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jueves, 5 de diciembre de 2013

Nuevo Ordenamiento Territorial decreta muerte de Gobernaciones y Alcaldías

Nuevo Ordenamiento Territorial decreta muerte de Gobernaciones y Alcaldías 

Por: Juan Carlos Delgado Barrios

Con el afán de cambiarle el nombre a todo la llamada revolución bolivariana pretende, mediante ley inconstitucional, cambiar la geometría del poder público nacional tal como lo hicieron con el nombre de la república, de las diversas instituciones del Estado, a la bandera, al himno nacional, al huso horario, entre otros cambio realizados como expresión de una acción radical propia de las revoluciones totalitarias al estilo soviético, chino y cubano.

Esta intencionalidad no es nada nueva, Chávez insistió mucho en esta estrategia, que por cierto está contenido en el llamado Libro Rojo de PSUV, que es una burda imitación al Libro Verde de Gaddafi (Libia). Ello nos retrotrae a los objetivos del quinto motor del desarrollo del socialismo del Siglo XXI, la Nueva Geometría de Poder, que el difunto presidente presentó en solicitud de la reforma constitucional en el 2007 y que fue negada por el pueblo soberano. Pero como el régimen coloca los intereses de la revolución por encima de la Constitución la opinión del soberano, o sea la voluntad popular, le importa un comino.

En pleno proceso de renovación de Alcaldes y Concejales en elecciones municipales resulta contradictorio que el régimen pretenda aprobar y darle el ejecútese una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio que, además, de imponer una nueva organización territorial del poder público despoja de competencias a las Gobernaciones y Alcaldías, con especial énfasis, a los gobiernos municipales. Lo que derivaría a que estas instancias progresivamente languidecerían para dar paso al Estado Comunal.

Se interpreta esta acción “legislativa revolucionaria” como una legitimación del avance del socialismo en Venezuela, cuando en la exposición de motivos de la citada ley deja claro que su objetivo es “conducir la política pública hacia la construcción del espacio geográfico socialista”.

Un espacio publico socialista para una sociedad socialista. ¿Que esto del espacio público socialista? Nos preguntamos ante semejante aseveración que excluye de la geografía nacional todo vestigio de diversidad política e ideológica en la interpretación del uso y la gestión del territorio. Se proyecta una política pública unidimensional, excluyente para aquellos gobernadores y alcaldes que no comulguen con el credo del régimen, en desmedro de los ciudadanos que viven en los territorios donde gobiernen los demócratas.

De principio la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio es una ley inconstitucional porque pretende imponer una organización política territorial paralela a la que esta expresada en la Constitución Nacional como son los estados, municipios y ciudades. Los nuevos elementos político-territoriales son: los ejes de desarrollo territorial, las regiones funcionales, los sistemas urbanos rurales, las unidades de gestión territorial político administrativa y las áreas bajo régimen de administración especial que solapan las competencias y ámbitos constitucionales del poder estadal y municipal.

En el instrumento jurídico “socialista” se expresa que la ley servirá para construir una nueva institucionalidad política territorial, en la que la participación ciudadana se vuelca en el ejercicio del poder comunal como instancia de gestión pública, en tanto que y las instancias del Estado, gobernaciones y alcaldías están obligadas a reproducir los lineamientos del modelo de desarrollo nacional.

En esta misma dirección, indica la Ley que la participación ciudadana sólo se logra a través de las instancias del Estado Comunal, como los consejos comunales y del representante comunitario territorial. Estos delegados son elegidos en asambleas ciudadanas y no por la vía del voto secreto, universal y directo consagrado en la Constitución. Entonces, nos asalta la interrogante: ¿Que va a pasar con los Concejos Municipales?; ¿Acaso se van a desconocer a los concejales que fueron electos democráticamente por el pueblo soberano con votos secretos, universales y directos como lo establece la Constitución Nacional?. ¿Caminamos a la muerte del sufragio para elegir los representantes del poder popular?.

Esta participación del pueblo que ellos magnifican para justificar la imposición de su modelo socialista se marginaliza ya que la ley le atribuye casi todas las potestades, competencias y decisiones últimas al poder nacional; y no establece vías adecuadas para la libre y plural participación ciudadana, pues condiciona esa participación a formar parte de alguna instancia del Estado Comunal.

Recordemos, en este sentido, que el sistema comunal está adscrito a la Presidencia de la República quien tiene la última palabra en el proceso decisorio. Se profundizara el presidencialismo y se coloca a gobernadores y alcaldes bajo el gobierno de un delegado presidencial, una especie, de capataz territorial. Esto no es democracia plena sustentada en la Constitución Nacional, es una dictadura disfrazada de democracia que responde a los intereses de la revolución comunista.

Realmente estamos a merced de un poder abusivo que actúa al margen del estado de derecho constitucional y que aprovechándose de una mayoría circunstancial destruyen al Estado Constitucional para imponer el Estado Comunal. La esperanza está centrada en los alcaldes demócratas electos que asuman el liderazgo de la defensa del municipio como poder cercano a la gente, defiendan y promuevan la diversidad política en los procesos de gobierno local. En sí, defiendan junto con las comunidades de sus entornos la descentralización, la autonomía municipal y el derecho a la libertad de los ciudadanos a participar.


*Profesor Titular, Jubilado, de la ULA, juancdula@yahoo.es


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