Este viernes 06 de junio, los abogados de la Juez María Lourdes
Afiuni, José Amalio Graterol y Thelma Fernández, acudieron al Tribunal
17 de juicio de Caracas a fin de solicitar autorización para que Afiuni
ejerza su derecho constitucional a replica contenido en el artículo 58
de la Carta Fundamental con ocasión a las afirmaciones inexactas y
agraviantes realizadas por el Presidente de la Asamblea Nacional
Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión “Con el Mazo
Dando” transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV). La
referida autorización se solicita en virtud de que pesa, sobre la
mencionada juez, una medida cautelar referida a la prohibición de hablar
a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Para el abogado José Amalio Graterol es un acto de cobardía e
irresponsabilidad que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello, a través de su programa de televisión, haga señalamientos
difamantes en contra de la Juez Afiuni, “sabe que sobre ella pesa una
medida que le prohíbe defenderse ante la opinión pública de los
señalamientos falaces y politiqueros que solo pretenden dañar la
reputación de la Juez de Venezuela; señor Cabello lo invito a que se
despoje de su inmunidad parlamentaria y se someta a una investigación
seria con jueces y fiscales imparciales para que le explique al país
como de teniente paso a millonario, y luego pueda hablar de la Juez
Afiuni.”
Por otra parte Graterol señaló que “el presidente de la Asamblea
Nacional está muy mal informado o el Sebin le está dando informaciones
inexactas pues ni yo, ni la doctora Thelma Fernández, hemos sido nunca
ni apoderados, ni defensores del banquero Eligio Cedeño.”
Por su parte la abogado Thelma Fernández recordó que “de acuerdo a la
investigación y a lo afirmado por el propio Ministerio Público la Juez
Afiuni, no recibió dinero alguno ni promesa de este, a cambio de la
libertad del señor Cedeño”
Asimismo señaló que “es el colmo que también se cuestione en este
país la defensa que puedan ejercer algunos abogados sobre determinadas
personas, por el solo hecho de que pueden resultar incómodos para las
pretensiones ilegitimas que tiene el gobierno contra ciertos personajes
de la vida pública, cuando todo el mundo tiene derecho a la defensa,
incluso el mismo señor Cabello quien ha sido señalado muchas veces de
cometer diversos actos de corrupción”.
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