La
Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia a favor de los
ex magistrados de la Corte Primera. Será la primera vez que se informe
ante la Asamblea General que un Estado se niega a cumplir un fallo. Por
primera vez en la historia de la Organización de Estados Americanos se
dará advertirá en la Asamblea General de dicho organismo de que un
Estado miembro decidió negarse a cumplir una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Venezuela.
En el día de clausura de la 43º Asamblea General de la OEA el
presidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán, leerá ante
las delegaciones de los 34 países miembros el informe anual de la
instancia judicial a su cargo, en el que hará una mención especial al
Estado venezolano por haber declarado inejecutable la sentencia que
dictó el mencionado juzgado internacional el 5 de agosto de 2008 a favor
de los jueces destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana Ruggeri.
El presidente de la Corte Interamericana pondrá en cuenta a los
gobiernos de los países de la región de que Venezuela –con fundamento en
un fallo del Tribunal Supremo de Justicia– se negó a reintegrar a los
tres jueces al Poder Judicial en cargos equiparables en rango,
remuneración y beneficios sociales a los que les corresponderían en la
actualidad si no hubiesen sido destituidos; a pagarles los montos que
fueron fijados por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de
costas; así como a publicar la sentencia.
La intervención de García Sayán será mañana después de las 3:30 pm,
hora en la que está fijado el inicio de la última sesión de la Asamblea
General que comenzó ayer. La participación del presidente de la Corte
Interamericana podrá ser vista en vivo a través de la página web de la
OEA.
Advertencia a la región. "Esta acción resulta necesaria en casos
donde existe un pronunciamiento del más alto tribunal del Estado, en el
que se manifiesta el objetivo de incumplir de manera frontal con la
obligación de acatar una sentencia de la Corte. Ante esta situación los
Estados americanos han dispuesto un sistema de garantía colectiva en
donde todos los Estados parte deben realizar todos los esfuerzos para
que no haya un evidente abandono de cumplir y acatar las sentencias de
la Corte", se advierte en la resolución que dictó la Corte
Interamericana en noviembre y que fue notificada a las partes en marzo,
en la que se decidió incluir el incumplimiento de Venezuela en el
informe anual que será divulgado mañana.
Esta decisión de la mencionada instancia judicial internacional fue
adoptada en ejecución del artículo 65 de la Convención Americana de
Derechos Humanos. En él se establece que se someterá anualmente a la
consideración de la Asamblea General de la OEA los casos en que los
Estados parte no hayan dado cumplimiento a los fallos de la corte.
"Un caso aislado similar a este ocurrió en Perú, pero a los pocos
meses cayó el gobierno de Alberto Fujimori y la Corte Interamericana no
tomó en cuenta lo ocurrido", explicó Carlos Ayala Corao, ex presidente
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Incumplimiento internacional. La Corte Interamericana advierte en la
resolución en cuestión que con la decisión de inejecutar el fallo
Venezuela se coloca al margen de la ley en el orden internacional.
"El Estado no puede oponer como justificación de su incumplimiento
una decisión de un tribunal interno. Es más, la existencia de una
decisión como la del Tribunal Supremo, que considere que el fallo
emitido por la corte es inejecutable, desconoce los principios básicos
de derecho internacional sobre los cuales se fundamenta la la Convención
Americana", se indica en la resolución.
La Corte Interamericana indica además que el fallo del TSJ hace
ilusorio el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos
perpetradas en Venezuela a acceder a la justicia interamericana.
Ayala Corao explicó que la decisión de poner en conocimiento a las
otras 33 delegaciones que asisten a la Asamblea General de la negativa
de Venezuela responde al principio de protección colectiva de los
Estados parte. "Todos tienen un interés legítimo en que se protejan los
derechos humanos en Venezuela. No es injerencia, por eso la convención
establece mecanismo para informar los incumplimientos", señaló.
@lozanoperafan
dlozano@el-nacional.com
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