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¡ La última palabra la tiene el Pueblo, y NO el CNE, NI el TSJ !
Los venezolanos votaron el 14 de abril y demostraron masivamente que quieren un cambio pacífico.
Después
de un proceso plagado de irregularidades de toda índole, el CNE hizo
públicos unos resultados que produjeron de inmediato la reacción de
rechazo unánime de la ciudadanía, que salió a las calles a exigir que
los votos se contaran uno a uno.
Estas
manifestaciones populares condujeron al candidato de la oposición a
declarar que no reconocía los resultados, y a solicitar formalmente un
reconteo del 100% de los sufragios.
El candidato del gobierno aceptó la petición públicamente.
El
candidato de la oposición convocó entonces a la población para que lo
acompañara a presentar su reclamo hasta las puertas del organismo
electoral.
El
gobierno prohibió esta movilización, desconociendo el derecho a la
manifestación libre del soberano. Y el Comando Simón Bolívar la
suspendió hasta nuevo aviso, obrando en nombre de la prudencia.
Desmovilizada
la protesta popular en la calle, el CNE proclamó como ganador de las
elecciones y presidente electo al candidato del gobierno.
Venezuela
padeció entonces el indigno espectáculo de una juramentación
írrita, aplaudida por los socios extranjeros del régimen, y sin poder
manifestar libremente su rechazo y su repugnancia.
En
esta situación, los estudiantes, las ONG y variados representantes de
la Sociedad Civil insistieron en concebir una Auditoría Integral y
llevarla hasta sus últimas consecuencias, y exigieron además, que se
incluyera la opinión experta de organizaciones independientes para
supervisar el conteo de los votos. El Comando Simón Bolívar respondió
positivamente y convocó, entre otros, a ESDATA como asesor técnico.
Pero
una vez juramentado bajo sospecha el candidato del gobierno, el CNE
comenzó a desdecirse y a hablar de revisión y no de auditoría, para
finalmente declarar que en ningún caso se podría producir un cambio en
los resultados de la elección, ya que estos eran ‘irreversibles’, entre
otras cosas, porque no se van a auditar los cuadernos electorales (el
registro electoral por mesa) ni recontar todos los votos de la
verificación ciudadana, supuestamente realizada en la noche del 14 de
abril.
El
CNE ha impedido, y continúa impidiendo la auditoría del Registro
Electoral, y además, niega de plano la posibilidad de que el Pueblo
cuente todos los votos y haga el recuento cada vez que sea necesario.
El CNE no puede colocarse por encima de la Constitución y las leyes, y declararse inauditable.
La
realidad es que al Pueblo, que es el Poder Originario, no se le permite
actuar como protagonista real de las distintas fases del proceso
electoral, ni como ejecutor de las auditorías. No puede contar los votos
ni hacer recuento cuando considera preciso hacerlo. Las papeletas de
voto que se colocan en las cajas, única constancia palpable del sufragio
para el ciudadano, no pueden ser contadas en su totalidad, porque para
los funcionarios del CNE ese conteo de papeletas solo es posible en la
noche de la elección, y para una selección sospechosa de mesas, y a
partir del día siguiente, simplemente ‘no existen’.
La
maniobra del CNE busca trasladar el problema electoral al Tribunal
Supremo de Justicia, para alejarlo aún más de los electores y de la
verdad, ya que de todos es sabido que dicho tribunal obedece ciegamente
las directrices políticas del régimen.
Y
paralelamente al “peloteo” oficial sobre la auditoría, el Régimen ha
diseñado un plan para amedrentar a los funcionarios públicos, a los
líderes de la oposición, y para “criminalizar” cualquier protesta
pacífica, sea en las casas con las cacerolas, o en la calle marchando
por nuestros irrenunciables derechos humanos.
Hoy
más que nunca, debemos trabajar en dos direcciones fundamentales: el
éxito del reclamo electoral; y la lucha por exigir la solución a los
grandes problemas cotidianos de los venezolanos. En tal
sentido exigimos:
Primero: que
el Comando Simón Bolívar regrese a su postura original de solicitar el
conteo del 100% de las boletas contenidas en las Cajas de
Resguardo, contrastadas con los Cuadernos Electorales y Actas de
Escrutinio Automatizadas, llamando al pueblo a estar en la calle, en
forma No Violenta y Pacífica, hasta que el CNE cuente todos nuestros
votos, y hayamos verificado la autenticidad de los electores que
aparecen votando.
Segundo: que no
se acepte tener en vilo a todo un país por un mes, cuando resulta muy
fácil que miembros de mesa, testigos y pueblo venezolano, con la
presencia de observadores internacionales de organismos reconocidos,
cuenten todos los votos de todas las urnas electorales en un acto
público organizado en los centros electorales, y cuya duración no debe
pasar de una mañana. Solamente los miembros de mesa pueden abrir las
urnas electorales.
Tercero: que
se cree un Comité de Auditoría Integral de los cuadernos
electorales, para revisar a fondo la calidad del Registro Electoral que
se activó en la elección del 14A, y que este Comité esté integrado por
técnicos independientes.
Cuarto: que
de no aparecer cualquier Material Electoral, sean sancionados los
responsables del Plan República y del CNE relacionados con su
custodia, todo ello de acuerdo a la normativa vigente, y dando paso a
llamar a nuevos comicios en las Mesas afectadas.
Quinto: que
los partidos políticos no caigan en la tentación de poner las
elecciones municipales por encima de la lucha que representa aclarar la
verdadera voluntad popular manifestada el 14 de abril, y que tener como
consecuencia colateral hacer realidad la celebración de futuras
ELECCIONES AUTÉNTICAS.
Sexto: que
mientras se enfrenta el plan desestabilizador del Psuv, CNE y TSJ, el
CSB organice grandes acciones pacíficas de masas que exijan la
resolución de los problemas de servicios, seguridad, educación, salud, e
infraestructura. Llegó el momento de profundizar el concepto de la
Unidad. El gobierno Ilegítimo debe sentir el peso de la población
movilizada pacíficamente en la calle.
Exhortamos
a la Sociedad Democrática a que se mantenga activa, como depositaria
del Poder Originario, exigiendo la realización inmediata de la
auditoría.
Y, finalmente, hacemos
un llamado al CSB para que desconozca por ilegítima toda
decisión, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y
garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos, tal y como lo
establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su
artículo 350.
Bolívar decía: ¡Maldito el soldado que levante sus armas contra el pueblo!
Hoy, sus hijos decimos: ¡Maldito el funcionario que robe los votos del Pueblo!
Para adherirse a esta declaración de manera anónima haga clic en:
Suscriben en Caracas, 24 de abril de 2013:
Enrique Aristeguieta Gramcko
Diego Arria
María Elena Arenas
Marisol Sarría
Susy Añez
Alfredo Weil
Manuel Malaver
Gral Div (r) José Antonio Olavarría
Ludwig Moreno
Kika Bisogno
Luis Manuel Aguana
Theresly Malavé
Iñaki Gainzarain
Eric Ekvall
Pablo Brito Altamira
Luisa Elena Vidaurre
Carlos Lee Blanco
María Conchita Alonso
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