Una verdadera revolución, sobre todo si es ideológicamente socialista
clásica, no puede estar condicionada por un orden jurídico estable. Los
límites legales anularían el carácter revolucionario del proceso. La
Constitución se convierte en camisa de fuerza que debe ser adulterada,
desconocida o modificada de acuerdo a los intereses de la revolución.
En toda verdadera revolución primero van los hechos y después el
Derecho, siempre flexible, de plastilina como han dicho algunos
especialistas, en un proceso casi de generación espontánea de las normas
para darle cierto piso jurídico a las acciones.
En el caso venezolano están dadas estas condiciones, aunque el
proceso sea más lento por el origen del mandato presidencial y a la
cultura democrática del pueblo. Sin embargo, el proceso revolucionario
avanza en el objetivo primario de destruir la institucionalidad
preexistente e ir construyendo el socialismo a la cubana que pretende
imponer. Se trata de una verdadera conspiración. Se trabaja abiertamente
para eso.
Hemos tenido la fortuna, si es que cabe este calificativo, de que el
proceso está conducido por unos bárbaros tan ineficientes como
corrompidos, incapaces de hacer bien las cosas y acercarse a sus
objetivos. Eso, siendo bueno hasta cierto punto, los convierte en seres
de alta peligrosidad capaces de lo que sea para tapar sus deficiencias y
silenciar las recias voces y actitudes de los demócratas cada vez más
convencidos de los peligros existentes.
Estas reflexiones trascienden el hecho electoral que se avecina. No
podemos seguir confundiendo democracia con elecciones. Estas son un
simple instrumento, muy importante, pero no el único, ni siquiera el
definitivo. Hay que seguir trabajando para que la inmensa mayoría del
país se pronuncie a favor del cambio que anhela eligiendo a Henrique
Capriles el próximo 7-O. Pero, también debemos estar alerta frente a la
conspiración existente para impedirlo.
La apelación a la represión, a la violencia física e institucional,
el disimulo y la mentira son las armas del régimen para antes, en y
después de las elecciones. La FANB debe velar por el respeto a la
voluntad de la nación y el cumplimiento estricto de la Constitución que
juraron sostener y defender.
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