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jueves, 24 de octubre de 2013

DECRETO CESPAD DESPLIEGA LAS ALAS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR EN VENEZUELA. Segunda PARTE II (continuación)



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Recientemente, con fecha 7 de Octubre de 2013. El ejecutivo nacional – en lo que catalogo un giro desesperado para mantener el poder -. Dicto el decreto 458 que crea el CENTRO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PATRIA – conocido con las siglas de CESPPAD -. Órgano desconcentrado – según el decreto - del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión del gobierno. El cual dependerá UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, según el artículo 1 de dicho Decreto Ley. Y conforme a su parte motiva, dicho organismo es creado para – cito - “… el SUPREMO COMPROMISO Y VOLUNTAD DE LOGRAR LA MAYOR EFICACIA POLÍTICA Y CALIDAD REVOLUCIONARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO, la refundación de la nación venezolana…”. Es decir, es instituido no para construir o defender la Democracia y las libertades públicas sino para cimentar el Socialismo en la tierra de Bolívar. Lo que coloca, a este decreto fuera del margen de la Constitución Nacional. Además, si se lee con cuidado las 167 líneas que conforman el Decreto. El mismo, no señala ni contemplan palabras como Democracia, Libertad, Garantías y Derechos Constitucionales, Ciudadanos, Constitución, etc. 


Sencillamente, porque el mismo carece y esta acéfalo de toda fundamentación y base constitucional. Pues, lo que aquí se pretende establecer es una figura censora, vigilante de las actividades de los ciudadanos. Cualquiera sea su posición o rango dentro del régimen.

A medida que lentamente se lee, se crean una serie de interrogantes y se ahondan la confusión a nivel legal e incluso gramatical. Incluso, por su estilo y forma de redacción “pareciera” que ni siquiera quien redacto dicho decreto fuese una persona natural de estas tierras. Pues, al crearse una figura y un órgano jurídico que no temo de clasificarlo jurídicamente como de “Para legal o por encima del sistema”. Se instaura una figura de Seguridad Nacional “sin control legal por parte de ningún órgano del Estado fuera del Ejecutivo”. Por encima del poder judicial, legislativo, moral, electoral, fiscal, etc. Así como también, superior a todos los órganos de Seguridad del Estado, de las FANB, de la Ministro de la Defensa y del fuero de los Tribunales de Justicia. Utilizando inclusive un léxico y figura jurídica inexistente en nuestro ordenamiento jurídico legal vigente como “La Dirección Político Militar de la Revolución Bolivariana”. Y no definir de forma alguna que se debe precisar, entender, pensar o deducir como: “Enemigo Interno y Externo”. Y que se debe juzgar o entender como “Neutralizar”.

Cuando se examina, las funciones de este órgano de vigilancia interna señala en su artículo 3. Que el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria SOLICITARÁ, ORGANIZARÁ, INTEGRARÁ, Y EVALUARA INFORMACIONES de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la ACTIVIDAD INTERNA Y EXTERNA, proveniente de todos los ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO y otras entidades públicas y privadas, SEGÚN LO REQUIERA LA DIRECCIÓN POLÍTICO-MILITAR DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. Es decir, este cuerpo para legal que se crea tiene una función “POLITICA, REVOLUCIONARIA” y no es para servir ni siquiera al primer mandatario, ni es para la protección del Estado Venezolano. Si no, que es evidente que se establece para tomar decisiones que consoliden al SOCIALISMO y que frenen a sus adversarios.

Así mismo, el artículo 9 del Decreto viola y conculcan flagrantemente el precepto 143 de la Carta Magna, al dejar a un “REGLAMENTO INTERNO”. El mecanismo legal o funcionamiento de dicho organismo, sin que pueda ser conocido por ningún ciudadano. Sin que fuese posible conocer exactamente las competencias, los alcances y los mecanismos de actuación en cumplimiento de sus funciones que ejecutaría dicho organismo. Es decir, se establecería como una especie de caja negra legal. A demás, de no reglar ni la forma, ni la manera de cómo se pretende regular y declarar una información como reservada, clasificada o de divulgación limitada. Menos cavando lo artículos 58 y 337 de la Constitución Nacional al establecer la Censura Previa. Logrando por desconocimiento de este parapeto legal la autocensura y la coacción de los ciudadanos al momento de expresar sus ideas por cualquier vía.

Todo ello, sin olvidar el delicado momento que se vive actualmente en el parlamento. En el cual se presenta una ley habilitante por parte del PSUV de amplio rango y alcance “comunista”. Y en la que se pretende delegar una serie de materias al Ejecutivo para que éste proceda a legislar según su propia conveniencia. Al revisar dicho proyecto de ley habilitante que conculca por cierto el “principio de reserva legal constitucional”. Al otorgársele al Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal y de impuesto, que no está permitido doctrinariamente. No es difícil darse cuenta, que el CESPPA es la cabeza de turco de una maniobra política que se pretende materializar en contra de todos o un grupo de venezolanos opositores al régimen. Pudiendo, el Ejecutivo sorprendernos con una ley que paralice, persiga o frene las actuaciones de la oposición y de sus miembros. Para así, lograr el control tan deseado por la revolución.

En los años 70 lo militares se hicieron con el poder en Sudamérica. Como pretexto dijeron que combatían el ascenso de la izquierda. Varios golpes de estados sucesivos dejaron en esos países un rostro de intolerancia, secuestros, asesinatos y exilios. Los diferentes dictadores rebasaron sus fronteras y unieron sus fuerzas. Y actuaron a la sombra del poder. Apareciendo en la historia contemporánea de América, uno de los casos más graves de Terrorismo de Estado contra ciudadanos inocentes. La llamada “Operación Cóndor”.

Con ese nombre se conoció el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de Seguridad Nacional de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, representados por —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Todo esto, con “presunta” ayuda de la AGENCIA CENTRAL DE INFORMACION, conocida con las siglas de CIA de los Estados Unidos. Esta coordinación se tradujo en "el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o muerte de PERSONAS CONSIDERADAS POR DICHOS REGÍMENES COMO 'SUBVERSIVAS DEL ORDEN INSTAURADO O CONTRARIAS AL PENSAMIENTO POLÍTICO O IDEOLÓGICO OPUESTO, O NO COMPATIBLE con las dictaduras militares de la región'". El Plan Cóndor se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política.

Me preocupa, como venezolano observar que en un régimen que se hace llamar Democrático, Soberano, Socialista y gobierno de un pueblo. Se instaure o emerja en un momento tan particularmente frágil para la institucionalidad del país desde el punto de vista político. Se cree, un organismo a la torera, sin ningún tipo de discusión parlamentaria, ni control legal y al margen de cualquier vestigio legal de nuestra constitución. Aprovechando la ebriedad “electorera” que se aproxima en los próximos días en Venezuela.

Este organismo para legal, cuyo decreto debe ser impugnado legalmente de Ipso facto. Puede ser usado en contra de cualquier ciudadano venezolano o no sin importar su pensamiento político. Lo que constituiría un caso entre tal vez de miles de violación de derechos humanos, de lesa humanidad conforme al Estatuto de Roma. Y cuyo único culpable en su ejecución administrativa, operacional y penalmente, sería el primer mandatario de la república. A cuya autoridad estará sujeto el precitado organismo. Y es necesario advertirlo, a los efectos legales consiguientes. 

Se ha creado con este decreto no solo un CENSOR OFICIAL. Sino sobre todo, una figura por encima del bien y del mal; es decir del propio ordenamiento jurídico. Que no tiene ningún tipo de control. Y que pudiera “presuntamente” ser utilizado para la persecución y represión de los opositores al llamado Socialismo del Siglo XXI. Esa represión que era y es un símbolo de poder propio de los regímenes autoritarios, esta germinando con este decreto. Así lo demostró históricamente El Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos – conocido como NKVD – del dictador Josef Stalin. Como también lo fue la "Organización para la vigilancia y la represión del Antifascismo" de Mousolini; los grises de Franco; las SS de Hitler; la Volkspolizei en la Alemania Oriental; la KGB en la Unión Soviética; la seguridad nacional de Marcos Pérez Jiménez; la repugnante DINA de Pinochet, etc. Es hora, de meditar hacia dónde va Venezuela y a donde podemos parar si no se le ponen límites, a algo que no tiene ni pie ni cabeza política y jurídicamente.

Por eso es mi llamado civil y democrático a la sociedad venezolana para que se disparen las alarmas de la democracia en todo el continente. Y para que desde los diferentes sectores del país, tanto político, económico y social despierten y reaccionen. Ante la amenaza, declarada, cierta e inequívoca que se le hacen hoy a la libertad de expresión, a la Democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Ya no son solo las dictaduras militares del siglo veinte quienes persiguieron a sus opositores. Ahora, son quienes fueron los perseguidos de ayer los que pretenden pasar de perseguidos a perseguidores, con el llamado Socialismo del Siglo XXI. El mundo al revés.

Abg. José A. Martín E.

twitter: @lamzelok


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