Recomendó que el Gobierno chavista otorgara contratos a una empresa de
Raúl Francois Russian Morrison, quien ha sido cuestionado por presuntos
hechos delictivos.
JOSÉ PERNALETE- DLA
jpernalete@diariolasamericas.com
@jpernalete
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En mayo de 2013, la Corporación de Abastecimiento y
Servicios Agrícolas (CASA, S.A.), empresa estatal venezolana encargada
de la distribución de alimentos creada bajo el Gobierno de Hugo Chávez,
recibió una carta de parte de la directora de despacho del Ministerio de
Turismo, Hazel Chaudary, solicitando la contratación de la empresa Centauro Internacional 99.
La misiva dirigida al director general de
Comercialización y Logística de CASA, Alí Hernández, recordaba que “en
el marco de la reciente visita realizada por el ministro de Turismo
Andrés Izarra al estado Bolívar”, era pertinente la adquisición de
alimentos a través de la empresa Centauro, propiedad de Raúl Francois
Russian Morrison.
DIARIO LAS AMÉRICAS
tuvo acceso en exclusiva a documentos que demuestran que Russian
Morrison, en fechas posteriores a la recomendación del ministro, giró a
través de terceros varios depósitos de dinero dirigidos a la cuenta de
Isabel González, esposa de Izarra. Las constancias de estas
transferencias bancarias tienen fecha de 2013 y 2014 y fueron enviadas a
una cuenta con número 01280086098600041100 del Banco Caroní.
Sin embargo, otros documentos muestran transacciones por un valor de 7.222.000 bolívares fuertes (Bsf) en tres bancos venezolanos entre Russian, Andrés Izarra y su esposa.
El Gobierno de Venezuela ha utilizado en reiteradas
oportunidades la supuesta lucha contra la corrupción, sobre todo en
temporadas cercanas a alguna elección popular. Sin embargo, la evidencia
resalta el común trasiego de influencias por parte del ministro actual
de Turismo en la contratación de una persona cuestionada por presuntos
hechos delictivos.
De acuerdo con un expediente de la Corte de Apelaciones
fechado el 29 de octubre de 2013, Russian Morrison fue acusado por el
Ministerio Público de Venezuela por el delito de apropiación indebida,
vinculada a la supuesta falsificación de documentos legales de una
empresa llamada SERVIADMICON JJ 2005, C. A.
El denunciante ante la justicia venezolana, José Antonio Saada Karam, conversó en exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS
y acusó de estafador al empresario venezolano, quien por cierto cuenta
con al menos cinco empresas registradas a su nombre, una de ellas con
sede en Estados Unidos.
“Este es un personaje [Raúl Francois Russian
Morrison] que me estafó. Él junto a Guillermo Aurelio Halmoguera García
[otro empresario venezolano] falsificaron un documento con el que me
quitaron facultades en la asamblea de accionistas [de la empresa
SERVIADMICON], a la que por cierto nunca asistí”, advirtió.
Saada Karam estima que entre diversas solicitudes de
dinero de parte de Russian Morrisson y retiros de la cuenta bancaria de
la compañía, el imputado se apropió de aproximadamente 700.000 dólares
con la complicidad de Halmoguera. Manifestó que tuvo conocimiento sobre
la modificación del documento al acudir al banco y ser notificado sobre
la sustracción del dinero por parte de sus antiguos socios.
Explicó que Russian continuamente aseguraba que era
sobrino del antiguo Contralor de la República de Venezuela, Clodosvaldo
Russian, para lograr la aprobación de negocios con el Gobierno chavista.
“Con el vínculo que él tenía con el tío solía decir a
otras personas que podía conseguir algunos contratos, pero antes debía
recibir un adelanto de dinero que después pagaría”, afirmó.
Por otra parte, esta investigación ha develado que
el empresario recomendado por el ministro Andrés Izarra cuenta con al
menos cinco empresas, la mayoría de ellas relacionadas con la
distribución de alimentos.
La empresa propiedad de Russian Morrison con sede en Fort Lauderdale se llama BRANCOM, LLC.
Entre los documentos suministrados por la fuente, existen pruebas de
transferencias de altas sumas de dólares entre esa firma y Centauro
Internacional 99.
Una factura con fecha del 27 de febrero de este año
muestra una transacción superior a los 87.000 dólares. Además de ser una
empresa propiedad de la misma persona, destaca la suspensión como
contratista de Centauro Internacional 99 del Registro Nacional de
Contratistas por incumplimiento de deberes contemplados en las leyes
venezolanas.
Una de las interrogantes que surgen es cómo es
posible mover tales sumas de dinero, si el sistema de control de cambio
del régimen venezolano no permite el otorgamiento de dólares a precios
preferenciales a empresas suspendidas.
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