Por: Sebastiana Barráez
Fuente: Quinto Día
No
sería la primera vez, que un grupo de indígenas venezolanos, haya sido
asesinado por los buscadores de oro provenientes de Brasil.
Lamentablemente esta vez la noticia se supo en el marco de una campaña
electoral.
Todo
quedó contaminado. De repente los indígenas, que nunca han sido
importantes, ni para los políticos de turno, ni para los funcionarios en
campaña, ni para quien aspira tomar el poder, fueron la noticia.
Es
cierto que el gobierno de Chávez, les abrió un plausible espacio a los
indígenas, pero la toma de decisiones está lejos de beneficiarlos.
Durante varios días grupos relacionados a los yanomamis, pegan un grito al viento. Hay 21 comunidades indígenas, y la yanomami es
la más precaria. Eso es en el estado Amazonas, bien lejos de la
capital, bien lejos de donde se deciden las políticas públicas del país,
bien lejos del poder.
Grupos
defensores de los indígenas gritaron más alto. El jueves pasado, en
víspera del simulacro electoral, y cuando ya se habían pronunciado
varias organizaciones nacionales e internacionales que defienden a los yanomamis,
se obligó a que el Ministerio para los Pueblos Indígenas, el Ministerio
Público, cuerpos policiales de investigación, la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, etc., decidieran que una comisión fuese hasta el lugar de
los hechos. Ese jueves en la mañana se efectuó una reunión para
organizar la salida, pero no se permitió que funcionarios de la oficina
de asuntos indígenas de la Gobernación, fuese en la misma; el gobernador
Liborio Guarulla ya no es chavista.
Tres miembros de la tribu yanomami dijeron que los garimperios brasileros destruyeron el lugar donde habitaba la comunidad y habrían asesinado a todos los que en ella estaban.
La
Comisión, con 28 personas, salió el viernes hacia el inhóspito lugar.
Desde el primer momento, algunas autoridades, entre ellas el Comandante
de la 52 Brigada de Infantería de Selva y Jefe de la Guarnición de
Amazonas, advirtieron que debían esperarse por lo menos 6 días, pues era
muy difícil saber de inmediato qué encontraron en el sitio, por lo
lejano y difícil de llegar al lugar. Pocas horas después ya altos
funcionarios del Gobierno se encargaban de asegurar que en la aldea yanomami nada irregular se había encontrado.
Un
diputado de la Comisión Indígena en la Asamblea Nacional, tratando que
el tema no se silenciara, insistió en la investigación. Mientras tanto
en Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, líderes comunales,
sociales o indígenas, entre ellos el presidente de la Federación
Indígena, decían que era imposible haber llegado, para ese momento,
hasta el lugar.
A la ministra para los Pueblos Indígenas, se le sumó el ministro del Interior y Justicia, el canal Telesur y otros altos funcionarios del Gobierno; todos en campaña para negar los hechos.
Desde
el primer momento, algo andaba mal. La intención no fue encontrar la
verdad, sino evitar el impacto en la campaña del presidente Chávez.
¿Somos
tan infalibles para evitar que un grupo de delincuentes extranjeros se
metan a nuestro territorio? Lo hacen la guerrilla, los narcos y los
garimperios.
La
estrategia apropiada no está en colocarse a la ofensiva para que no nos
culpen por omisión, sino asumir que somos susceptibles de ser
penetrados por delincuentes, como lo son incluso los países más
poderosos del planeta.
El miércoles, desde La Esmeralda,
un hasta ahora respetado líder y defensor yanomami, Luis Shitiway,
declaraba a un periodista que trabaja con la ministra, que lo habían
engañado sus hermanos indígenas. Habían pasado varios días desde que los
funcionarios del Gobierno trataban de imponer la tesis de que nada
había ocurrido, y que estaban muy bien los yanomamis de la población Irotaheri, en Momoi, territorio venezolano.
Hoy
la historia es la misma que han vivido los indígenas desde sus inicios.
Han sido esquilmados lenta y progresivamente. A veces, los matan
enfermedades que les lleva el hombre blanco, otras veces, las armas que
también lleva el hombre blanco, normalmente cazadores de oro, pero esta
vez el silencio impuesto por la campaña electoral mata la verdad. Si no
mienten los funcionarios, acostumbrados como está a hacerlo el poder
desde los inicios de su historia, entonces mintieron los indígenas. Su
pureza ya no es tal.
Habrá que esperar que la historia se repita. Porque sin duda se va a repetir. Ya antes hubo masacres, como la de los 80 en Valle Guanay, municipio Manapiare, y ahora no hay motivo para que dejen de ocurrir.
Los garimperios seguirán en territorio venezolano. La ministra para los Pueblos Indígenas seguirá en su acondicionada oficina.
Lo
que el Gobierno nunca supo es que para la oposición tampoco los
indígenas son la prioridad. Seguirá el grito lastimero de los yanomamis
reclamando su derecho a ocupar la tierra, a vivir según aprendieron de
sus ancestros, pidiendo que no los sigan asesinando. Pero ahora sus
líderes están bajo sospecha. Ya hoy nadie quiere oír a los defensores de
los indígenas, incluso los que se declararon testigos, reclamando que
la Comisión nunca llegó a Irotaheri.
Y
allá, en la inmensa selva del sur venezolano, los que sin duda
festejarán, no son los yanomamis, sino los sanguinarios buscadores de
oro para quien la muerte de los indígenas, patrimonio viviente de la
humanidad, sólo representa una baja más en la guerra que libran por
satisfacer sus ambiciones.
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