POR: JESÚS OLLARVES
Fuente: El Nacional
De tanto repetirlo durante más de una década, los venezolanos nos hemos
acostumbrado a escuchar las denuncias del oficialismo sobre “planes
terroristas para derrocar al gobierno, auspiciados por el imperio
norteamericano”. Lo nuevo, y muy grave, es que se haya llegado al
extremo de calificar la protesta social que se profundizó a partir de
febrero de 2014 como “actos de naturaleza terrorista”.
Estamos frente a un régimen antidemocrático que utiliza los mecanismos
del terrorismo de Estado con la pretensión de acallar hasta la más
mínima e inocua expresión de disidencia. El Estado, que en la práctica
se confunde con el Partido Socialista Unido de Venezuela, olvida que
tiene la obligación de garantizar a todas las personas, sin exclusión
alguna, el disfrute y respeto de sus derechos humanos, conforme a lo que
establecen la Constitución de la república y los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.
Se trata de un terrorismo institucionalizado, de una institucionalidad
sin contrapesos democráticos, de una renuencia contumaz al escrutinio
internacional en materia de derechos humanos, bajo la anacrónica y
absurda excusa de la soberanía nacional. La denuncia de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigencia el 10 de
septiembre de 2013, constituye el mayor atropello contra el derecho a
una tutela judicial efectiva, habida cuenta de la falta de independencia
y autonomía del sistema de administración de justicia venezolano.
El gobierno utiliza el derecho penal como instrumento de persecución
política y trata a sus adversarios y críticos como enemigos. En efecto,
se ha instaurado en Venezuela el derecho penal del enemigo. A la par,
reivindica la intolerancia que caracterizó el mandato de Hugo Chávez, a
través del uso reiterado de expresiones estigmatizantes que persiguen el
desprestigio social y aniquilamiento moral de cualquier persona u
organización que no aplauda las ejecutorias de la revolución ni se haga
eco de las supuestas bondades del socialismo del siglo XXI. El gobierno
ni siquiera tolera la imparcialidad, pues aspira a que tirios y troyanos
estén alineados en sus filas y contribuyan a su perpetuación en el
poder.
Estamos ante un terrorismo de Estado porque se ejecutan actos
arbitrarios desde los poderes públicos, porque se emplean métodos
represivos ilegítimos en contra de la ciudadanía en general, porque el
uso desproporcionado de la fuerza pública ha degenerado en brutalidad
extrema, fuerza y pone en peligro la vida de la gente.
La excusa del terrorismo de Estado es preservar el orden constitucional y
la paz y, en forma maquiavélica, se realiza un ataque despiadado e
inescrupuloso de los que, según el gobierno, pretenden alterar la
tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades en el país.
Cuando una de las técnicas aplicadas por el Estado convertido en
terrorista es el blackout informativo el peligro es inmenso: la sociedad
pudiera acostumbrarse a ser víctima de la arbitrariedad.
*Doctor en Derecho, profesor de la UCV y la UCAB. Fue juez superior penal del área metropolitana de Caracas.
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