NC:- Rafael Ramírez, en esta oportunidad en su
condición de Vicepresidente del Area Económica, oficializó lo que habían
pronosticado desde hace meses los expertos del área privada: La
“inminente devaluación”, la segunda del año 2013 desde que Nicolás
Maduro se encargó de la Presidencia.
El 3.12.13 prometió un “milagro económico” y auguró que el 2014 sería “muy bueno”
Como habían pedido en meses recientes las “transnacionales”
involucaradas en los proyectos de la Faja y economistas nacionales y
extranjeros, las eventuales inversiones petroleras en la Faja (US$ 6
mil millones estimados por Ramirez), el oro y los dólares “que vendrán”
por el turísmo, se calcularán a US$ 11.15, una devaluación del 90%
respecto al dólar-Cadivi de Bs 6.30 x US$
Sobretodo las petroleras extranjeras habían insistido que, a una tasa
de cambio de 6,30,- sus inversiones no serían rentables y no hubo
aportes significativos.
Ramirez: “Debo informar que el Sicad va a continuar y
va a tener un mayor fortalecimiento del 2014, va a ser un mecanismo
definitivo en el control del manejos de las divisas”, anunció Ramírez.-
Aunque el anuncio prenavideño (“Hemos tenido una navidades perfectas”,
dijo) solo se refiere a 3 áreas , los observadores dan por desconotado
que progresivamente todas las importaciones se realizarán a la
tasa-Sicad por la insostenibilidad de la paridad del 6.30 debido al
agotamiento de las reservas internacionales por la escasez de dólares
que ingresa PDVSA al pais.
En ese mismo sentido, “todo lo que se requiere para aumentar nuestra producción va a utilizar la tasa Sicad como referencia”, aseguró Ramírez…
“ Sicad se va a mantener durante 2014 y se va a ampliar Cadivi terminará desapareciendo,… Vamos a ir determinando por sectores los que vayan pasando a la tasa del Sicad
Rafael Ramirez 16.12.13 – AVN
¿QUIÉN “MANEJA” LOS INGRESOS DEL AUMENTO?
José Guerra
En la campaña electoral del 8 de octubre de 2012, el Gobierno acusó a Henrique Capriles de tener preparado un paquetazo, consistente en devaluar el bolívar y aumentar el precio de la gasolina.
Sucede que ha sido Maduro quien devaluó el bolívar en 46% en febrero
de 2013 y además tiene preparado un fuerte aumento del precio de la
gasolina.
Quienes hoy dicen que van a aumentar la gasolina son los mismos que
en el pasado han hecho un torneo de demagogia sobre el precio de ese
combustible. Cuando CAP hizo el aumento era condenable, ahora es
bienvenido.
Está claro que la gasolina en Venezuela está altamente subsidiada y
se calcula que ese subsidio alcanza a US$ 3 mil millones cada año.
Sucede, sin embargo, que esa inmensa cantidad de dólares es la misma
con la cual el gobierno venezolano subsidia a los países de Petrocaribe,
llevándose Cuba casi 70% de ese subsidio.
Por tanto, es inaceptable para los venezolanos que se aumente
la gasolina, lo que en realidad implica una reducción de esa subvención
mientras que se mantiene la transferencia de recursos a esos países.
Similarmente, la pregunta que surge es sobre la administración de los ingresos que se derivan del aumento de la gasolina.
Para que los ingresos fiscales se incrementen como resultado del alza
del precio de la gasolina es fundamental que el precio suba
significativamente y de forma sostenida. El alza no será menos de 200%
en las primeras de cambio y luego seguirá el aumento.
Para quien esto escribe, los recursos que obtenga el país producto
del mayor precio de la gasolina no los puede manejar Rafael Ramírez,
presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, porque ello sería
tirar esos dineros a las arcas del Psuv, del cual Ramírez es jefe de
Finanzas. Esos ingresos no pueden ir a alimentar las arcas de un partido
político.
En consecuencia, como veo que el aumento es inevitable, mi
proposición es que se usen los recursos para financiar tres fondos: el
primero, un fondo educativo para mejorar la infraestructura escolar,
incluyendo la universitaria. El segundo, un fondo para fortalecer la
infraestructura física del país, actualmente en un estado lamentable, y
el tercer fondo para el pago de los pasivos laborales.
Estos tres fondos se administrarían de forma tripartita entre el
Gobierno, los trabajadores organizados y un representante escogido
mediante una consulta popular. Así, se garantizaría un manejo
transparente, no corrupto, de los recursos que pertenecen a todos los
venezolanos y no a una parte de ellos.
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