Por: Guillermo Cochez:
La pasada semana se dio una especial discusión entre algunos cancilleres
en la XXVIII Reunión de Consulta de la OEA de Ministros de Relaciones
Exteriores, convocada a solicitud de Argentina para tratar la decisión
de un juez de Nueva York de impulsar acciones contra ese gobierno a
favor de acreedores de los llamados fondos buitres de su deuda. Asunto
que, según expertos, era propio del desorden de un país en el manejo
irresponsable de su deuda pública.
Digo especial porque el Consejo Permanente de la OEA ha desestimado
aceptar en su agenda asuntos propios de su competencia como lo son el
fiel cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, como el
respeto de los derechos humanos en países como Venezuela, la protección
de periodistas en Ecuador, y el fortalecimiento de la democracia
mediante la revisión de asuntos propios de procesos electorales
fraudulentos como lo fue la “elección” de Nicolás Maduro en abril del
pasado año.
Quienes, sin ser economistas, averiguamos sobre estos fondos que hoy son
objeto de tanto lloriqueo de parte de las autoridades gauchas, nos
percatamos de que se trata de deudas, malas para los mercados
financieros mundiales, pero legítimamente adquiridas por sus tenedores,
quienes especulativamente las compraron para ver si algún día podían
hacerlas efectivas. Parte de esas millonarias deudas que andan dando
vuelta por allí, al igual que ocurre en Venezuela, Brasil y Panamá, son
el producto de lo que robaron sus gobernantes y que hicieron a más de
uno millonarios a expensas de nuestras sufridas poblaciones.
Un juez de distrito en Nueva York, Thomas Griesa, se paró firme y
reconoció que a esas deudas nadie les puede reducir su valor. Ahora
Argentina enfila su batería contra él y contra el sistema legal de
Estados Unidos. Pero, a pesar de los insultos y malos tratos que las
autoridades argentinas les han dado al mencionado juez y a la justicia
estadounidense, comenzando por su canciller Jorge Timmerman y su
ministro de Economía Axel Kicillof, negociarán con el abogado mediador
que ha designado para tratar de encontrar soluciones a lo que ocurre.
Quienes hemos vivido algún tiempo en las entrañas de la OEA, lo ocurrido
el viernes 4 de julio es inaudito. Timmerman se molestó porque Canadá
objetó la resolución aprobada y Estados Unidos se abstuvo. El joven
ministro de Economía tuvo el tupé de decir que el problema de los fondos
buitres “excede a la Argentina”. ¿Por qué la OEA se interesa en llevar
un tema que ni les da ni frío ni calor a los mercados financieros, y que
sería interesante se explicase por qué un país que fue tan rico como
Argentina haya llegado al caótico estado en que encuentra? ¿Un organismo
que hace una alharaca para discutir cómo ayudar a un país mala paga, y
le da la espalda para que siquiera se oiga la voz de quienes se oponen a
lo que pasa en Venezuela?
La OEA aprobó una resolución donde se brinda “pleno apoyo al logro de
una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración
de deuda soberana argentina”. Eso y cinco centavos de dólar valen casi
lo mismo. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que
ha tenido escasa resonancia mediática como la mayoría de los asuntos
que allí se tratan, concluyó con un apoyo incondicional a Argentina. Si
bien los poseedores de esos fondos pueden llamarlos buitres, basura o
carroñeros, nadie puede tildarlos de delincuentes; serán a lo máximo
oportunistas. Ese calificativo delincuencial se lo deben atribuir a los
gobernantes que, a la sombra de organismos como la OEA y sus llamados
mecanismos contra la corrupción, han robado indiscriminadamente los
bienes públicos, muchos de ellos impagables por lo tanto que esquilmaron
a sus tesoros nacionales.
*ex Embajador de Panamá
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