyecto de ley, aprobado ya por el Comité de Relaciones de Exteriores del Senado, se encuentra a la espera de que el pleno de la Cámara alta le dé luz verde.
Para que el Senado apruebe las sanciones por la vía rápida todos los senadores deben dar unánimamente su consentimiento para acelerar el procedimiento. Su trámite por la vía habitual puede llevar meses.
La propuesta de ley bipartista del Senado – redactada por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez – contempla el congelamiento de las cuentas en Estados Unidos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro presuntamente implicados en la ola represiva emprendida contra los manifestantes de la oposición en su país.
La Cámara de Representantes norteamericana aprobó a finales de mayo una legislación similar a la que está siendo estudiada por el Senado.
En caso de que los dos textos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión bicameral para ser unificados antes de ser enviados como una sola iniciativa legislativa a la Casa Blanca. Para convertirse en ley deberá ser sancionada por el presidente Barack Obama.
Durante meses la administración Obama se había mostrado reticente a aplicar cualquier tipo de sanción contra el gobierno de Nicolás Maduro al considerar que existían otras herramientas más efectivas y se había mostrado confiada en que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana tuviera sus frutos.
Sin embargo, el Departamento de Estado norteamericano anunció el pasado 30 de julio la imposición de restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela “responsables o cómplices” de violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición.
Varios senadores y congresistas consideraron que la administración Obama se había quedado corta, al no anunciar sanciones económicas contra los funcionarios venezolanos, muchos de los cuales tienen propiedades y cuentas bancarias en Florida.
La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de productos básicos, ha dejado, de momento, unos 40 muertos y más de 800 heridos.
Fuente: El Carabobeño
El diario online “Politico” tuvo acceso a unos e-mails en los que Citgo, subsidaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, se mostraba preocupada por las repercusiones que podría tener en la refinería que tiene esta compañía en Lake Charles en Luisiana si el Congreso aprobaba sanciones contra funcionarios venezolanos.
Citgo se quejó de que las sanciones podrían repercutir en la capacidad de la compañía de importar crudo a esta refinería de Luisiana, lo que podría traducirse en pérdidas de puestos de trabajo, según “Politico”.
Las preocupaciones expresadas por Citgo finalmente hicieron que Landrieu, senadora por Luisiana, objetara que el proyecto de ley se aprobara por la vía rápida en el pleno del Senado antes de que los senadores se fueran el pasado viernes de vacaciones. La refinería de Citgo, construida en 1994, es la sexta más grande de Estados Unidos y emplea a unos 2.000 trabajadores.
Landrieu se presenta a la reelección en noviembre. La semana pasada, la senadora demócrata se mostró preocupada por la repercusiones negativas que esta legislación pudiera tener en la refinería de su estado.
En las elecciones legislativas de noviembre se renueva la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien escaños del Senado. Los republicanos confían en arrebatar entonces a los demócratas la mayoría y el control del Senado.
El proyecto de ley, aprobado ya por el Comité de Relaciones de Exteriores del Senado, se encuentra a la espera de que el pleno de la Cámara alta le dé luz verde.
Para que el Senado apruebe las sanciones por la vía rápida todos los senadores deben dar unánimamente su consentimiento para acelerar el procedimiento. Su trámite por la vía habitual puede llevar meses.
La propuesta de ley bipartista del Senado – redactada por el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menéndez – contempla el congelamiento de las cuentas en Estados Unidos de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro presuntamente implicados en la ola represiva emprendida contra los manifestantes de la oposición en su país.
La Cámara de Representantes norteamericana aprobó a finales de mayo una legislación similar a la que está siendo estudiada por el Senado.
En caso de que los dos textos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado sean diferentes, deberán ser sometidos a una comisión bicameral para ser unificados antes de ser enviados como una sola iniciativa legislativa a la Casa Blanca. Para convertirse en ley deberá ser sancionada por el presidente Barack Obama.
Durante meses la administración Obama se había mostrado reticente a aplicar cualquier tipo de sanción contra el gobierno de Nicolás Maduro al considerar que existían otras herramientas más efectivas y se había mostrado confiada en que el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana tuviera sus frutos.
Sin embargo, el Departamento de Estado norteamericano anunció el pasado 30 de julio la imposición de restricciones de viaje a Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Venezuela “responsables o cómplices” de violaciones de derechos humanos cometidas contra la oposición.
Varios senadores y congresistas consideraron que la administración Obama se había quedado corta, al no anunciar sanciones económicas contra los funcionarios venezolanos, muchos de los cuales tienen propiedades y cuentas bancarias en Florida.
La crisis en Venezuela, que comenzó el pasado 12 de febrero con las manifestaciones de la oposición para protestar por la inseguridad, el alto nivel de la inflación, la falta de libertades y la escasez de productos básicos, ha dejado, de momento, unos 40 muertos y más de 800 heridos.
Fuente: El Carabobeño
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