Su presidenta Josefina Cárdenas Rondón desea se
conozca la verdad y esclarecer la situación jurídica tanto de la empresa
como de su hijo ya que asegura con bases no estar incursos en ninguno
de los dos casos en actos delictivos.
Comunicado ante la opinión pública. Jacobos
Protección en Seguridad como empresa se pronuncia en respuesta a los
atropellos y las acusaciones por parte del estado venezolano en contra
de su personal y Gerente General, ciudadano Jacobo Supelano.
San Antonio, Táchira, Julio 25, 2013.- Nuestra empresa familiar se ha
dedicado a prestar seguridad a bienes y a personas en diferentes
comercios y actividades desarrolladas en el estado Táchira, para evitar
la comisión de hechos delictivos como robos, hurtos, secuestros y
extorsión. Totalmente contradictorio a nuestros principios y misión, que
nuestras operaciones pudieran estar involucradas en delitos
relacionados a la delincuencia organizada y financiamiento del
terrorismo, pues el objeto de la compañía dentro del marco de la
legalidad es evitar que estos delitos se cometan en los sitios donde
prestamos nuestros servicios.
Como cabeza de nuestra empresa familiar de años de tradición en el
estado Táchira siento que se quiere manchar nuestro nombre sinónimo de
seguridad y bienestar, y se ha sometido ante el escarnio público a
nuestra familia, y al personal que labora dignamente dentro de la misma.
Nos preguntamos si es del interés del
estado venezolano y sus representantes así como de las autoridades
competentes destruir una empresa generadora de empleos, en momentos
donde el país necesita oportunidades laborales.
Siento además la necesidad imperiosa de resaltar que todos y cada uno
de los escopetines, calibre 12, de un solo tiro, que fueron incautados
el día 18/04/2013 en los sitios donde prestábamos servicios fueron
adquiridos y autorizados por la dirección de armamento de la fuerza
armada (DARFA) actualmente (DAEX), con un número de registro VP.648, con
permisos otorgados y en regla hasta la fecha de su vencimiento, y es
esta dirección la única responsable de actuar expeditamente para cada
uno de los trámites pertinentes sobre esos permisos y la continuidad de
uso de los dichos elementos , en otros términos indicarnos qué hacer con
los escopetines luego del vencimiento de sus permisos, cosa que nunca
ocurrió. Es redundante que toda operación que implique el uso de armas
de fuego está sujeta al estricto cumplimiento de sus órdenes y del
estado venezolano.
La empresa Jacobo protección en seguridad posee permiso vigente de
funcionamiento como empresa de seguridad, emitido por la Dirección de
Finanzas de la Gobernación del Estado Táchira, el cual ha sido emitido
en los últimos 4 años, según permiso N° DF/ES-004. “otorgamiento
de permiso para el funcionamiento de empresas de vigilancia de bienes y
personas o de custodia y traslado de valores en el Estado Táchira”.
Siendo este permiso el correspondiente para desarrollar nuestro objeto
social en el Estado Táchira ya que no necesitamos permiso del
DIGESERVISP, pues no elaboramos en todo el territorio nacional.
Como madre de Jacobo Supelano me encuentro consternada, al despertar
un día y ver de nuevo a mi hijo privado de su libertad luego de liberado
por orden de amnistía presidencial del presidente Hugo Chavez y de una
larga penuria ante la situación política del país, y ahora una vez más
por la actividad punitiva del estado, como supuesto autor de los delitos
crimen organizado y financiamiento al terrorismo, forzando el proceso
para incriminarlo. Ni nuestros abogados, ni nuestros familiares, amigos y
personal de la empresa entendemos como alguien puede ser culpado por
crimen organizado de manera individual sin contar con la participación
de otros elementos, y de financiar al terrorismo cuando todos los
movimientos de los recursos económicos manejados por nuestra empresa y
nuestra familia son registrados directa e indirectamente por las
autoridades competentes y los organismos del estado.
Jacobo Supelano es un ciudadano apegado a las leyes y en ejercicio de
sus derechos constitucionales, por lo cual exhorto desde esta tribuna
al ciudadano Gobernador, José Vielma Mora, al Fiscal Superior del estado
Táchira y a Monseñor Mario Moronta para que intercedan en la búsqueda
de la verdad, considerando que la opinión pública y el gobernador del
estado Táchira están siendo manipulados respecto a los hechos por los
cuales mi hijo se encuentra privado de libertad.
Señalamos al gobernador José Vielma Mora ya que es la primera
autoridad de nuestro estado y quien además ha demostrado ser una persona
justa y amante de la verdad, por lo menos así lo ha expresado en
diversas notas de prensa como por ejemplo la de fecha 20 de julio de
2013 del Diario la Nación, donde expuso “la gente tiene que confiar en
Vielma Mora, yo soy enemigo número uno de la maldad, yo soy abierto con
mis opositores, no tengo ningún rencor contra nadie” y la de fecha 25 de
mayo del mismo año donde dijo “que me investigue la fiscalía yo no
tengo nada que temer, mi moral es mi principal virtud, que a partir de
hoy se pone a derecho ante la fiscalía para cualquier averiguación”.
Mi hijo Jacobo Supelano hizo lo mismo, se puso a derecho, pero hoy en
día esa idea le ha costado la violación de sus derechos y llevar más de
tres meses privado de su libertad sin que se le imputaran cargos o
abriera expediente durante ese tiempo y en los lapsos que establece la
ley para mantener restringida su libertad, aun así no pierde la
esperanza en el sistema de justicia, y que se le otorgue una medida
cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad, para de
este modo seguir su juicio en libertad y poder compartir como todo padre
la graduación de su hija, que se realizara el 31 de julio en el colegio
Don Bosco, donde además es miembro del comité de graduación, pues mi
hijo siempre ha sido un hombre colaborador que ama a su familia y desea
estar con ellos.
Mi hijo además siempre ha sido un empresario emprendedor, quien con
sus proyectos no solo ha brindado puestos de trabajo, sino que ha
colaborado con la calidad de vida en el país, por lo que nos confunde,
que por un lado se le persiga como empresario mientras las declaraciones
del estado venezolano y sus representantes aseguran intereses
contrarios a la persecución empresarial, como por ejemplo las recientes
declaraciones de la ministra del trabajo María Cristina Iglesias en
donde aseguro que: “el gobierno no maltrata empresarios, por el
contrario los incentiva para que produzcan más por el país”.
(Declaración sábado 18 de mayo de 2013, Diario la Nación).
Como ciudadana venezolana la agonía que me invade es indescriptible
ante las grotescas implicaciones de naturaleza delictiva contra mi hijo,
a quien he educado con amor y principios.
A mi hijo se le acusa además
del delito de tráfico ilícito de armas, cuando en las instalaciones
administrativas de nuestra empresa solo se incautó un escopetin el cual
fue adquirido legalmente, nuestra empresa no se dedica ni a la
exportación, ni a la importación, ni a la venta de armas de fuego, así
como tampoco de municiones, explosivos ni otros materiales relacionados.
La empresa que presido ampliamente conocida en nuestra región, se
dedica a la seguridad, lo cual es un trabajo permisado por el organismo
gubernamental correspondiente como ya ha quedado reseñado en este
comunicado.
Una vez analizados los hechos anteriormente narrados y los elementos
de convicción recabados por el representante de la fiscalía como
acusador del estado para fundamentar su caso, se pudo apreciar lo
confuso, contradictorio y atípico de sus argumentos, es decir, no hay
correspondencia entre la norma jurídica contentiva del delito de tráfico
ilícito de armas y los hechos.
Finalmente pido en aras de la verdad se haga justicia, y no que se
manipule, no puede haber justicia si la misma es manipulada. Es
necesario revisar cuidadosamente la presente causa pues sin existir
elementos que señalen que dichas armas iban a ser empleadas para cometer
cualquier injusto penal o cualquier tipo de actividad ilícita, debe
otorgársele la libertad y posteriormente absolución sobre estos delitos.
A sus conocidos y amigos y a toda la sociedad tachirense que sigan de
cerca nuestra situación y no callar ante el atropello y la injusticia.
Se autoriza la reproducción
total o parcial del siguiente comunicado, siempre que se haga mención a
la fuente, Venezuela Awareness Foundation.
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