02:34pm
Opinión Diego Arria.-
Con un cambio constitucional Hugo Chávez deshizo nuestro Estado de
Derecho. Ante el sometimiento de las instituciones al régimen y el
innegable deterioro del pacto social entre los venezolanos, es necesario
establecer nuevas bases, y eso solo se logra revirtiendo el perverso
legado de aquella constitución hecha a la medida de un hombre,
convocando una Asamblea Nacional Constituyente.
Asomé la idea hace más de dos años. La convertí en el tema central de mi
campaña durante las primarias presidenciales de la Unidad Democrática.
La iniciativa fue ahogada con excesiva publicidad a favor de otras
propuestas y la negativa de los medios a debatir ideas y planteamientos
de fondo
El Contexto
La Constitución es discrecional. El mal llamado Tribunal Supremo de Justicia interpreta lo que quiere, cuando quiere, en favor de quien quiere.
Algunos, en el ánimo de descalificar cualquier posibilidad que se deslinde de su idea de cohabitación con quienes detentan el poder, han dicho que un período de transición no está previsto en la Constitución, que la emergencia es circunstancial y que se resuelve con un cambio de gobierno, y que por lo tanto una Asamblea Constituyente es innecesaria.
El gobernador Capriles declaró hace pocos días que no descartaba un cambio puntual para 2014 en la Constitución para salir de los “poderes secuestrados”, pero “que no se iría a la Constituyente”. ¿Su argumento?: “Cuidado… los procesos constituyentes no pueden ser cómo una mayoría le impone un proyecto a otra mitad del país. En un proyecto constitucional tiene que tratar de lograrse la mayor cantidad de consenso posible”. Pero mas recientemente admitió que podría convocarse, pero despué del 8 D.
Ese argumento supone que todo proyecto constituyente se haría como el de Hugo Chávez, para imponérsela a la otra mitad del país, cuando de lo que se trata es hacerle reingeniería al Estado a través de la discusión de cómo se ordenan los poderes dentro de la Constitución. Por otra parte “un cambio puntual” para salir de los poderes secuestrados, sin convocar la Constituyente, no es posible.
La decisión de ir o no a una constituyente no creo que deba ser impuesta por un solo individuo en nombre de los 20 millones de venezolanos facultados para aprobar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Un ejercicio elemental de prudencia debería reconocer la pertinencia, en este tema, de una Consulta Popular, tal como lo prevé la propia Constitución en su artículo 70. Es lo democrático. Lo que toca.
Entiendo el apetito que tienen los partidos por alimentar de empleos y recursos a sus activistas y a sus organizaciones, solo posible hoy por la vía de las alcaldías, pero ese no es el camino para rescatar nada que no sean las finanzas políticas para perpetuarse como el liderazgo oficial del país.
Sin transición se hace imposible la gobernabilidad en el país. Las ramas del poder público se encuentran sometidas al régimen, y gobernabilidad implica la vigencia efectiva de un Estado de Derecho.
La opción que la oposición oficial representada por la MUD viene planteando para salir de esta pesadilla es la alternabilidad, que consiste en sustituir este gobierno por otro, bajo el sistema vigente de reglas. Creer que el problema que atraviesa nuestro país se resuelve con alternabilidad es no tener conciencia de que no basta con un cambio del titular de la presidencia de la república, puesto que todos estos años lo que ha ocurrido es un proceso de destrucción institucional bajo el sistema jurídico totalitario vigente.
Es evidente que les seduce poder gobernar con los enormes poderes acumulados paralelamente a la Constitución por el régimen, entre ellos la reeleccion presidencial indefinida
¿Y cómo?
La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se haría conforme a la Constitución de 1999, específicamente con fundamento en las disposiciones 2, 7, 333, 347, 348 y 350.
Tengo claro que Venezuela más que perfeccionar la democracia y el Estado de Derecho lo que necesita es construirlos. Esta Asamblea Nacional Constituyente no gozaría de poderes ilimitados como sucedió con la de 1999, por el contrario, las disposiciones constitucionales 2, 5 y 7 impiden que esto ocurra, y siempre deberá tener presente su misión: sentar las bases para el Estado democrático de Derecho y todo lo que ello implica.
Para que esto sea posible es necesario un acuerdo nacional de transición que establezca las bases del proceso constituyente, y que consistiría en: reinstitucionalización del país, rescate del aparato productivo, reinstitucionalización de la Fuerza Armada, revisión de la política exterior y construcción del Estado de Derecho. No soy tan ingenuo como para pensar que este acuerdo se pueda lograr con el actual régimen sin que medie la participación de una fuerza armada que consciente de su rol en estas circunstancias actúe con el espíritu democrático y patriotico del 23 de enero de 1958 que abrió las puertas a 40 años de libertad y modernidad.
Junto con la propuesta Constituyente presenté otras ideas constitucionales concretas que serían sometidas a la consideración popular. En primer lugar, un período máximo de cinco años sin reelección para los cargos de representación popular.
En segundo lugar, la doble vuelta para las elecciones presidenciales.
En tercer lugar, profundizar la descentralización. La concentración del poder durante este régimen se ha ejecutado en dos ámbitos; en el nacional ha sido horizontal, los poderes Legislativo, Judicial, Moral y Electoral no son más que correas de transmisión gubernamental. La concentración vertical viene dada por la acumulación de poderes en el gobierno central en detrimento de los estados y los municipios.
En cuarto lugar, implantación de un régimen parlamentario bicameral, que permita la representación de las regiones que integran un estado federal en el Congreso, además del representante individual que ofrece el Parlamento unicameral.
¿Salto al vacío?
No puede negarse que una iniciativa de esta naturaleza implica riesgos que será indispensable analizar previamente en un debate nacional supra partidos y luego validarlo en una consulta popular. Pero lo que no creo sea cuestionable es que si seguimos el curso de los acontecimientos perderemos el país. ¿O es que acaso ya no estamos en caida libre y acelerada al vacío?
http://www.noticierodigital.com/2013/08/diego-arria-no-debe-esperarse-mas-para-convocar-a-una-constituyente/
El Contexto
La Constitución es discrecional. El mal llamado Tribunal Supremo de Justicia interpreta lo que quiere, cuando quiere, en favor de quien quiere.
Algunos, en el ánimo de descalificar cualquier posibilidad que se deslinde de su idea de cohabitación con quienes detentan el poder, han dicho que un período de transición no está previsto en la Constitución, que la emergencia es circunstancial y que se resuelve con un cambio de gobierno, y que por lo tanto una Asamblea Constituyente es innecesaria.
El gobernador Capriles declaró hace pocos días que no descartaba un cambio puntual para 2014 en la Constitución para salir de los “poderes secuestrados”, pero “que no se iría a la Constituyente”. ¿Su argumento?: “Cuidado… los procesos constituyentes no pueden ser cómo una mayoría le impone un proyecto a otra mitad del país. En un proyecto constitucional tiene que tratar de lograrse la mayor cantidad de consenso posible”. Pero mas recientemente admitió que podría convocarse, pero despué del 8 D.
Ese argumento supone que todo proyecto constituyente se haría como el de Hugo Chávez, para imponérsela a la otra mitad del país, cuando de lo que se trata es hacerle reingeniería al Estado a través de la discusión de cómo se ordenan los poderes dentro de la Constitución. Por otra parte “un cambio puntual” para salir de los poderes secuestrados, sin convocar la Constituyente, no es posible.
La decisión de ir o no a una constituyente no creo que deba ser impuesta por un solo individuo en nombre de los 20 millones de venezolanos facultados para aprobar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Un ejercicio elemental de prudencia debería reconocer la pertinencia, en este tema, de una Consulta Popular, tal como lo prevé la propia Constitución en su artículo 70. Es lo democrático. Lo que toca.
Entiendo el apetito que tienen los partidos por alimentar de empleos y recursos a sus activistas y a sus organizaciones, solo posible hoy por la vía de las alcaldías, pero ese no es el camino para rescatar nada que no sean las finanzas políticas para perpetuarse como el liderazgo oficial del país.
Sin transición se hace imposible la gobernabilidad en el país. Las ramas del poder público se encuentran sometidas al régimen, y gobernabilidad implica la vigencia efectiva de un Estado de Derecho.
La opción que la oposición oficial representada por la MUD viene planteando para salir de esta pesadilla es la alternabilidad, que consiste en sustituir este gobierno por otro, bajo el sistema vigente de reglas. Creer que el problema que atraviesa nuestro país se resuelve con alternabilidad es no tener conciencia de que no basta con un cambio del titular de la presidencia de la república, puesto que todos estos años lo que ha ocurrido es un proceso de destrucción institucional bajo el sistema jurídico totalitario vigente.
Es evidente que les seduce poder gobernar con los enormes poderes acumulados paralelamente a la Constitución por el régimen, entre ellos la reeleccion presidencial indefinida
¿Y cómo?
La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se haría conforme a la Constitución de 1999, específicamente con fundamento en las disposiciones 2, 7, 333, 347, 348 y 350.
Tengo claro que Venezuela más que perfeccionar la democracia y el Estado de Derecho lo que necesita es construirlos. Esta Asamblea Nacional Constituyente no gozaría de poderes ilimitados como sucedió con la de 1999, por el contrario, las disposiciones constitucionales 2, 5 y 7 impiden que esto ocurra, y siempre deberá tener presente su misión: sentar las bases para el Estado democrático de Derecho y todo lo que ello implica.
Para que esto sea posible es necesario un acuerdo nacional de transición que establezca las bases del proceso constituyente, y que consistiría en: reinstitucionalización del país, rescate del aparato productivo, reinstitucionalización de la Fuerza Armada, revisión de la política exterior y construcción del Estado de Derecho. No soy tan ingenuo como para pensar que este acuerdo se pueda lograr con el actual régimen sin que medie la participación de una fuerza armada que consciente de su rol en estas circunstancias actúe con el espíritu democrático y patriotico del 23 de enero de 1958 que abrió las puertas a 40 años de libertad y modernidad.
Junto con la propuesta Constituyente presenté otras ideas constitucionales concretas que serían sometidas a la consideración popular. En primer lugar, un período máximo de cinco años sin reelección para los cargos de representación popular.
En segundo lugar, la doble vuelta para las elecciones presidenciales.
En tercer lugar, profundizar la descentralización. La concentración del poder durante este régimen se ha ejecutado en dos ámbitos; en el nacional ha sido horizontal, los poderes Legislativo, Judicial, Moral y Electoral no son más que correas de transmisión gubernamental. La concentración vertical viene dada por la acumulación de poderes en el gobierno central en detrimento de los estados y los municipios.
En cuarto lugar, implantación de un régimen parlamentario bicameral, que permita la representación de las regiones que integran un estado federal en el Congreso, además del representante individual que ofrece el Parlamento unicameral.
¿Salto al vacío?
No puede negarse que una iniciativa de esta naturaleza implica riesgos que será indispensable analizar previamente en un debate nacional supra partidos y luego validarlo en una consulta popular. Pero lo que no creo sea cuestionable es que si seguimos el curso de los acontecimientos perderemos el país. ¿O es que acaso ya no estamos en caida libre y acelerada al vacío?
http://www.noticierodigital.com/2013/08/diego-arria-no-debe-esperarse-mas-para-convocar-a-una-constituyente/
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