Policia cubana en plena acción
Antonio Maria Delgado
El Nuevo Herald
Acorralado por el creciente deterioro de la
situación económica del país, el régimen de Nicolás Maduro se dispone a
enfrentar previsibles escenarios de descontento popular con más
represión e instrumentos de control social confeccionados en La Habana, y
para ello busca obtener poderes especiales que le permitan radicalizar
su revolución, según varias fuentes.Diputados de la oposición y
personas familiarizadas con la situación dijeron a El Nuevo Herald que
el régimen está dispuesto a dejar de lado el modelo populista-electoral
que le permitió preservar algunos vestigios de legitimidad ante la
comunidad internacional para constituirse en un régimen policial más
cercano al cubano.
“Esa es la verdadera razón detrás de la Ley Habilitante y de las frecuentes denuncias de magnicidio y de sabotaje económico”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
“Lo que se busca es crear los mecanismos y la justificación para emprender la fase de radicalización porque entienden que ya no tienen los recursos para continuar con el modelo que les ha permitido gobernar hasta este momento”, agregó.
El propósito no ha pasado por desapercibido entre los líderes de la oposición, quienes llevan días advirtiendo que las aspiraciones del gobierno de obtener poderes especiales para legislar directamente —sin que las leyes pasen a través de la Asamblea— no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción, tal como argumenta Maduro.
“El gobierno lo que intenta a toda costa es obtener poderes absolutos, obtener un cheque en blanco, para manejar su proyecto político con un concepto fundamentalista, Castro-comunista”, dijo el diputado opositor William Barrientos.
“Quieren estos poderes para poder enfrentar el descontento generado por los grandes problemas de desabastecimiento, de inflación, de devaluación y de inseguridad personal que vive el país”, agregó.
El secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa, coincidió.
“Quieren una habilitante para allanar el camino a la represión política. Perdieron la voluntad de un pueblo que ya no cree en ellos y buscan caminos no democráticos” expresó.
Funcionarios del gobierno bolivariano no estuvieron disponibles para conversar con El Nuevo Herald.
A un voto de la ley
Hasta el momento, el gobierno parece estar a un voto de distancia para conseguir la aprobación de los poderes especiales en la Asamblea Nacional, contando a su favor con 98 de los 99 votos requeridos.
Maduro, quien está a cargo de las riendas del chavismo bajo un clima de gran volatilidad política y económica, anunció que solicitará la Ley Habilitante argumentando que es necesaria para seguir avanzando con la lucha contra la corrupción.
El argumento tiene resonancia si se toma en cuenta que Venezuela ha sido clasificada por la ONG Transparencia Internacional como el país más corrupto de América Latina.
Pero expertos, incluyendo los propios integrantes de la propia Transparencia Internacional, consideran que los poderes especiales son innecesarios para luchar contra la corrupción, especialmente cuando parte del problema reside en la falta de controles sobre los excesivos poderes ya concentrados en el gobierno y sus funcionarios.
En declaraciones recientes, el vicepresidente Jorge Arreaza dejó entrever que la lucha contra la corrupción no es la única motivación, al comentar que los poderes especiales también podrían ser utilizados para castigar a elementos de la oposición que están bajo sospecha de haber emprendido acciones de sabotaje económico con fines desestabilizadores.
“Estuvimos conversando sobre la Ley Habilitante porque hay que profundizar la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. Haremos reglamentos que sean claros y contundentes para evitar que la burguesía o cualquier circunstancia, como la corrupción, pueda poner en riesgo la paz y la estabilidad de la República” dijo Arreaza al término de un consejo de ministros realizado el jueves.
Narrativa de conspiraciones
Acusaciones como esa contra la oposición de boca del oficialismo se han vuelto cada vez más comunes en los últimos días.
Según la fuente familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato, esto se debe a que el régimen trata de armar una narrativa de conspiraciones, asedio y atentados para justificar ante la opinión pública la adopción de medidas extremas.
Pero las acusaciones del oficialismo son de difícil digestión.
Entre las denuncias lanzadas en las últimas semanas se encuentra un supuesto plan de magnicidio coordinado desde Miami por el anticastrista Luis Posada Carriles, con ayuda del ex presidente colombiano Alvaro Uribe; el presunto asesinato del presidente Hugo Chávez, a quién se le habría inoculado de cáncer; y la presunta adquisición de aviones de guerra por parte de la oposición que serían operados desde bases colombianas.
A la oposición también se le acusa de haber emprendido acciones de sabotaje en el 2012 dentro de la refinería de Amuay con fines electorales, provocando de esa manera un feroz incendió que dejó cerca de 50 muertos y más de $1,800 millones en pérdidas.
Y hasta CNN en Español está dentro del complot, luego que el gobierno acusara a la cadena de noticias de participar en una conspiración internacional para desestabilizar a su gobierno.
Según Maduro, muchas de las acciones de desestabilización son dirigidas directamente por el gobierno estadounidense.
“Ellos actualizaron la guerra económica contra el país, fue lo primero que revisaron […] y dieron un informe […] los dos representantes del Departamento del Tesoro, sobre la guerra económica contra Venezuela”, aseguró Maduro en un acto trasmitido por el canal estatal VTV.
Maduro agregó que funcionarios estadounidenses “calculan una fecha”, que no quiso adelantar, para que se produzca ese “colapso económico” en Venezuela.
“Y luego del colapso económico viene una explosión social y luego de la explosión social, de acuerdo a estas mentes macabras, viene el caos en Venezuela tipo Egipto. Eso no va a suceder”, dijo.
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