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martes, 27 de agosto de 2013

Me encuentro consternada al ver de nuevo a mi hijo privado de su libertad luego de liberado por amnistía de Chavez

Su presidenta Josefina Cárdenas Rondón desea se conozca la verdad y esclarecer la situación jurídica tanto de la empresa como de su hijo ya que asegura con bases no estar incursos en ninguno de los dos casos en actos delictivos.
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Comunicado ante la opinión pública. Jacobos Protección en Seguridad como empresa se pronuncia en respuesta a los atropellos y las acusaciones por parte del estado venezolano en contra de su personal y Gerente General, ciudadano Jacobo Supelano.

San Antonio, Táchira, Julio 25, 2013.- Nuestra empresa familiar se ha dedicado a prestar seguridad a bienes y a personas en diferentes comercios y actividades desarrolladas en el estado Táchira, para evitar la comisión de hechos delictivos como robos, hurtos, secuestros y extorsión. Totalmente contradictorio a nuestros principios y misión, que nuestras operaciones pudieran estar involucradas en delitos relacionados a la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, pues el objeto de la compañía dentro del marco de la legalidad es evitar que estos delitos se cometan en los sitios donde prestamos nuestros servicios.

Como cabeza de nuestra empresa familiar de años de tradición en el estado Táchira siento que se quiere manchar nuestro nombre sinónimo de seguridad y bienestar, y se ha sometido ante el escarnio público a nuestra familia, y al personal que labora dignamente dentro de la misma. Nos preguntamos si es del interés del estado venezolano y sus representantes así como de las autoridades competentes destruir una empresa generadora de empleos, en momentos donde el país necesita oportunidades laborales.

Siento además la necesidad imperiosa de resaltar que todos y cada uno de los escopetines, calibre 12, de un solo tiro, que fueron incautados el día 18/04/2013 en los sitios donde prestábamos servicios fueron adquiridos y autorizados por la dirección de armamento de la fuerza armada (DARFA) actualmente (DAEX), con un número de registro VP.648, con permisos otorgados y en regla hasta la fecha de su vencimiento, y es esta dirección la única responsable de actuar expeditamente para cada uno de los trámites pertinentes sobre esos permisos y la continuidad de uso de los dichos elementos , en otros términos indicarnos qué hacer con los escopetines luego del vencimiento de sus permisos, cosa que nunca ocurrió. Es redundante que toda operación que implique el uso de armas de fuego está sujeta al estricto cumplimiento de sus órdenes y del estado venezolano.

La empresa Jacobo protección en seguridad posee permiso vigente de funcionamiento como empresa de seguridad,  emitido por la Dirección de Finanzas de la Gobernación del Estado Táchira, el cual ha sido emitido en los últimos 4 años, según permiso N° DF/ES-004. “otorgamiento de permiso para el funcionamiento de empresas de vigilancia de bienes y personas o de custodia y traslado de valores en el Estado Táchira”. Siendo este permiso el correspondiente para desarrollar nuestro objeto social en el Estado Táchira ya que no necesitamos permiso del DIGESERVISP, pues no elaboramos en todo el territorio nacional.

Como madre de Jacobo Supelano me encuentro consternada, al despertar un día y ver de nuevo a mi hijo privado de su libertad luego de liberado por orden de amnistía presidencial del presidente Hugo Chavez y de una larga penuria ante la situación política del país, y ahora una vez más por la actividad punitiva del estado, como supuesto autor de los delitos crimen organizado y financiamiento al terrorismo, forzando el proceso para incriminarlo. Ni nuestros abogados, ni nuestros familiares, amigos y personal de la empresa entendemos como alguien puede ser culpado por crimen organizado de manera individual sin contar con la participación de otros elementos, y de financiar al terrorismo cuando todos los movimientos de los recursos económicos manejados por nuestra empresa y nuestra familia son registrados directa e indirectamente por las autoridades competentes y los organismos del estado.

Jacobo Supelano es un ciudadano apegado a las leyes y en ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo cual exhorto desde esta tribuna al ciudadano Gobernador, José Vielma Mora, al Fiscal Superior del estado Táchira y a Monseñor Mario Moronta para que intercedan en la búsqueda de la verdad, considerando que la opinión pública y el gobernador del estado Táchira están siendo manipulados respecto a los hechos por los cuales mi hijo se encuentra privado de libertad.

Señalamos al gobernador José Vielma Mora ya que es la primera autoridad de nuestro estado y quien además ha demostrado ser una persona justa y amante de la verdad, por lo menos así lo ha expresado en diversas notas de prensa como por ejemplo la de fecha 20 de julio de 2013 del Diario la Nación, donde expuso “la gente tiene que confiar en Vielma Mora, yo soy enemigo número uno de la maldad, yo soy abierto con mis opositores, no tengo ningún rencor contra nadie” y la de fecha 25 de mayo del mismo año donde dijo “que me investigue la fiscalía yo no tengo nada que temer, mi moral es mi principal virtud, que a partir de hoy se pone a derecho ante la fiscalía para cualquier averiguación”.

Mi hijo Jacobo Supelano hizo lo mismo, se puso a derecho, pero hoy en día esa idea le ha costado la violación de sus derechos y llevar más de tres meses privado de su libertad sin que se le imputaran cargos o abriera expediente durante ese tiempo y en los lapsos que establece la ley para mantener restringida su libertad, aun así no pierde la esperanza en el sistema de justicia, y que se le otorgue una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad,  para de este modo seguir su juicio en libertad y poder compartir como todo padre la graduación de su hija, que se realizara el 31 de julio en el colegio Don Bosco, donde además es miembro del comité de graduación, pues mi hijo siempre ha sido un hombre colaborador que ama a su familia y desea estar con ellos.

Mi hijo además siempre ha sido un empresario emprendedor, quien con sus proyectos no solo ha brindado puestos de trabajo, sino que ha colaborado con la calidad de vida en el país, por lo que nos confunde, que por un lado se le persiga como empresario mientras las declaraciones del estado venezolano y sus representantes aseguran intereses contrarios a la persecución empresarial, como por ejemplo las recientes declaraciones de la ministra del trabajo María Cristina Iglesias en donde aseguro que: “el gobierno no maltrata empresarios, por el contrario los incentiva para que produzcan más por el país”. (Declaración sábado 18 de mayo de 2013, Diario la Nación).

Como ciudadana venezolana la agonía que me invade es indescriptible ante las grotescas implicaciones de naturaleza delictiva contra mi hijo, a quien he educado con amor y principios. 

A mi hijo se le acusa además del delito de tráfico ilícito de armas, cuando en las instalaciones administrativas de nuestra empresa solo se incautó un escopetin el cual fue adquirido legalmente, nuestra empresa no se dedica ni a la exportación, ni a la importación, ni a la venta de armas de fuego, así como tampoco de municiones, explosivos ni otros materiales relacionados. La empresa que presido ampliamente conocida en nuestra región, se dedica a la seguridad, lo cual es un trabajo permisado por el organismo gubernamental correspondiente como ya ha quedado reseñado en este comunicado.

Una vez analizados los hechos anteriormente narrados y los elementos de convicción recabados por el representante de la fiscalía como acusador del estado para fundamentar su caso, se pudo apreciar lo confuso, contradictorio y atípico de sus argumentos, es decir, no hay correspondencia entre la norma jurídica contentiva del delito de tráfico ilícito de armas y los hechos.

Finalmente pido en aras de la verdad se haga justicia, y no que se manipule, no puede haber justicia si la misma es manipulada. Es necesario revisar cuidadosamente la presente causa pues sin existir elementos que señalen que dichas armas iban a ser empleadas para cometer cualquier injusto penal o cualquier tipo de actividad ilícita, debe otorgársele la libertad y posteriormente absolución sobre estos delitos. A sus conocidos y amigos y a toda la sociedad tachirense que sigan de cerca nuestra situación y no callar ante el atropello y la injusticia.

Se autoriza la reproducción total o parcial del siguiente comunicado, siempre que se haga mención a la fuente, Venezuela Awareness Foundation.

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