Por: Juan Carlos Delgado Barrios
Con el afán de cambiarle el nombre a
todo la llamada revolución bolivariana pretende, mediante ley
inconstitucional, cambiar la geometría del poder público nacional tal
como lo hicieron con el nombre de la república, de las diversas
instituciones del Estado, a la bandera, al himno nacional, al huso
horario, entre otros cambio realizados como expresión de una acción
radical propia de las revoluciones totalitarias al estilo soviético,
chino y cubano.
Esta intencionalidad no es nada nueva,
Chávez insistió mucho en esta estrategia, que por cierto está contenido
en el llamado Libro Rojo de PSUV, que es una burda imitación al Libro
Verde de Gaddafi (Libia). Ello nos retrotrae a los objetivos del quinto
motor del desarrollo del socialismo del Siglo XXI, la Nueva Geometría de
Poder, que el difunto presidente presentó en solicitud de la reforma
constitucional en el 2007 y que fue negada por el pueblo soberano. Pero
como el régimen coloca los intereses de la revolución por encima de la
Constitución la opinión del soberano, o sea la voluntad popular, le
importa un comino.
En pleno proceso de renovación de
Alcaldes y Concejales en elecciones municipales resulta contradictorio
que el régimen pretenda aprobar y darle el ejecútese una Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio que, además, de
imponer una nueva organización territorial del poder público despoja de
competencias a las Gobernaciones y Alcaldías, con especial énfasis, a
los gobiernos municipales. Lo que derivaría a que estas instancias
progresivamente languidecerían para dar paso al Estado Comunal.
Se interpreta esta acción “legislativa
revolucionaria” como una legitimación del avance del socialismo en
Venezuela, cuando en la exposición de motivos de la citada ley deja
claro que su objetivo es “conducir la política pública hacia la
construcción del espacio geográfico socialista”.
Un espacio publico
socialista para una sociedad socialista. ¿Que esto del espacio público
socialista? Nos preguntamos ante semejante aseveración que excluye de la
geografía nacional todo vestigio de diversidad política e ideológica en
la interpretación del uso y la gestión del territorio. Se proyecta una
política pública unidimensional, excluyente para aquellos gobernadores y
alcaldes que no comulguen con el credo del régimen, en desmedro de los
ciudadanos que viven en los territorios donde gobiernen los demócratas.
De principio la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio es una ley
inconstitucional porque pretende imponer una organización política
territorial paralela a la que esta expresada en la Constitución Nacional
como son los estados, municipios y ciudades. Los nuevos elementos
político-territoriales son: los ejes de desarrollo territorial, las
regiones funcionales, los sistemas urbanos rurales, las unidades de
gestión territorial político administrativa y las áreas bajo régimen de
administración especial que solapan las competencias y ámbitos
constitucionales del poder estadal y municipal.
En el instrumento jurídico “socialista”
se expresa que la ley servirá para construir una nueva institucionalidad
política territorial, en la que la participación ciudadana
se vuelca en el ejercicio del poder comunal como instancia de gestión
pública, en tanto que y las instancias del Estado, gobernaciones y
alcaldías están obligadas a reproducir los lineamientos del modelo de
desarrollo nacional.
En esta misma dirección, indica la Ley que la participación ciudadana
sólo se logra a través de las instancias del Estado Comunal, como los
consejos comunales y del representante comunitario territorial. Estos
delegados son elegidos en asambleas ciudadanas y no por la vía del voto
secreto, universal y directo consagrado en la Constitución. Entonces,
nos asalta la interrogante: ¿Que va a pasar con los Concejos
Municipales?; ¿Acaso se van a desconocer a los concejales que fueron
electos democráticamente por el pueblo soberano con votos secretos,
universales y directos como lo establece la Constitución Nacional?.
¿Caminamos a la muerte del sufragio para elegir los representantes del
poder popular?.
Esta participación del pueblo que ellos
magnifican para justificar la imposición de su modelo socialista se
marginaliza ya que la ley le atribuye casi todas las potestades,
competencias y decisiones últimas al poder nacional; y no establece vías
adecuadas para la libre y plural participación ciudadana, pues condiciona esa participación a formar parte de alguna instancia del Estado Comunal.
Recordemos, en este sentido, que el
sistema comunal está adscrito a la Presidencia de la República quien
tiene la última palabra en el proceso decisorio. Se profundizara el
presidencialismo y se coloca a gobernadores y alcaldes bajo el gobierno
de un delegado presidencial, una especie, de capataz territorial. Esto
no es democracia plena sustentada en la Constitución Nacional, es una
dictadura disfrazada de democracia que responde a los intereses de la
revolución comunista.
Realmente estamos a merced de un poder
abusivo que actúa al margen del estado de derecho constitucional y que
aprovechándose de una mayoría circunstancial destruyen al Estado
Constitucional para imponer el Estado Comunal. La esperanza está
centrada en los alcaldes demócratas electos que asuman el liderazgo de
la defensa del municipio como poder cercano a la gente, defiendan y
promuevan la diversidad política en los procesos de gobierno local. En
sí, defiendan junto con las comunidades de sus entornos la
descentralización, la autonomía municipal y el derecho a la libertad de
los ciudadanos a participar.
*Profesor Titular, Jubilado, de la ULA, juancdula@yahoo.es
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